Resumen y resultado del caso

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que declaró responsable internacionalmente al Estado de Colombia por la muerte del periodista Nelson Carvajal Carvajal y por no garantizar su derecho a la libertad de expresión. Carvajal fue asesinado el 16 de abril de 1998 en el marco de un contexto generalizado de impunidad por los asesinatos de periodistas que ocurrían en ese momento en Colombia. El Tribunal determinó que Carvajal fue asesinado en represalia por su trabajo como periodista, y que la falta de una investigación penal adecuada del homicidio constituía una violación de la obligación del Estado de garantizar su derecho a la vida. Para la Corte, tanto el homicidio como la falta de investigación constituyeron una violación del derecho a la libre expresión. La Corte enfatizó que la combinación de violencia contra los periodistas y la impunidad tienen un doble impacto altamente negativo: primero, un efecto intimidante en otros periodistas que cubren historias similares, y segundo, en la comunidad ya que dejará de recibir información relevante.

La Corte también responsabilizó al Estado por la violación del derecho a las garantías judiciales por las investigaciones del asesinato, la violación del derecho a la integridad personal y de protección a la familia de los familiares de Carvajal. La Corte también sostuvo que se violaron los derechos a la libertad de circulación y residencia de algunos de los familiares de Nelson Carvajal, ya que se vieron obligados a abandonar su residencia permanente debido al riesgo que enfrentaban y al miedo que sentían.

Hechos

El 16 de abril de 1988, un hombre le disparó a Nelson Carvajal Carvajal en Pitalito (Huila), Colombia. Nelson Carvajal era periodista, director de los programas de radio «Mirador de la Semana», «Amanecer en el Campo» y «Tribuna Médica» emitidos por Radio Sur. Carvajal también era profesor y director del Centro Educativo Los Pinos. A través de su trabajo como periodista informó sobre asuntos de interés local, en particular sobre irregularidades en la administración de fondos públicos, actos de corrupción y lavado de dinero del narcotráfico en el área [p. 38].

Las autoridades colombianas llevaron a cabo una investigación y buscaron el enjuiciamiento de los responsables. La Fiscalía siguió diferentes hipótesis en la investigación de la posible participación de individuos y el motivo del asesinato de Nelson Carvajal Carvajal. Una de esas hipótesis dio lugar al juicio de un empresario local, un ex concejal y otro individuo. El juicio culminó en el año 2000 con una sentencia absolutoria para todos los implicados, y posteriormente la decisión fue confirmada en el año 2001. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación continuó con la investigación y siguió nuevas líneas de investigación para determinar a los responsables. La investigación se encuentra actualmente abierta.

Varios familiares de Nelson Carvajal, y personas que participaron en el proceso, fueron víctimas de amenazas durante el curso de la investigación. Como resultado, por razones de seguridad y por el miedo que sentían, nueve de los familiares de Nelson Carvajal tuvieron que salir el país.

El 13 de marzo de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que declaró responsable internacionalmente al Estado de Colombia por la muerte del periodista Nelson Carvajal Carvajal y por no garantizar su derecho a la libertad de expresión. El Tribunal responsabilizó al Estado por la violación del derecho a las garantías judiciales por las investigaciones del asesinato, la violación del derecho a la integridad personal y de protección a la familia de los familiares de Carvajal. La Corte también sostuvo que se violaron los derechos a la libertad de circulación y residencia de algunos de los familiares de Nelson Carvajal.

Análisis de la Decisión

La Corte hizo referencia al contexto de violencia contra periodistas en Colombia, y destacó en particular que en 1998, Colombia ocupó el primer lugar en la lista mundial de periodistas ejecutados, y fue catalogado como el “lugar más mortífero para la prensa en el mundo». La Corte señaló que entre 1977 y 2015, 152 periodistas colombianos fueron ejecutados por su profesión, y más de un tercio de estos homicidios ocurrieron entre 1996 y 2005 [p. 167].

