Resumen y resultado del caso

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que una restricción a la publicación de información privada no violaba los derechos del editor establecidos por el artículo 10. Sin embargo, los excesivos honorarios por litigio ganado en un caso de responsabilidad sí infringían el artículo 10. El demandante era el editor de The Darily Mirror, un diario de circulación nacional en el Reino Unido, en el cual se publicaron varios artículos sobre la adicción a las drogas de Naomi Campbell. Las notas brindaban detalles de su adicción y tratamiento, acompañados de dos fotografías que le tomaron mientras esperaba en el exterior del centro de tratamiento. En una decisión de 6:1, el Tribunal determinó que revelar que Naomi Campbell era una adicta a las drogas en tratamiento era de interés público porque ella había negado públicamente el consumo de drogas. Sin embargo, los numerosos detalles sobre su método de tratamiento y las dos fotografías no eran de interés público y violaron el derecho a la privacidad de Campbell. Como parte de un convenio de honorarios condicionales, el demandante debía pagar el 95 % y el 100 % de los costos impuestos por la Cámara de los Lores como honorarios por litigio ganado a los abogados que intervinieron en la causa. El Tribunal sostuvo que dichos honorarios atentaban contra el derecho del demandante a la libertad de expresión y podrían tener un efecto paralizante sobre los medios de comunicación, disuadirlos de publicar información legítima y alentarlos a llegar a un acuerdo para resolver reclamos en lugar de ejercer su defensa.

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Hechos

El caso involucró una serie de artículos publicados por el diario The Daily Mirror relacionados con Naomi Campbell, una reconocida modelo británica. Los artículos publicados en febrero de 2001 revelaron detalles de la adicción a las drogas de la modelo y el plan de tratamiento e incluyeron fotografías subrepticias tomadas mientras estaba parada fuera de los centros de Narcóticos Anónimos (NA) con los epígrafes: «Terapia: Naomi fuera de la reunión» y «Ayuda: Naomi sale de la reunión de Narcóticos Anónimos la semana pasada después de someterse a terapia como parte de su batalla contra las drogas ilegales». [Párrafo 6].

Campbell demandó a MGN, el editor de The Daily Mirror y demandante en el presente caso, alegando abuso de confianza en virtud de la Ley de Protección de Datos del Reino Unido de 1998.

El Tribunal Superior aplicó la prueba de confidencialidad de tres partes, es decir, si la divulgación tenía «la calidad de confidencialidad necesaria»; fue «impartida en circunstancias que imponían una obligación de confidencialidad»; y «causó en ella una fuerte angustia», tras lo cual falló a favor de Campbell. [Párrafo 14]. Cualquier persona razonable consideraría que la información sobre los planes de tratamiento y las reuniones de NA es un tema privado. Además, fueron obtenidos por un «informante», ya sea un empleado o un asistente a las reuniones, y podrían entorpecer su recuperación y la participación en futuras reuniones. Equilibrando su derecho a la privacidad en virtud del artículo 8 con el derecho del demandante a publicar en virtud del artículo 10, el Tribunal Superior consideró que publicar datos sobre su adicción y tratamiento era de interés público porque ella había negado públicamente el consumo de drogas. Sin embargo, a pesar de su condición de celebridad, publicar información que tenía el «rótulo de confidencialidad» en el dominio público equivalía a abuso de confianza. [Párrafo 17].

Oportunamente, el Tribunal de Apelación revocó la sentencia del Tribunal Superior. Sostuvo que los detalles sobre el tratamiento de las reuniones de NA no constituían una divulgación de detalles clínicos del tratamiento médico y eran una divulgación periférica, insuficiente para justificar la intervención del Tribunal. Además, las fotografías ratificaban las afirmaciones de los periodistas en cuanto a que Campbell sí se trataba en NA. El artículo 10 les confiere a los periodistas «latitud razonable» respecto de la manera de presentar la información. [Párrafo 24].

En una decisión de 3:2 fechada el 6 de mayo de 2004, la Cámara de los Lores aceptó la apelación de Campbell y reimpuso la sentencia del Tribunal Superior.

La mayoría reconoció los intereses contrapuestos entre los derechos protegidos por el artículo 8 y el artículo 10 en una sociedad democrática.

