Resumen y resultado del caso

La Corte Suprema de Ghana dictaminó que el artículo 146(8) de la Constitución -que dispone que las actuaciones referidas a los juicios políticos de jueces se lleven a cabo a puertas cerradas- prohibía que se publicase información relacionada con esos procesos. El Presidente de la Corte y una empresa privada habían dado a conocer los nombres y detalles del pedido de destitución de un juez de la Corte Suprema acusado de hechos de soborno y corrupción. El juez se presentó ante la Corte argumentando que la publicación infringía la Constitución y esto dejaba sin efecto el proceso de juicio político. La Corte sostuvo que divulgar nombres antes de que el Presidente decidiera si se hacía lugar prima facie a un juicio político violaba el artículo 146(8), pero que esto no invalidaba todo el proceso de juicio político. La Corte enfatizó la necesidad de equilibrar el derecho a la privacidad y a la confidencialidad que asistía al juez con el derecho del Estado a investigar las denuncias formuladas contra los magistrados. También subrayó que la restricción a la publicación de cuestiones inherentes al juicio político se limitaba al período del proceso, y que cualquier medida cautelar permanente contra la publicación atentaría contra el derecho a la libertad de expresión.

Hechos

El 9 de septiembre de 2015, Uuter Dery, juez de la Corte Suprema de la República de Ghana, recibió una carta del Presidente en la que se le informaba que había recibido un pedido para su destitución como magistrado. El pedido había sido formulado por Tiger Eye PI, una empresa de investigación privada con sede en Accra. El Presidente le concedió al juez Dery un plazo para responder, pero -antes de que lo hiciera y de que el propio Presidente tomara una decisión sobre si prima facie se trataba de un caso de destitución- el Presidente «consiguió que se hiciera una publicación» en los medios en la que se acusaba al juez Dery de soborno y corrupción. [Párrafo 5]. Tiger Eye había hecho público el hecho de soborno y corrupción y también las acusaciones a través de «la visualización pública del video, de las redes sociales y notas en periódicos». [Párrafo 5].

El juez Dery solicitó a la Corte Suprema de Accra que publicase una declaración en el sentido de que la divulgación infringía el artículo 146(8) y, en consecuencia, una orden que declarara nulo el proceso de juicio político. A su criterio, la publicación de las acusaciones contenidas en la petición violaba el artículo 146(8), que consideraba que cualquier publicación de detalles relacionados con una petición para destituir a un juez emitida en virtud del artículo 146 debía restringirse solo al Presidente. El artículo 146(8) establece: «Todos los procedimientos previstos en este artículo se llevarán a cabo a puertas cerradas, y el juez o magistrado contra quien se presente la petición tendrá derecho a ser oído en su propia defensa o representado por un abogado u otro perito de su elección».

Análisis de la Decisión

El juez Julius Ansah pronunció la sentencia de la sala de la Corte Suprema compuesta por cinco miembros. Los temas centrales a considerar fueron si la publicación por parte de un medio de comunicación sobre el proceso de juicio político de un ex juez violó su derecho constitucional a la confidencialidad y, de ser así, si eso llevó a que el proceso de juicio político fuera nulo y sin efecto.

El juez Dery argumentó que la publicación de los detalles de la petición violó el artículo 146(8) y el resultado de ello es que la petición devino nula y sin efecto.

Tiger Eye argumentó que «sus acciones estaban justificadas, ya que el público tiene derecho a conocer tales asuntos de soborno y corrupción» y que el derecho de los medios a la libertad de expresión incluye el derecho a publicar información de interés público. [Página 6]. También afirmó que había que diferenciar la publicación integral de una petición de la información sobre el contenido de la petición. Tiger Eye sostuvo que el juez Dery debería haber presentado una acción por difamación, en lugar de exigir la nulidad de la petición, si las acusaciones no eran ciertas. También argumentó que ninguna violación del artículo 146(8) debería afectar la constitucionalidad y validez de la petición de destitución del juez Dery.

Era conocido que Tiger Eye había hecho público el contenido de la petición y que el Presidente de la Corte Suprema había emitido un comunicado de prensa a través de su juzgado en el que se daban los nombres de los jueces acusados de corrupción.

