Resumen y resultado del caso

El Tribunal Superior de Islamabad, un tribunal constitucional de Pakistán, declaró que la investigación iniciada contra el periodista Rana Muhammed Arshad, por parte de la Agencia Federal de Investigación (FIA), mediante una notificación sin fecha, era un abuso del procedimiento establecido por la ley, y que el periodista estaba siendo de hecho «objeto de represalias por su trabajo». El Tribunal sostuvo que dicha acción violaba el derecho fundamental a la libertad de palabra y de expresión, a la libertad de prensa y el derecho de un ciudadano a acceder a información de importancia pública consagrados en los artículos 19 y 19A de la Constitución de la República Islámica de Pakistán de 1973. El Tribunal sostuvo además que cuando una agencia de investigación abusa de sus poderes coercitivos, afecta profundamente a la libertad de prensa y a la independencia de un periodista, y da lugar a una percepción de represalia hacia las funciones profesionales. Con estas observaciones, el Tribunal ordenó a la Agencia Federal de Investigación que elaborara directrices especiales en relación con los procedimientos contra las personas que ejercen la profesión de periodista.

Hechos

Rana Muhammad Arshad es un periodista que fue citado por la Agencia Federal de Investigación (FIA) mediante una notificación sin fecha y vagamente redactada emitida en virtud de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos de 2016 (PECA 2016). En virtud de la PECA 2016, la FIA ha sido designada como agencia de investigación que tiene el mandato de perseguir los delitos cometidos por medios electrónicos y otros ciberdelitos. La notificación no revelaba el acto por el que se citaba al peticionario, aunque este cree que la notificación era en respuesta a un tuit supuestamente censurable publicado por el peticionario. El peticionario declaró que, además de la notificación, los agentes de la FIA registraron su residencia con la intención de detenerlo por sus reportajes periodísticos críticos. 

Agraviado por la conducta de la FIA, Rana Muhammad Arshad invocó la jurisdicción del Tribunal Superior de Islamabad en virtud del artículo 199 de la Constitución de la República Islámica de Pakistán de 1973, para impugnar la notificación sin fecha y las acciones de los funcionarios de la FIA en virtud de la misma. El demandante argumentó que la FIA había violado su obligación legal al emitir una notificación sin fecha sin motivos, y que era un «intento de disuadirle de desempeñar sus funciones como periodista sin miedo ni favor» [párrafo 6]. 

El asunto fue escuchado por primera vez por el Tribunal Superior el 08 de octubre de 2020, y en esta fecha, el Tribunal restringió a la FIA de tomar cualquier acción adversa contra el peticionario. Posteriormente, el asunto se decidió finalmente el 3 de noviembre de 2020. 

Análisis de la Decisión

El Presidente del Tribunal Supremo, Sr. Minallah, dictó la sentencia.

La cuestión principal ante el Tribunal en esta petición era la legalidad de la notificación emitida por la FIA al peticionario, y las supuestas acciones de los funcionarios de la FIA en virtud de la notificación emitida.

El peticionario alegó que la notificación impugnada le había causado un acoso innecesario. Además, alegaba que la revelación del propósito de la citación en la notificación era una obligación legal impuesta a la FIA y a sus funcionarios, y que esta obligación había sido violada ya que la notificación no revelaba ninguna razón para citar al periodista. El peticionario afirmó que la FIA había «ejercido imprudentemente sus facultades en un intento de disuadirle de desempeñar sus funciones como periodista sin temor ni favor» [párrafo 6].

El agente investigador de la FIA, que había notificado el aviso y supuestamente había allanado la casa del peticionario, compareció ante el Tribunal y presentó un informe escrito. El agente de investigación informó al Tribunal que había visitado la residencia del peticionario sólo para verificar su dirección, y admitió que durante el curso de las investigaciones no se encontró ninguna prueba incriminatoria contra el peticionario. Tras examinar el informe del agente investigador e interrogarle, el Tribunal consideró que no existía una explicación plausible para el envío de una notificación sin fecha y la no revelación del propósito de la citación, ni había ninguna prueba que sugiriera que el peticionario había cometido un delito en virtud de la PECA 2016, como para justificar que la FIA «procediera con tanta precipitación e imprudencia y que obviamente ha causado acoso e intimidación, no solo al peticionario sino también a los miembros de su familia» [párrafo 2].

