Resumen y resultado del caso

El Tribunal Superior de Kerala negó la aprobación de cualquier directriz relacionada con la regulación y el control de los medios impresos y electrónicos solicitados por el peticionario. El accionante había alegado que las noticias falsas y escandalosas publicadas por los medios de comunicación para difamar la imagen del poder judicial, los funcionarios gubernamentales, las fuerzas policiales y los líderes políticos violaban la libertad de expresión en virtud del artículo 19 (1) (a) de la Constitución de la India. Los jueces sostuvieron que los precedentes judiciales indican claramente que el marco general de las directrices para la regulación de la prensa no era permisible y que existían suficientes garantías para la atención de la queja del peticionario en virtud de otras leyes, incluida la Ley del Consejo de Prensa de 1978 y el artículo 19 (2) de la Constitución.

Hechos

La acción de interés público fue presentada por un abogado que solicitaba la regulación de los medios impresos y electrónicos para proteger los derechos fundamentales de las personas, incluido su derecho a ser informados sobre las controversias sociales, políticas, económicas, culturales y otras de importancia actual. El accionante pretendía que se le permitiera a la audiencia comprender y formar su propia opinión sobre la forma en que están siendo gestionados por el gobierno y la administración. El peticionario sostuvo que muchos de los medios de comunicación publicaron informes falsos con la intención de generar polarización política y religiosa.

Algunos casos específicos señalados por el peticionario incluyeron un caso de contrabando de oro, noticias falsas publicadas por personal de los medios de comunicación con respecto a pacientes con COVID-19, medidas adoptadas por el Gobierno, muertes ocurridas durante la pandemia, etc. El peticionario también señaló varios casos de violación y otros delitos penales. Por esta razón, el peticionario solicitó la aplicación de directrices que incorporen las restricciones previstas en el artículo 19 de la Constitución. Algunas de las direcciones que solicitó el peticionario fueron:

1. Aplicar las restricciones a los medios de comunicación previstas en el artículo 19 de la Constitución, la Ley de desacato a los tribunales y otras leyes vigentes para impedir que los medios de comunicación emitan juicios de valor en asuntos de interés público.
2. Prohibir a los medios de comunicación tomar los nombres, casta, religión o afiliación política de las personas investigadas en asuntos penales y asegurarse de que solo se publiquen hechos veraces y no opiniones.
3. Impedir que los medios de comunicación difundan la discrepancia política o comunitaria en la sociedad.
4. Formular leyes para otorgar licencias a canales privados que utilizan plataformas de redes sociales y restringirles la publicación de contenidos objetables a través de sus canales privados con intenciones de mala fe.
5. No emisión de licencias a ningún medio de comunicación a menos que se asegure de informar al público con hechos veraces y ciertos.

Análisis de la Decisión

El presente caso fue presidido por el presidente del Tribunal Superior de Kerala, S. Manikumar, y el juez S.P. Chaly. La cuestión central consistió en determinar si la Corte podría formular directrices para regular y controlar las actividades de los medios impresos y electrónicos.

El peticionario argumentó que la presencia de los medios de comunicación en los juicios transgrede la administración de justicia e interfiere con el derecho a un juicio justo de un acusado en casos penales. Según el peticionario, la siembra deliberada de mentiras, calumnias y la repetida transmisión de noticias para difamar la imagen del poder judicial, los funcionarios públicos, la fuerza policial, los  líderes políticos —incluido el primer ministro y otros ministros—, sometidos a voluntad, caprichos y fantasías, sin la verificación de los hechos, viola disposiciones constitucionales y obstaculiza el desempeño de sus funciones, lo cual atenta contra el Estado de Derecho y conduce a errores judiciales [pág. 5]. El peticionario alegó que los medios de comunicación violan el artículo 19 (1) (a) de la Constitución de la India al publicar opiniones prejuiciosas con la intención de imponer agendas políticas. Asimismo, el accionante alegó que la difusión de noticias falsas y escandalosas por parte de los medios de comunicación genera prejuicios en la mente de las personas que violan la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad [pág. 8].