La Corte afirmó que la frase clave del artículo 146(8) para la interpretación era «a puertas cerradas». La Corte aceptó que el propósito de la disposición era proteger la integridad del poder judicial y se refirió a dos casos -Asociación de Abogados de Ghana c. Procurador General (1995-96) – 1GLR 598; y Agyei-Twum c. Procurador General y Akwetey (2005-2006) – SCGLR 732- que remiten al artículo 146(8), pero que no habían resuelto la cuestión del acceso público a la petición de destitución de jueces. En el caso de la Asociación de Abogados de Ghana, la Corte sostuvo que los procedimientos de acusación contra los jueces no podían llevarse a cabo en una audiencia pública ni en un tribunal abierto, ya que el propósito del artículo era «preservar, proteger y salvaguardar la autoridad, la dignidad y la independencia del poder judicial». [Página 9]. En el caso Agyei-Twum, la Corte sostuvo que «el requisito constitucional de que los procedimientos de juicio político se lleven a cabo a puertas cerradas sería nulo si se permitiera al peticionario divulgar su petición a cualquier persona distinta del presidente» y enfatizó que la publicación podría lesionar al poder judicial. [Página 9].

Al examinar la definición de a puertas cerradas (en latín, «in chambers»), la corte señaló que «no hay duda de que se trata de privacidad» y se refiere a la definición del Black’s Law Dictionary, que sugiere que la frase alude a los procedimientos legales llevados a cabo en el despacho de un juez o en una sala vacía. [Página 10]. La Corte reconoció que esta lectura literal apoyaba la interpretación en el caso de la Asociación de Abogados de Ghana, pero favorecía una interpretación más amplia, señalando que «existen buenas razones que nos motivan a ir más allá del significado legal estrictamente técnico y literal de ‘procedimientos a puertas cerradas’ con el fin de descubrir la verdadera intención y propósito de los redactores de la Constitución». [Página 10]. La Corte sostuvo que esto se debió a que el proceso inicial fue cuasijudicial, ya que el Presidente de la Corte Suprema tuvo que evaluar las pruebas para determinar si existía un caso prima facie para la democión, y porque el artículo 146(8) se refiere a «todos los procedimientos en virtud de este artículo», que debe incluir el «proceso original, la petición» que se regula en el artículo 146. [Página 12]. La Corte declaró que «la verdadera intención de los redactores de la Constitución era que la confidencialidad y la privacidad se aplicaran a los procedimientos de juicio político en virtud de este artículo». [Página 12].

La Corte enfatizó que esta interpretación amplia del artículo 146(8) se alinea con los Principios Básicos de la ONU relativos a la Independencia de la Judicatura de 1985, que exigen que las investigaciones de las denuncias contra los jueces «se mantengan confidenciales, a menos que el juez solicite lo contrario». [Página 13].

La Corte desestimó la relevancia del caso de la Asociación de Abogados de Ghana para esta situación con el argumento de que no abordó el papel del Presidente de la Corte Suprema en el proceso del artículo 148, y que Agyei-Twum se decidió después y, por lo tanto, esos jueces hubieran considerado las razones de ese caso antes de emitir su propio dictamen.

En consecuencia, la Corte sostuvo que la divulgación de información relacionada con la petición contra el juez Dery era inconstitucional.

La Corte examinó el impacto de esta decisión sobre el derecho a la libertad de expresión y concluyó que «el derecho del público a saber no resta valor a esta disposición que fue establecida específicamente para lograr un cierto efecto [proteger la integridad del poder judicial]». [Página 14]. Señaló que negar la información no era una situación permanente, y que -una vez finalizado el proceso- dejaría de aplicarse el artículo 146: «los derechos del pueblo simplemente fueron pospuestos por un tiempo para que no se desvirtúe el propósito del artículo 146(8)». [Página 14].