Según el juez Hope, que la restricción del artículo 10 fuera justa, racional, no arbitraria y mínima dependía del equilibrio entre el deber de la prensa de difundir información de interés público y su libertad de control editorial, por un lado; y el derecho a la privacidad de Campbell, por el otro. El derecho del público a conocer los detalles del tratamiento de la modelo era de un orden mucho menor que su derecho a conocer las declaraciones engañosas que había formulado. Si bien la información difundida no implicaba valores políticos ni democráticos, como tampoco una necesidad social apremiante, se entrometía en la vida privada de la modelo. No obstante el peso que debía otorgarse a la libertad de prensa, la violación de la privacidad no estaba justificada.

La baronesa Hale y el juez Carswell estuvieron de acuerdo. Al aplicar la prueba de «expectativa razonable de privacidad», la baronesa Hale halló que, aunque la información divulgada no era un registro médico clínico, sí era un aspecto importante de su salud mental y física y podía poner en peligro el tratamiento futuro. [Párrafo 34]. Las fotografías no eran necesarias para corroborar el contenido del artículo. En cambio, podían dañarla, sembrando dudas en cuanto a que la estaban siguiendo.

En la opinión disidente, el juez Hoffman y el juez Nicholls encontraron que la información adicional y las fotografías publicadas estaban dentro del derecho del editor a la libertad de expresión. Los detalles de su tratamiento agregaron poco a la historia de la adicción, que la mayoría coincidía en que era legítimo publicar. Las fotos no causaron vergüenza y no mostraron nada de naturaleza privada. Por lo tanto, los periodistas tenían derecho a publicar la información y el impacto en el derecho a la privacidad de Campbell era relativamente menor.

La Cámara de los Lores también se ocupó de cuestiones relativas a las costas judiciales. En el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelación, los abogados y representantes legales de Campbell actuaron conforme a un contrato de uso y costumbre. Pero la apelación ante la Cámara de los Lores se llevó a cabo de conformidad con un convenio de honorarios condicionales («CFA») que disponía que si la apelación prosperaba, los abogados y representantes legales tendrían derecho a cobrar los costos básicos y los honorarios por litigio ganado que ascienden al 95 % y al 100 % de los costos básicos, respectivamente. El artículo 58 de la Ley de Tribunales y Servicios Legales de 1990 introdujo el concepto de CFA para una gama limitada de litigios. Es «un convenio entre el cliente y un representante legal que dispone que sus honorarios y gastos, o una parte de ellos, se pagan sólo en circunstancias específicas (por ejemplo, si tiene éxito)». [Párrafo 177].

El demandante apeló a la Cámara de los Lores, alegando que los honorarios por litigio ganado eran una responsabilidad desproporcionada que interfería con su derecho a la libertad de expresión. El recurso fue desestimado por unanimidad. La Cámara de los Lores encontró que el régimen de CFA vigente que disponía el pago de honorarios por litigio ganado recuperables se ajustaba al Convenio.

El demandante acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que la decisión que admitía la demanda de Campbell por abuso de confianza y los honorarios por litigio ganado a pagar como resultado de la decisión violaban su derecho a la libertad de expresión garantizado por el artículo 10.

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Análisis de la Decisión

1) Si la decisión que admitió la demanda de Campbell por abuso de confianza violó la libertad de expresión del demandante.

En un fallo de 6:1, el Tribunal sostuvo que no se había violado el artículo 10 al determinar que el demandante había incurrido en abuso de confianza.

Por su parte, el demandante argumentó que los detalles de las reuniones de NA y las fotografías estaban justificados y significaron una intrusión menor en la vida de la modelo. Sobre la base de la decisión de la minoría, argumentó que la mayoría no había otorgado suficiente peso al criterio editorial que responde a la necesidad de publicar los detalles del tema para apuntalar la credibilidad de una historia. No reveló nada distinto de lo que legítimamente se permitió publicar y no le causó a Campbell una angustia mayor. En el presente caso, el derecho del demandante a la discrecionalidad editorial pesó más que el derecho a la privacidad de Campbell.

El Gobierno argumentó que -para arribar a su conclusión- la mayoría había equilibrado los derechos contrapuestos en virtud del artículo 8 y el artículo 10. Hizo hincapié en que había una clara diferencia cualitativa entre el hecho de que Campbell fuera una drogadicta en tratamiento y la divulgación de los detalles sobre su tratamiento. Como el tratamiento estaba en curso, dar a conocer esos hechos podría poner en peligro su voluntad o capacidad para continuar el camino de la recuperación. La decisión de la Cámara de los Lores cayó dentro de su margen de apreciación permitido.