A continuación, el Tribunal analizó la importancia de la ocupación del peticionario como periodista. El Tribunal declaró que la libertad de prensa será esquiva «si los periodistas pierden su independencia y funcionan bajo el temor de ser expuestos a daños o represalias a causa de su información» [párrafo 7]. La información periodística independiente puede ser percibida por el Gobierno como crítica, sin embargo, cualquier aprensión o temor creado en las mentes de los periodistas que difunden información de importancia pública, no sólo socava la independencia de la ocupación, sino que también es contraria al derecho constitucionalmente garantizado a la libertad de palabra y de expresión, que es «el derecho humano más preciado y fortifica los otros derechos constitucionalmente garantizados» [párrafo 6]. El Tribunal sostuvo que una prensa libre actúa como guardián y la información que difunde no puede verse comprometida. 

A continuación, el Tribunal analizó los artículos 19 y 19A de la Constitución de Pakistán, que garantizan a todos los ciudadanos el derecho a la libertad de palabra y de expresión, incluida la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a acceder a información de importancia pública. El Tribunal dio un paso más al afirmar que la violación de los derechos constitucionalmente garantizados en virtud de los artículos 19 y 19A afectaría también a otros derechos constitucionalmente garantizados. En referencia al caso Syed Mansoor Ahsan contra Ardeshir Cowasjee [1998] PLD 1998 SC 823, el Tribunal reiteró que el derecho a la libertad de expresión es uno de los pilares de la libertad individual y, por tanto, es deber del Tribunal defender su inviolabilidad y su mandato constitucional. Por lo tanto, incluso la percepción de que la información de un periodista dará lugar a una reacción por parte de los agentes del Estado, viola los artículos 19 y 19A de la Constitución; nada puede violar los artículos 19 y 19A más que el miedo creado en las mentes de los periodistas de que serán objeto de su información. El Tribunal delineó así que es el deber constitucional del Estado y del Tribunal proteger la independencia y la ocupación de los periodistas de acuerdo con los artículos 19 y 19A. También es responsabilidad del Estado demostrar su compromiso con la protección de los periodistas y la libertad de prensa.

El Tribunal reconoció que la libertad de expresión y de prensa tienen un nexo directo con la garantía de la estabilidad y el crecimiento económicos, y que la prensa libre es «una panacea para los males de la pobreza, la corrupción y la desigualdad» [párrafo 8]. La inhibición o limitación de la libertad de expresión y el menoscabo de la libertad de prensa se consideran señas de identidad de un Estado regresivo.  

El Tribunal subrayó además que una prensa libre empodera a los segmentos débiles y marginados de la sociedad, y da un impulso a la rendición de cuentas sobre la base de la información difundida a través de un reportaje independiente y responsable. El Tribunal destacó que se había producido un aumento en la presentación de peticiones en las que se alegaba que los funcionarios públicos habían abusado de las disposiciones del PECA 2016. O bien las disposiciones estaban siendo malinterpretadas por estos funcionarios públicos o se utilizaban de manera imprudente y poco profesional para suprimir las actividades periodísticas críticas. Por lo tanto, el Tribunal sostuvo que es el deber del Estado disipar tales percepciones de abuso de los poderes coercitivos para amenazar a la prensa libre.

En el presente caso, el Tribunal llegó a la conclusión de que la notificación sin fecha entregada al peticionario y las acciones posteriores del funcionario de la FIA equivalían a un abuso del ejercicio de los poderes en virtud de la PECA 2016, y que Rana Mohammed Arshad estaba de hecho en el punto de mira por su trabajo como periodista. Con estas observaciones, el Tribunal ordenó al Director General de la FIA que formulara directrices especiales para investigar a las personas que se dedican al periodismo. El Tribunal expresó su confianza en el Gobierno Federal para que tome medidas rápidas y eficaces para evitar el abuso de los poderes coercitivos en virtud de la PECA 2016 en general y contra los periodistas independientes y responsables en particular. El Tribunal propuso la creación de un foro eficaz para atender las quejas de los periodistas, en relación con las violaciones de la libertad de prensa. Además, el Tribunal sugirió que el Gobierno Federal lleve a cabo consultas significativas con las principales partes interesadas, incluidas las asociaciones, los consejos y los sindicatos de periodistas, para descartar los temores de intimidación y abordar las preocupaciones sobre el abuso de los poderes coercitivos por parte de los funcionarios públicos, en particular en relación con la PECA 2016.