Habiendo determinado que se infringió el artículo 146(8), la Corte examinó las consecuencias. Observó que la Constitución no incluía una sanción por una divulgación inconstitucional y que tampoco había legislación que la previera; por lo que se basó en la jurisprudencia comparada sobre cómo tratar el incumplimiento de llevar a cabo ciertos procedimientos a puertas cerradas. A partir de la jurisprudencia comparada, la Corte identificó cinco enfoques diferentes: 1. Tratar el incumplimiento como desacato a la Corte Suprema. 2. Imponer sanciones penales si existe tal legislación. 3. Imponer resarcimientos por daños y perjuicios por cometer una infracción constitucional, según corresponda. 4. Tratarlo como incumplimiento de una medida cautelar. 5. La persona perjudicada puede exigir el pago de daños y perjuicios por difamación. [Página 15]. La Corte se centró en si la publicación sobre los procedimientos del juicio político ha llevado a su anulación, y señaló que en el caso sudafricano de Hope c. Corte Constitucional de Sudáfrica, la Corte sostuvo que la publicación había violado los derechos del juez pero que «encontró que el demandante fue tratado injustamente y se violaron sus derechos por la forma en que se manejó la presentación de la denuncia, y la decisión de publicarla es totalmente independiente de la cuestión de si el solicitante es culpable de los cargos que se le atribuyen». [Página 20]. La Corte observó que se adoptó el mismo enfoque en el caso estadounidense de Landmark Communications, Inc. c. Virginia, que sostuvo que «a pesar de la violación de la ley sobre divulgación de información confidencial, la corte consideró que no debería tener precedencia sobre la libertad de expresión garantizada por la Constitución; ambos derechos debían ser respetados». [Página 23]. La Corte señaló que el caso Landmark siguió el razonamiento de Bridges c. California, que señaló que «la suposición de que se puede ganar el respeto por el poder judicial protegiendo a los jueces de las críticas publicadas hace una evaluación errónea del carácter de la opinión pública estadounidense… el silencio impuesto, pero limitado, únicamente en nombre de la preservación de la dignidad de la justicia, lejos de fortalecer el respeto probablemente engendraría resentimiento y desprecio». [Página 23]. La Corte se refirió al caso keniano Baraza c. Comisión del Servicio Judicial, que había enfatizado que «la publicación por sí sola no vicia los procedimientos, a menos que se demuestre que la cobertura mediática del incidente pudo haber influenciado o afectado el trabajo de la Comisión». [Página 25].

La Corte aceptó el razonamiento de la jurisprudencia comparada de que la publicación de información relacionada con el juicio político no invalida el proceso en sí y señaló que concordaba con una interpretación de la propia Constitución de Ghana. El artículo 146 establece que un proceso de juicio político sólo puede darse por terminado si el Presidente de la Corte Suprema decide que no existe un caso prima facie o si el comité designado para investigar los hechos recomienda dar por terminado el proceso. La Corte también señaló que permitir un proceso en el que se investigue la conducta de un juez amenazaría la integridad del poder judicial. La Corte reconoció que se trataba de un caso que involucraba dos derechos contrapuestos y, con referencia al caso irlandés Procurador General c. X, enfatizó que si bien un juez tiene derecho a la confidencialidad, el Estado tiene derecho a investigar las acusaciones formuladas contra un juez, dado que este tiene a su alcance otros recursos para reivindicar sus derechos. La Corte concluyó que sería «inconcebible anular la petición porque su contenido ha sido divulgado a terceros» [página 28] y calificó la solicitud de nulidad del juicio político como «absurda y subversiva del orden constitucional». [Página 29].

La Corte rechazó la solicitud del juez Dery de que se dicte una orden judicial permanente contra la publicación de información sobre el juicio político y la consideró una «orden de mordaza permanente». [Página 30]. Con referencia al caso indio Naresh c. Estado de Maharashtra y el caso británico Scott c. Scott, la corte sostuvo que tal orden judicial «sofocaría la libertad de expresión garantizada por el artículo 21(1)(a) de la Constitución» y equivaldría a la censura judicial de la libertad de prensa». [Página 30]. La Corte también mencionó los Principios Básicos de la ONU relativos a la Independencia de la Judicatura que «reconocen que congelar la libertad de expresión durante las investigaciones contra un juez solo puede aplicarse como una medida temporal». [Página 32].