Para que una restricción sea permisible, debe satisfacer los criterios establecidos en el artículo 10(2). En ese sentido, el Tribunal debe determinar si la injerencia estaba «prescrita por la ley», perseguía uno o más de los objetivos legítimos enumerados en ese párrafo y era «necesaria en una sociedad democrática» para lograr los objetivos.

Al ratificar la decisión de la mayoría en la Cámara de los Lores, el Tribunal encontró que la restricción estaba prescrita por ley, cumplía el objetivo legítimo de proteger el derecho de Campbell a que se respete su vida privada y era necesaria.

Si bien reconoció el papel crucial que asume la prensa cuando da a conocer información de interés público y su libertad para decidir la técnica periodística que emplea, el Tribunal sostuvo que «la discrecionalidad editorial no es ilimitada». [Párrafo 141].

Basándose en los casos Chassagnou y otros c. Francia, números 25088/94, 28331/95 y 28443/95 (29 de abril de 1999), el Tribunal sostuvo que cuando se revé la decisión de una autoridad nacional de sopesar dos derechos garantizados por el Convenio, se otorga a las autoridades nacionales un margen de apreciación. En el presente caso, el derecho del público a recibir detalles y fotografías sobre el tratamiento de Campbell tuvo que equilibrarse con el derecho de la modelo a la privacidad.

El tribunal citó la causa Campmany y Diez de Revenga y López Galiacho Perona c. España, 54224/00 (12 de diciembre de 2000) entre otras para determinar que la publicación de detalles de la vida privada de un personaje público para satisfacer la curiosidad de un lector no puede ser considerada como una contribución al debate de interés general para la sociedad. En tales casos, la libertad de expresión requiere una interpretación más acotada. Contrariamente al argumento del demandante, la Cámara de los Lores le había otorgado suficiente peso a los derechos y deberes de los periodistas antes de tomar su decisión. Los tres tribunales inferiores hicieron una distinción cualitativa entre los hechos fundamentales de interés público sobre la base de lo que ella ya había negado públicamente y la información personal que pretendía mantener en privado. Sólo se diferenciaron en la manera de aplicar estos principios a los hechos del caso.

Teniendo en cuenta el margen de apreciación concedido a los tribunales nacionales, el Tribunal debía contar con razones sólidas para refutar la decisión de la Cámara de los Lores.

La Cámara de los Lores concluyó que publicar la información adicional sobre ese tratamiento era perjudicial para que Campbell sostuviera su terapia en NA y corría el riesgo de causar un fuerte revés a su recuperación. Las fotografías habían sido tomadas de manera encubierta con una lente de largo alcance fuera del lugar de tratamiento y hubieran generado una clara angustia en cualquier persona de sensibilidad ordinaria que estuviera en su posición y enfrentada al mismo nivel de publicidad. Las fotografías no eran de carácter general, sino que se tomaron con la intención de incluirlas en el artículo y estaban acompañadas de epígrafes que mostraban claramente que la modelo salía de su reunión de NA.

Dado que se trataba de «razones pertinentes y suficientes» para restringir la libertad editorial, el Tribunal no encontró «ninguna razón de peso» para refutar la decisión.

Opinión disidente del magistrado Björgvinsson.

El juez Björgvinsson votó en disidencia. Encontró que la distinción hecha por la mayoría entre la historia original y el material complementario no era convincente.

Basándose en el caso Fressoz y Roire c. Francia, n.º 29183/95 (21 de enero de 1999), entre otros, concluyó que al equilibrar los derechos del artículo 8 y el artículo 10, el Tribunal hizo una evaluación independiente de los hechos. El Tribunal tiene el deber de revisar no solo si se han aplicado los principios pertinentes, sino también de corroborar que se hayan aplicado correctamente.

En consonancia con los puntos de vista de Lord Hoffman y Lord Nicholls, sostuvo que la información adicional solo complementaba la historia original y «le agregaba color y convicción». [Párrafo 62].

2) Si los honorarios por litigio ganado que debía pagar el demandante como consecuencia de la decisión vulneraron su derecho a la libertad de expresión.

