Resumen y resultado del caso

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos encontró que el derecho a la libertad de expresión de un periodista, que había criticado a un político, había sido violado por la condena por difamación que se le otorgó. El periodista había acusado al político por su actitud complaciente hacia exnazis que habían continuado siendo parte de la política austriaca, como el presidente del Partido Liberal. El Tribunal Europeo sostuvo que, debido a su posición en la sociedad democrática, los políticos deberían tolerar un alto grado de crítica.

Hechos

El 9 de octubre de 1975, cuatro días después de las elecciones generales en Austria, en una entrevista en televisión se acusaba al Presidente del Partido Liberal, Friedrich Peter, de haber estado en las filas de la primera infantería de brigada de la SS durante la Segunda Guerra Mundial. Al día siguiente, Kreisky, el Canciller y Presidente del Partido Socialista austríaco, quien estaba a punto de jubilarse y quien había ganado la mayoría parlamentaria con la posibilidad de formar una coalición con el Partido Liberal, fue cuestionado acerca de la acusación. En la entrevista, Kreisky aparecía defendiendo vigorosamente a Peter.

Esto conllevó a que el periodista austríaco Lingens publicara dos artículos distintos cuestionando el respaldo de Kreisky a Peter. En su primera pieza, dijo que era inaceptable que exnazis participaran en los procesos políticos del país y criticaba a Kreisky por apoyar a Peter. En el segundo artículo, dijo: “En realidad, el comportamiento del Sr. Kreisky no puede criticarse de forma racional sino de forma irracional: es inmoral, indigno” [párr. 15]. Lingens luego acusó al Canciller de ser indiferente hacia las víctimas de los nazis. Concluyó que “si Bruno Kreisky hubiera usado su reputación personal, de la manera como la usó para proteger al Sr. Peter, para revelar esta otra y mejor Austria, le habría dado a este país, treinta años después, lo que más necesitaba para hacer la paz con su pasado: una mayor confianza en sí mismo” [párr. 16].

De forma subsecuente, Kreisky instauró  dos acusaciones por difamación en contra del periodista bajo los Artículos 111 y 112 del Código Penal austríaco. El 26 de marzo de 1979, el Tribunal Regional de Viena encontró culpable a Lingens por difamación por haber escrito las expresiones “el oportunismo más bajo”, “inmoral” e “indigno”. Tomando en cuenta circunstancias mitigantes, como el hecho de que los artículos pretendían dar voz a la crítica política de un político, el tribunal impuso una multa por valor de 20.000 chelines y ordenó que se confiscaran los artículos. Luego, el Tribunal de Apelación de Viena dejó a un lado el juicio sobre la pregunta de si Kreisky tenía derecho de realizar una acusación particular.

Por disposición judicial, el Tribunal Regional de Viena primero concluyó que el Canciller tenía derecho de realizar una acusación particular puesto que había sido criticado no en su capacidad oficial sino como la cabeza de un partido político y como un individuo particular. Sobre el fondo del caso, el tribunal confirmó su juicio anterior en contra de Lingens. Lingens luego apeló al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumentando, inter alia, que su condena infringía su derecho a la libertad de expresión a un nivel incompatible con los principios fundamentales de una sociedad democrática.

Análisis de la Decisión

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que la condena por difamación corresponde a una interferencia con el derecho a la libertad de expresión de Lingens, que solo podía ser justificada si estuviera “prevista por la ley” y fuera “necesaria en una sociedad democrática” en búsqueda de un objetivo legítimo. El Tribunal sostuvo que la interferencia en efecto estaba prevista por la ley y perseguía un objetivo legítimo de proteger la reputación de otros. La disputa fue sobre si también era “necesaria en una sociedad democrática”.

Lingens había argumentado que, como periodista político, tenía el deber de expresar sus opiniones y de criticar al Canciller a punto de jubilarse, “quien estaba acostumbrado él mismo a atacar a sus oponentes y debía esperar críticas más feroces que cualquier otra persona” [párr. 37]. Como respuesta, el Gobierno de Austria afirmó que “la libertad de expresión no puede prevenir que los tribunales nacionales ejerzan su discreción y la toma de decisiones necesarias a su juicio para asegurar que el debate político no se convierta en insultos personales” [párr. 37].

Al principio, el Tribunal explicó que la noción de “necesario” implica la existencia de una necesidad social urgente. Mientras que los Estados gozan de un cierto margen de apreciación en la evaluación de dichas necesidades, la tarea del Tribunal es dar un fallo final sobre si una restricción es compatible con el derecho a la libertad de expresión como se encuentra protegido por el Artículo 10. Por consiguiente, el Tribunal no se debe limitar a las decisiones de los tribunales domésticos. En su lugar, “debe verlos a la luz del caso como un todo, incluso los artículos en contra del peticionario y el contexto en el cual fueron escritos” [párr. 40].

Como se aplica en el caso en cuestión, el Tribunal hizo énfasis en la importancia particular que tiene la prensa en impartir “información e ideas sobre temas políticos justo como sobre aquellos en otras áreas de interés público” [párr. 41]. A pesar del hecho de que la prensa no pueda sobrepasar sus límites, como la protección de la reputación de otros, los límites de la crítica aceptable por la prensa son “más amplios cuando se trata de políticos como tal que de cuando se trata de individuos particulares” [párr. 42]. El Tribunal más adelante sostuvo que incluso aunque los políticos tienen el mismo derecho de protección a su reputación aun cuando no están actuando en su capacidad privada, “los requerimientos de dicha protección deben ser sopesados en relación con los intereses de la discusión abierta de temas políticos” [párr. 42].

El Tribunal luego observó que los tribunales austríacos habían encontrado que los artículos impugnados contenían ciertas expresiones indignas que podían dañar la reputación de Kreisky. Al mismo tiempo, el Tribunal subrayó que las piezas concernían temas políticos acalorados de interés público en Austria acerca de la participación de exnazis en el gobierno del país después de las elecciones generales. Adicionalmente, el Tribunal pensó que la sanción monetaria y la subsecuente confiscación de los artículos “posiblemente disuadirían a otros periodistas de contribuir a la discusión pública sobre temas que afecten la vida de la comunidad” [párr. 44]. Finalmente, el Tribunal estaba de acuerdo con Lingens de que sus observaciones expresadas en los artículos eran juicios de valor, hechos en su ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, y que los tribunales nacionales de Austria erraron en requerir que estableciera la verdad de estas declaraciones. El Tribunal explicó que, aunque la existencia de los hechos se puede demostrar, la verdad de los juicios de valor no es susceptible a prueba. Más aún, el Tribunal encontró que las opiniones políticas de Lingens no fueron refutadas y se habían expresado de buena fe.

Basado en las anteriores razones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que la condena de Lingens constituía una violación al derecho a la libertad de expresión.