El peticionario alegó que la presencia de los medios de comunicación en los juicios viola el principio de presunción de inocencia, generan malestar en la comunidad, afecta la credibilidad de las noticias y causa un daño irreparable a la dignidad y credibilidad de determinados políticos [pág. 2]. Según el peticionario, estos hechos se han perpetrado debido a que el gobierno no ha garantizado la protección de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 19 y 21 de la Constitución, el Código Penal de la India y la Ley de Desacato a los Tribunales, y diversas directrices y sentencias emitidas por la Corte Suprema [pág. 2]. El peticionario argumentó que la legislación existente es insuficiente para enfrentar los actos irresponsables de la prensa y los medios de comunicación.

Al estudiar el caso concreto, los jueces señalaron en primer lugar que «según la Constitución de la India, los medios de comunicación no tienen ningún derecho fundamental específico relacionado con su libertad de expresión, a diferencia de la primera enmienda de la Constitución estadounidense, en la que la prensa tiene absoluta libertad para expresarse». Los jueces observaron que la prensa disfruta de la libertad de expresión en virtud del artículo 19 (1) (a) de la Constitución, que está garantizada a todas las personas de la India, sin embargo, esto puede restringirse según la cláusula (2) del artículo 19 cuando se trata de proteger la  integridad de la India, la seguridad del Estado, las relaciones amistosas con Estados extranjeros, el orden público, la decencia o la moralidad pública, o en relación con el desacato al tribunal, la difamación o la incitación a un delito [pág. 9].

Para llegar a la conclusión del caso, los jueces revisaron múltiples casos históricos sobre la libertad de expresión, entre los que se incluyen Romesh Thappar contra la Unión de la India [AIR 1950 SC 124], Brij Bhushan contra el Estado de Delhi [AIR 1950 SC 129], Sakal Papers v. Union de la India [AIR 1962 SC 305] y varios otros para enfatizar que «las restricciones contenidas en el mismo dejarían en claro que ni siquiera la prensa tiene la libertad de socavar la vida y la libertad personal de ningún ciudadano. Sin embargo, los principios de derecho propuestos por el tribunal supremo también demuestran que la prensa, como cuarto poder en la gobernanza del país, es vital y también necesaria para proteger los intereses de la ciudadanía y para difundir información de alto interés público»[p. 20].

Los jueces argumentaron que existían suficientes medidas de protección otorgadas en virtud del Código Penal de la India y la Ley de Desacato a los Tribunales, para la reparación de las quejas solicitadas por el peticionario. Además, según los jueces, la Ley del Consejo de Prensa de 1978 preservó la libertad de prensa y mantuvo y mejoró los estándares de los periódicos al constituir una autoridad investida con poderes estatutarios. Los jueces añadieron que el Reglamento de las Redes de Televisión por Cable de 1995 y el Reglamento de las Redes de Televisión por Cable de 1994 contenían suficientes disposiciones  para controlar el funcionamiento de los medios electrónicos y cualquier persona agraviada podía acercarse a las autoridades constituidas en virtud de la misma y buscar reparación [p. 37].

Los jueces discutieron ampliamente la sentencia de la Corte Suprema en el caso de Sahara India Real Estate Corporation Limited c. Securities and Exchange Board of India [(2012) 10 SCC 603] en el que se sostuvo que las directrices para regular las actividades de los medios de comunicación no fueron una propuesta adecuada. La Corte también observó que en el caso M.R. Saravnan v. Cosecretario [W.P. (C) No. 21497 de 2017], presidida por uno de los jueces presentes, se presentó una petición que fue desestimada, ya que existían disposiciones legales que regulaban la materia. En el caso se sostuvo que «la libertad de expresión es un componente fundamental de nuestro desarrollo individual, como seres humanos y como animales políticos, y para mejorar y radicalizar las democracias. La invención de la prensa fue un punto de inflexión en el debate sobre la libertad de expresión. La imprenta magnificó el alcance de las opiniones, la información y las ideas. De hecho, la pluma se hizo más poderosa que la espada «[p. 36].

Los jueces concluyeron que un litigio de interés público para enmarcar pautas para restringir los medios de comunicación no era admisible. Sostuvieron además que la jurisprudencia de la Corte Suprema deja en claro que los medios de comunicación pueden ser restringidos según se haga un análisis caso por caso. Al basarse en la sentencia de la Corte Suprema en Sahara India Real Estate Corporation Limited c. Securities and Exchange Board of India [(2012) 10 SCC 603], los jueces sostuvieron que no era posible emitir directrices generales para regular la prensa [p. 37].