Sobre la cuestión de la violación del artículo 10 relativo a los honorarios por litigio ganado recuperables, el editor afirmó que la exigencia de pagarlos a los abogados de Campbell interfería con su libertad de expresión. Si bien estaba «previsto por la ley, no perseguía un objetivo legítimo y no era necesario en una sociedad democrática». [Párrafo 162].

El demandante argumentó que, además de ser excesivos, los honorarios eran desproporcionados y punitivos, lo que ejercía un efecto disuasorio sobre su rol como medio de comunicación. El impacto financiero de los CFA alienta a que los medios traten de llegar a acuerdos para resolver sus reclamos en lugar de defender su postura y disuade a las empresas de publicar material que -en otras circunstancias- sería adecuado difundir. Además, los honorarios por litigio ganado no lograron su objetivo de brindar acceso a la justicia a los demandantes desfavorecidos, pero que merecen acceder a ella. No existían obligaciones ni mecanismos para evitar que un abogado utilizara los honorarios por litigio ganado en un caso para accionar contra otros demandantes desfavorecidos pero que merecen acceder a la justicia. También se realizaron presentaciones conjuntas de terceros como Iniciativa Projusticia de la Sociedad Abierta, Iniciativa de Defensa Legal de Medios, Índice de Censura, English PEN, Global Witness y Human Rights Watch. Destacaron el efecto escalofriante de los altos costos que generan los procedimientos por difamación en organizaciones de bajo presupuesto como las ONG y medios de comunicación pequeños, ya que a menudo hacen periodismo de investigación y difunden información sobre temas de gran interés público.

El Gobierno afirmó que la recuperación de los honorarios por litigio ganado estaba sujeta a una serie de salvaguardas que lograron un equilibrio adecuado entre los intereses de los litigantes perdedores y el objetivo de ampliar el acceso a la justicia de conformidad con el artículo 6 del Convenio.

Sobre la cuestión de si los honorarios por litigio ganado recuperables contra los demandados perdedores eran «necesarios en una sociedad democrática», el Tribunal afirmó que debe sopesar la razonabilidad de los costos no solo frente a los costos razonables y proporcionados del demandante, sino también frente a la perspectiva de que los honorarios allanen el acceso general a la justicia. Basándose en Jersild c. Dinamarca (23 de septiembre de 1994, a fojas 31, serie A n.º 298), el tribunal acordó que la legislatura goza de un amplio margen de apreciación para implementar políticas sociales y económicas; sin embargo, las medidas tomadas por una autoridad nacional que pueden desalentar la participación de la prensa en debates sobre asuntos de interés público legítimo deben ser analizadas cuidadosamente.

El Tribunal señaló varios puntos sobre las deficiencias inherentes al recupero de los honorarios por litigios civiles ganados en Jackson Review, encargado por el Ministerio de Justicia.

Estas deficiencias incluían el efecto «escalofriante» o de «chantaje» del sistema de honorarios por litigio ganado recuperables. Los costos generaron una carga excesiva para las partes contrarias, lo que llevó a los demandados a llegar a un acuerdo anticipadamente a pesar de las buenas perspectivas de una defensa exitosa. En segundo lugar, el sistema no proporcionó incentivos a los demandantes para realizar un seguimiento de sus gastos legales. Esto se tradujo en un aumento en los costos. Finalmente, el sistema les dio a los abogados un incentivo para «elegir a la perfección» los casos con perspectivas de honorarios por litigio ganado más altos. Es decir, la ley no cumplió con su objetivo de mejorar el acceso a la justicia. En cambio, allanó el camino para que los abogados aceptaran demandas meritocráticas con altos honorarios por litigio ganado y evitaran demandas menos meritorias que merecían ser llevadas al estrado judicial. [Párrafo 210]. El informe posterior emitido por la Cámara de los Comunes de 2010 reconoció deficiencias similares. En marzo de 2010, el Ministerio de Justicia intentó reducir los honorarios por litigio ganado del 100% al 10% de los costos básicos en casos de difamación y privacidad como una propuesta provisional que fue intervenida por las elecciones generales de abril.

A partir de estos debates, el tribunal aceptó que las medidas excedieron el margen de apreciación otorgado al Estado para velar por intereses sociales y económicos y, por lo tanto, violaron el artículo 10 del Convenio.

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