Resumen y resultado del caso

Un Tribunal Superior de Brasil suspendió la investigación en contra de un periodista que había escrito un artículo en el que describía las consecuencias positivas que traería la muerte del presidente Jair Bolsonaro. El artículo fue escrito poco después de que el presidente diera positivo por Covid-19 y argumentaba que su muerte salvaría vidas, ya que pondría fin a la retórica de restarle importancia a la pandemia. El Ministro de Justicia ordenó a la Policía Federal iniciar una investigación en contra del periodista por posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional. La Corte suspendió la investigación, sosteniendo que la presunta conducta del periodista no cumplía con el requisito de la Ley de Seguridad Nacional de daño real o potencial a la integridad territorial, a la soberanía o a la democracia.

Hechos

El 7 de julio de 2020, Hélio Schwartsman, un periodista brasileño, publicó un artículo en respuesta a la noticia de que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, había dado positivo por Covid-19. En el artículo, publicado en Folha de S.Paulo y titulado «Por qué espero que muera el presidente», Schwartsman señaló que la muerte de Bolsonaro sería «lamentable» como la de cualquier otra persona, pero que salvaría vidas al terminar con la minimización de la gravedad de la pandemia, la tensión entre las instituciones democráticas, y el debilitamiento de importantes políticas ambientales, culturales y científicas. Schwartsman escribió que no tenía «nada personal» contra Bolsonaro y, en cambio, estaba motivado por la moral consecuencialista.

El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, André Mendonça, ordenó a la Policía Federal iniciar una investigación en contra de Schwartsman por la comisión de delitos penales de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional (la Ley). La orden enviada por el Ministro citaba el artículo 27 de la Ley, que tipifica como delito, con pena de hasta 3 años de prisión, “atentar contra la integridad física o la salud” de los jefes de gobierno federal en los tres poderes, entre ellos el presidente. Aunque no se menciona en la orden, Mendonça había manifestado en Twitter que ordenaría una investigación por una posible violación del artículo 26 de la Ley, que tipifica como delito “calumniar o difamar” a esas autoridades. Según la ley brasileña, la calumnia se define como atribuir falsamente un delito a alguien, mientras que la difamación o difamação se define como atribuir un hecho que menoscaba la reputación de alguien.

El gobierno de Bolsonaro ha utilizado la Ley, que impone sentencias considerablemente más largas que las establecidas por otras leyes penales, contra sus críticos. La administración ordenó una investigación al caricaturista Renato Aroeira por publicar una caricatura en la que se representa al presidente diciendo “invadamos uno más” junto a una esvástica ensangrentada, luego de que Bolsonaro instara a sus seguidores a ingresar a hospitales públicos durante la pandemia de Covid-19 para grabar videos que verificaran la ocupación reportada de camas hospitalarias. En consecuencia, se interpuso un recurso constitucional para suspender la investigación ante el Tribunal Supremo (ADPF núm. 697).

Schwartsman presentó una solicitud de hábeas corpus ante la Tribunal Superior de Justicia, solicitando la suspensión de la investigación. En virtud de la Constitución brasileña de 1988, se concedió el recurso de hábeas corpus como recurso contra las restricciones que afecten la libertad de circulación de una persona cuando sean resultado de una acción ilegal o abuso de poder por parte de funcionarios públicos o de cualquier persona que actúe en calidad de funcionario. Las peticiones de hábeas corpus se han utilizado para bloquear la persecución penal o la investigación penal en circunstancias excepcionales en las que la ilegalidad de la conducta del Estado es notablemente clara, como cuando la imposición de cargos penales son evidentemente infundados o cuando se presentan más tarde de lo permitido por los términos de prescripción.

Análisis de la Decisión

El Juez Relator Jorge Mussi revisó la solicitud de suspensión de la investigación. El problema jurídico ante la Corte consistió en determinar si, de acuerdo con los criterios establecidos en la ley y el derecho constitucional a la libertad de expresión, se justifica legalmente iniciar una investigación sobre el artículo de Schwartsman.

Schwartsman argumentó que los criterios establecidos en la Ley no se habían cumplido ya que su conducta estaba fuera del alcance de cualquier ley penal. Se refirió a la jurisprudencia de la Corte Suprema al argumentar que el alcance de la ley está limitado por dos criterios relacionados: (1) motivación política; y (2) daño real o potencial a la integridad territorial, la soberanía nacional, el régimen representativo, la unión federal o el estado de derecho. Schwartsman sostuvo que estos criterios no estaban presentes en su artículo.

También argumentó que la investigación violó los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de prensa, ya que el artículo contenía sus puntos de vista personales, basados ​​en un enfoque filosófico consecuencialista (que había discutido previamente en su columna) y que todo lo que había hecho era ejercer los derechos que él y el periódico disfrutan en virtud de la Constitución.

Schwartsman también afirmó que, incluso si se admitiera que cualquier delito en contra del presidente pudiera considerarse un delito contra la seguridad nacional y que la investigación se inició conforme artículo 26 de la Ley, él no infringió el artículo 26, ya que él no atribuyó al Presidente ninguna conducta que atentara contra su reputación.

El juez Mussi concedió la suspensión. La suspensión se concede cuando el peticionario presenta dos requisitos: fumus boni iuris (la probabilidad de que el peticionario tenga éxito en el fondo) y periculum in mora (riesgo de daño si no se concede la suspensión). Reconoció que los precedentes tanto en El Tribunal Superior de Justicia como en la Corte Suprema demuestran definitivamente que la Ley se limita a los dos criterios, uno “subjetivo” (relacionado con el imputado) y el otro “objetivo” (relacionado con la presunta conducta), que deben leerse conjuntamente. El efecto de esto es que las disposiciones de la ley que tipifican como delito solo se aplican cuando el imputado actúa con motivación política y la conducta muestra un daño real o potencial a la integridad territorial, la soberanía nacional, el régimen representativo, la unión federal o el estado de derecho.

El juez Mussi sostuvo que “a pesar de las críticas que pudieran surgir” contra el artículo escrito por Schwartsman [p. 37-8)], con base en una revisión superficial del artículo, “no hubo motivación política, ni daño real o potencial a la integridad territorial, la soberanía nacional, el régimen representativo, la unión federal o el estado de derecho” [pág. 38]. El juez Mussi sostuvo que se cumplió con el primer requisito de la suspensión y que el requisito de periculum in mora para otorgar una suspensión estaba presente, dada la inminencia de la fecha que la policía había fijado para interrogar a Schwartsman.

En consecuencia, el juez Mussi concedió la suspensión de la investigación.