La Corte recordó que, según su jurisprudencia constante, el Estado tiene el deber de prevenir razonablemente las violaciones a derechos humanos y de investigarlas de manera seria con los medios que tiene a su alcance. Estas investigaciones deben tener el objetivo de identificar a los y las responsables e imponerles las sanciones correspondientes. Finalmente, el Estado tiene el deber de asegurar una reparación adecuada a las víctimas. Al respecto, la Corte indicó que “la ausencia de mecanismos efectivos de investigación de violaciones del derecho a la vida y la debilidad de los sistemas de justicia para afrontar dichas violaciones pueden propiciar, en los Estados, un clima de impunidad respecto de las mismas, y, en ciertos contextos y circunstancias, pueden llegar a configurar situaciones generalizadas o graves esquemas de impunidad, estimulando y perpetuando, así, la repetición de las violaciones”. [p. 164]

En el presente caso, la Corte indicó que no cabía duda de que el asesinato de Nelson Carvajal estuvo relacionado con su labor como periodista. La Corte determinó que Colombia violó su obligación de investigar y perseguir a los responsables del homicidio de Nelson Carvajal. Igualmente, indicó que la impunidad en este caso fue grave ya que a pesar de que han transcurrido cerca de 20 años desde la ocurrencia de los hechos, la investigación sigue en curso y no se ha determinado a las personas responsables del asesinato del periodista. Por otra parte, la Corte advirtió que existía un contexto de homicidios de periodistas durante la época de los hechos, acompañado por altos índices de impunidad [p. 166]. Asimismo, señaló que la justicia colombiana ha experimentado dificultades a la hora de investigar a los responsables de las agresiones contra periodistas. De esta manera, la excesiva duración de las investigaciones agrava el efecto de la impunidad por estos hechos de violencia.

Por las consideraciones anteriores, la Corte encontró que el asesinato de Nelson Carvajal se inscribe dentro de un contexto generalizado de impunidad por los homicidios de periodistas que ocurrían en la época. En ese sentido, y en particular en ese marco contextual, para la Corte la investigación inadecuada del homicidio de Nelson Carvajal por parte de las autoridades colombianas constituye, en sí misma, una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida. Por tanto, la Corte determinó que el Estado colombiano es responsable por la falta al deber de garantizar el derecho a la vida, contenido en el artículo 4.1 de la CADH, en relación con los artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) del mismo instrumento, en perjuicio de Nelson Carvajal Carvajal. [p. 170]. Igualmente, la sentencia determinó que Colombia es responsable internacionalmente por no investigar las amenazas en contra de varios familiares de Carvajal.

En relación con el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la Corte reiteró que tiene dos dimensiones: una individual, que se refiere al derecho de cada quien a expresarse; y una dimensión social, que se refiere al derecho de la sociedad de buscar y recibir diversas ideas e informaciones. Asimismo, la Corte estableció que el ejercicio de la profesión periodística no puede ser desligado del derecho a la libertad de expresión.

La Corte Interamericana indicó que las violaciones a la libertad de expresión van desde una restricción excesiva hasta su total supresión. En este sentido, el asesinato de periodistas es una de las formas más violentas de suprimir la libertad de expresión. La Corte enfatizó que la combinación de violencia contra periodistas y la impunidad tienen un doble impacto altamente negativo: primero, un efecto intimidante en otros periodistas que cubren historias similares, y segundo, en la comunidad ya que dejará de recibir información relevante [p. 177].  De ese modo, para la Corte el respeto y la garantía del derecho a la vida y la libertad de expresión de los periodistas, y de los comunicadores sociales, se encuentran estrechamente relacionados.

En el caso concreto, la Corte indicó que la libertad de expresión de Nelson Carvajal Carvajal se vio afectada “precisamente por el hecho de que éste no pudo continuar ejerciéndola debido a su muerte y a la falta de investigación de la misma. De ese modo, en las circunstancias particulares de este caso, necesariamente la determinación de la responsabilidad del Estado por una alegada violación a ese derecho, debe derivarse, entre otras consideraciones, de una responsabilidad del Estado por una violación al derecho a la vida de Nelson Carvajal.” [p. 176]

Con respecto a los familiares de Nelson Carvajal, la Corte estableció que debido al sufrimiento que les causó su muerte y la impunidad de su asesinato, Colombia es responsable por una violación de la integridad personal de los familiares de Carvajal consagrada en el artículo 5.1 de la CADH. También responsabilizó a Colombia por no investigar las amenazas contra varios familiares de Carvajal y, finalmente, determinó que se violaron los derechos a la libertad de movimiento y residencia de algunos de los familiares.