Resumen y resultado del caso

En el presente caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que para que una acción de daños por difamación presentada por un funcionario público prospere contra un medio de comunicación, tiene que probarse que el medio actuó con ‘real malicia’ al publicar la información.

Hechos

En medio de la conmoción del movimiento de derechos civiles en los años 60, en el 1960 el Comité para Defender a Martin Luther King y la Lucha para la Libertad en el Sur decidieron tomar acción por medio de un anuncio de página completa en un periódico. El anuncio fue publicado en el periódico New York Times y contenía lo siguiente: expuso reclamos de injusticia política, nombró aquellos que apoyaban las causas del Comité, describió los sucesos opresivos sufridos por afroamericanos. A su vez, el anuncio buscaba recaudar dinero para el fondo de defensa legal del Dr. Martin Luther King. El anuncio fue titulado «Prestar Atención a la Intensificación de sus Voces» y también describió cómo órganos gubernamentales tales como la policía no respetaron los derechos civiles de afroamericanos sureños, especialmente aquellos en Montgomery, Alabama.

Sin embargo, la Corte estableció que varias declaraciones en el anuncio eran falsas o engañosas. Los sucesos descritos en el anuncio de página completa no reflejaron la realidad de cómo los eventos se desarrollaron. Según el Tribunal, parte del lenguaje crítico utilizado en el anuncio era hipérbole. Finalmente, las críticas específicas dirigidas contra la policía fueron consideradas injustificadas. Por ejemplo, la policía no cerró con un candado las puertas de una universidad para poder reprimir una protesta. A su vez, el tribunal negó que la policía permaneciera de brazos cruzados mientras la casa de Luther King era bombardeada. La Corte afirmó que ante este hecho la policía persiguió al máximo a los responsables.

El demandante, L.B. Sullivan, sirvió como uno de los tres Comisionados electos en la ciudad de Montgomery, Alabama. Como parte de sus labores los comisionados supervisaban los órganos administrativos de la ciudad, incluyendo a la policía que fue sujeto de críticas en el anuncio. Sullivan demandó en una acción por libelo debido a que como supervisor de la policía fue involucrado en las falsas declaraciones del anuncio. Particularmente, Sullivan no fue mencionado en el anuncio publicado. El juez de instancia instruyó al jurado que en una acción de libelo en la cual falsas declaraciones afectan la ocupación de una persona, el demandante que insta dicha acción no tiene que probar la manera en que las expresiones le afectaron y la cantidad monetaria. Es decir, solo con probar que las declaraciones en el anuncio proyectaban críticas falsas sobre la ocupación de Sullivan, este último tiene derecho a una indemnización. Sullivan solicitó US$500,000 en daños. El jurado concedió la cantidad solicitada por Sullivan.

El periódico New York Times apeló, pero el Tribunal Supremo de Alabama confirmó la sentencia del tribunal de menor jerarquía. La Corte llegó a conclusiones adicionales. Específicamente, la Corte determinó que la real malicia puede ser inferida porque el New York Times no comprobó los hechos descritos en el anuncio publicado. Además, no acreditó si los nombres mencionados en el anuncio realmente apoyaban las causas del Comité. Subsiguientemente, el New York Times radicó un recurso de certiorari ante el Corte Suprema de los Estados Unidos. El recurso fue resuelto por la Corte Suprema.

Análisis de la Decisión

La Corte Suprema de los Estados determinó que las leyes sobre libelo en el Estado de Alabama eran totalmente inadecuadas. Específicamente, el Tribunal sostuvo que dichas disposiciones no otorgaban a los periódicos su derecho constitucional a la libertad de expresión y de prensa. El Tribunal ordenó invalidar dichas disposiciones que provocaron que se encontrara responsable civilmente al periódico New York Times. Asimismo, debido a la invalidación de dicha leyes, el Tribunal ordenó devolver el caso al tribunal de menor jerarquía y que los procesos continuaran de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos.

La Corte primeramente adjudicó dos controversias que fueron calificadas por las cortes de Alabama como inaplicables. Primero, la Decimocuarta Enmienda sí es de aplicación a acciones privadas, no solo a acciones tomadas por el gobierno local o estatal. Por lo tanto, el New York Times estaba protegido bajo dicha enmienda. Segundo, y quizás el asunto más importante, el escrutinio estricto que se le asigna a expresión comercial no fue aplicado en este caso. Debido a que el anuncio expresaba unos reclamos políticos del más alto interés público, este estaba cobijado por los derechos constitucionales de libertad de expresión y de prensa.

La Corte sostuvo de manera un tanto filosófica que aun cuando ciertas expresiones que critican al gobierno pueden ser consideradas ofensivas o lacerantes el interés público en proteger esa expresión sobrepasa un error ocasional en una declaración sobre un funcionario público. La Corte determinó que la norma que debe ser aplicada por los tribunales cuando se publican declaraciones sobre funcionarios públicos no es meramente si la declaración en sí es falsa. El funcionario público que alega difamación contra su persona debe probar que las declaraciones falsas fueron publicadas con ‘real malicia’. La Corte Suprema definió la real malicia como aquella declaración que se publica a sabiendas de que la información es falsa o de manera irresponsable ignora si la información es falsa o no. Si el demandante no logra probar malicia real, entonces la publicación mantiene su privilegio en virtud de la libertad de expresión. Mas aun no puede ordenársele a indemnizar en daños como resultado de libelo o calumnia.

El factor más importante con las disposiciones de Alabama era que no requerían que se demostrara ‘real malicia’ para que un funcionario público pudiera recuperar daños contra un periódico. Al devolver el caso a los tribunales de menor jerarquía, estos debían instruir al jurado sobre la definición de ‘real malicia’ y no otorgar indemnización en daños a menos de que se pruebe dicho estándar.