Caso de Atenco

Cerrado Expande el alcance del derecho a la Expresión

Key Details

  • Tipo de Expresión
    Expresión o conducta no verbal
  • Fecha de la decisión
    junio 30, 2010
  • Decisión
    Admisibiliad de la acción, Fallo a favor del acusado
  • Número del caso
    AD 4/2010
  • Región y País
    México, Latinoamérica y el Caribe
  • Órgano Judicial
    Corte Suprema [corte de última instancia/casación]
  • Régimen Jurídico
    Derecho Constitucional
  • Temas
    Libertad de Asociación y Asamblea/Protestas, Expresión Política
  • Palabras clave
    Acceso a la justicia, Crítica y oposición pública, Debido Proceso, Estigmatización

Analisis de Caso

Resumen y resultado del caso

La Suprema Corte intervino a través de la decisión en una acción de amparo luego de los disturbios causados por unos floristas que fueron reubicados y que ocurrieron en el municipio de Atenco, Estado de México, el día 3 de mayo de 2006. Siete personas fueron condenadas por los delitos de secuestro previsto en el artículo 259, antepenúltimo párrafo, del Código Penal para el Estado de México. Los jueces que conocieron el caso introdujeron en las causas particulares pruebas de otras indagatorias y procedimientos.

La Suprema Corte dejó sin efecto la condena y liberó a los condenados.


Hechos

El 3 de mayo de 2006 ocurrieron una serie de enfrentamientos en la ciudad de San Salvador Atenco entre la Policía Federal Preventiva de México y militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y otros adherentes a La Otra Campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El conflicto se desató por la defensa que las organizaciones sociales mencionadas hicieron de algunos vendedores de flores que habían sido desalojados de una plaza en Texcoco. Como parte de la protesta, los manifestantes habían cortado el tráfico en una carretera. Así mismo, los manifestantes fueron acusados de maltratar y amenazar de distintas maneras a los oficiales de la policía.  La respuesta del Estado fue la represión y posterior procesamiento penal de algunos de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Algunos de ellos fueron condenados a penas de hasta 67 años de prisión.

La Suprema Corte concedió la acción de amparo interpuesta contra las sentencias y ordenó la libertad de las personas condenadas.


Análisis de la Decisión

La Corte debió decidir si “¿existe violación al principio de legalidad y debido proceso cuando la autoridad judicial da validez al contenido material de las constancias que forman parte de una indagatoria ministerial o causa penal diversa a la que analiza, que se introducen al proceso penal en copia certificada, y en consecuencia, las coloca en condiciones de valoración como elementos particulares?” [p. 525].

La Suprema Corte concedió la acción de amparo interpuesta contra las sentencias y ordenó la libertad de las personas condenadas al considerar que las sentencias anteriores llegaron a la decisión sobre la responsabilidad tomando “en cuenta hechos no probados que tan sólo obran como indicios en averiguaciones previas” [p. 688]. Así, la mayoría de los jueces de la Corte se basó en que los imputados no tuvieron un juicio justo. Sin embargo, el ministro Juan Silva Meza afirmó que el verdadero objetivo de las sentencias desproporcionadamente altas contra los habitantes de Atenco era la criminalización de la protesta social.

Vale la pena mencionar los argumentos que, sobre el tema de la protesta social, mencionó la Suprema Corte. Al juzgar el actuar del tribunal que conoció el caso en primer lugar, estableció que

“En vez de que dicho órgano analizara si estaba o no ante un caso en que la protesta rebasaba los límites del derecho a expresarse libremente, procedió a generalizar falazmente que quienes intervenían en la misma incurrían determinados actuares ilícitos. Se insiste, un razonamiento así, únicamente podía tener base en el prejuicio de que los involucrados ―entre ellos, el quejoso― eran, prácticamente, delincuentes habituales. Y ¿por qué? Precisamente porque se presume inadecuadamente que quien ejerce la protesta social obra violenta o ilícitamente. Si nos tomamos en serio el derecho de permitir la libre expresión y la libre protesta, entonces esa clase de argumentación es inadmisible. Se refuerza, con ello, la exigencia según la cual, quien tiene la carga de probar la violación de un límite a dicho derecho es, de nuevo, el Estado. En conclusión, el derecho de levantar la voz ante lo que se considera una medida estatal injustificada, no puede ser usado en contra de quien lo ejerce” [p. 692].

El ministro Juan Silva Meza, aunque concurrió con la mayoría, afirmó en una audiencia donde los ministros expusieron sus posturas respecto del proceso que el verdadero objetivo de las sentencias desproporcionadamente altas contra los habitantes de Atenco fue la criminalización de la protesta social, y agregó:

«La ilegalidad de la sentencia reclamada se pone, desde mi perspectiva, aún más de manifiesto cuando la autoridad judicial enfatiza la responsabilidad de los quejosos, por la circunstancia de pertenecer a una organización social como lo es el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, partiendo de una ideología totalitaria, donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan por sí mismas la presunción de su peligrosidad y despliegue de conductas consideradas como delitos por los integrantes de dicha organización, sin que interese si se encuentran o no debidamente acreditadas, vulnerando con ello el sistema de protección de derechos fundamentales, de todo nuestro Estado mexicano, plasmado en diferentes órdenes jurídicos la manifestación de las ideas, el reclamo social no son per se sinónimo de delincuencia. Pensar lo contrario y utilizarlo como basamento para emitir una sentencia condenatoria, es actuar en contra de nuestro sistema de justicia garantista, es indefectible el desdoro de los más elementales derechos y libertades del ciudadano al emitir una sentencia analizada en el tema de constitucionalidad en el amparo que nos ocupa, y ello acreditado, conduce como se hace en el proyecto a proponer la concesión del amparo liso y llano y en consecuencia ordenarse, como ya se ha dicho aquí, su inmediata y absoluta libertad…» .


Impacto de la decisión

Información Inmediata

El Impacto de la Decisión indica si la decisión expande o restringe la expresión basado en el análisis del caso.

Expande el alcance del derecho a la Expresión

La decisión expande el derecho a la libertad de expresión, uniéndolo a la expresión en protestas y manifestaciones públicas. Si bien una mayoría de los jueces se enfocaron en argumentos de debido proceso, los comentarios que justificaron el voto del juez Silva Meza, y algunos apartes de la sentencia, destacaron que la condena había sido al menos parcialmente el resultado de la militancia política de las personas condenadas, y por lo tanto fruto de un prejuicio contra la protesta social. Al tomar en cuenta esto como un hecho agravante, la decisión promueve una fuerte defensa del derecho a la libertad de expresión en su vertiente de protesta social.

Perspectiva Global

Información Inmediata

La Perspectiva Global demuestra cómo la decisión de la corte fue influenciada por normas de una o más regiones.

Importancia De La Decisión

Información Inmediata

La importancia del caso se refiere a cuán influyente es el caso y cómo su importancia cambia con el tiempo.

La decisión tiene un efecto vinculante o persuasivo dentro de su jurisdicción.

En tanto se trata de una decisión de una alta Corte, la misma debe ser tenida en cuenta por la judicatura al momento de tomar decisiones en casos similares.

Enlace a los documentos oficiales del caso

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