Resumen y resultado del caso

La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina determinó que las protestas sociales que únicamente se toman el espacio público para dirigir sus reclamos, para hacerse oír por las autoridades que no han recibido y canalizado sus solicitudes, no deben ser sujetas a medidas tan gravosas e intensas como lo es la acción penal.  El caso se originó cuando un grupo de trabajadores rurales reclamaron tierras, viviendas y cloacas mediante una manifestación por la cual obstaculizaron una ruta. La interrupción duró 2 horas y una persona identificada como el líder fue imputado por interrumpir la circulación. El juez de primera instancia sobreseyó al imputado, sin embargo, ante el planteamiento del fiscal de primera instancia, la Cámara de Apelaciones revocó el sobreseimiento y dispuso procesarlo por el delito de corte de ruta. Ante el recurso de casación de la defensa, la Cámara Federal de Casación resolvió, a pedido del Fiscal de Casación, sobreseer al imputado.

Hechos

Los hechos ocurrieron el 4 de junio del 2011 cuando un grupo de trabajadores rurales cortaron la Ruta Nacional Nº 22 a la altura de Colonia Fátima, en reclamo de tierras, viviendas y cloacas. El reclamo consistió en la terminación de 90 viviendas y las cloacas para las 70 viviendas que se encontraban construidas. Tanto la construcción de las viviendas, como la obra cloacal habían sido establecidas por licitaciones públicas y fueron otorgadas a determinadas empresas constructoras con plazos, todo esto desde fines del 2009. Es decir, al momento de realizarse el corte de ruta el Estado estaba en mora.

La manifestación duró dos horas y no se registraron incidentes de tránsito a raíz del mismo.

Raúl Rajneri, único imputado es dirigente de la Corriente Clasista Combativa (CCC) y el Partido de Trabajo y del Pueblo-Partido Comunista Revolucionario de la Argentina (PTP-PCR). Este fue identificado por la policía como el referente social del grupo manifestante e imputado por el delito de corte de ruta de acuerdo al artículo 194 del Código Penal. Sin embargo, en su descargo lo negó y explicó que actuó en apoyo a las familias trabajadoras rurales de Colonia Fátima (Cervantes).

El juez de primera instancia sobreseyó al imputado por cuanto entendió que no se había generado una situación de peligro generalizado y tampoco se comprobó la responsabilidad penal del imputado como autor de la protesta. Ante el planteamiento del fiscal, la Cámara de Apelaciones revocó el sobreseimiento y dispuso procesarlo por el delito de corte de ruta.

Finalmente, y ante el recurso de casación de la defensa, la Cámara Federal de Casación debió entender del asunto. En el marco del proceso ante la Casación, el propio Fiscal de Casación solicitó el sobreseimiento del imputado. De esta forma, la Cámara Federal de Casación sobreseyó al imputado Rajneri.

Análisis de la Decisión

La Cámara Federal de Casación Penal evaluó el legítimo ejercicio del derecho a protestar contra la libertad de tránsito.

El Fiscal de Casación dijo que las protestas sociales que únicamente se toman el espacio público para dirigir sus reclamos, para hacerse oír por las autoridades que no han recibido y canalizado sus solicitudes, no deberían ser sujetas a medidas tan gravosas e intensas como lo es la acción penal. A juicio del Fiscal, ello conduciría a la criminalización de manifestaciones sociales pacíficas en contra de los derechos de jerarquía superior como lo son, en una república, la libertad de expresión, de petición y reclamo a las autoridades, de reunión, de asociación, etcétera.

Asimismo, sostuvo que el caso en cuestión se refiere a una protesta de contenido social que se enmarcó dentro del ejercicio de un derecho constitucional y que no puso en peligro ningún bien jurídico; no se demostró que fuera desproporcionada al fin perseguido; el corte no fue prolongado y hubo una vía alternativa de comunicación; no hubo ningún peligro más o menos concreto a bienes y personas por cuanto la detención de camiones con combustible y sustancias inflamables no significó un riesgo mayor al permitido por las normas para su transporte. Es decir, la detención en la cinta asfáltica es una situación normal de ese tipo de transportes; no se trató de un piquete como medio para cometer otros delitos.

Como el fiscal de casación solicitó expresamente el sobreseimiento del imputado, la Cámara Federal de Casación Penal determinó que, al no haber contradicción en el proceso en tanto defensa y fiscal comparten pretensiones, no podía hacer otra cosa más que sobreseer.