COVID-19: el papel de los operadores judiciales y la protección y promoción del derecho a la libertad de expresión: directrices

‘La pandemia de COVID-19 y las medidas tomadas en todo el mundo en respuesta al brote han tenido consecuencias importantes para los derechos humanos. En los últimos meses, las autoridades de varios países declararon estado de emergencia, restringiendo muchos de los derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, el acceso a la información y la privacidad. Además, algunos gobiernos han aprobado leyes para combatir la desinformación, y es probable que las autoridades judiciales pronto tengan que fallar en casos relacionados con la libertad de prensa y la libertad de expresión debido a estas medidas.

Como la agencia especializada de las Naciones Unidas que tiene el mandato específico de promover y proteger la libertad de expresión y todo lo que de ella se desprende, la libertad de prensa y el acceso a la información, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) busca sensibilizar a todos los actores relevantes, y en particular a aquellos que trabajan en los sistemas judiciales (como jueces, fiscales y abogados), respecto de la importancia de garantizar estos derechos humanos fundamentales. Con esa finalidad, desde 2013, la UNESCO y sus organismos asociados han capacitado a más de 17.000 actores judiciales y representantes de la sociedad civil de América Latina y África sobre las normas internacionales y regionales relacionadas con la libertad de expresión.

Estas directrices se elaboraron para dar continuidad a este proyecto y, en particular, dan seguimiento a una serie de tres seminarios web (en español, inglés y francés) dirigidos a operadores judiciales, acerca de los problemas legales que se generan respecto de la libertad de expresión en el marco de la pandemia de COVID-19. Los seminarios web se organizaron en conjunto con el Instituto Bonavero de Derechos humanos (Facultad de Derecho, Universidad de Oxford), el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo (Departamento de Política y Relaciones Internacionales, Universidad de Oxford), el Centro Knight para Periodismo en las Américas, la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como también con los tribunales regionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO). Además, se beneficiaron especialmente del apoyo de la Open Society Foundations.

El propósito de estas directrices es brindar apoyo a los jueces y a los miembros del Poder Judicial para la protección y la promoción del derecho a la libertad de expresión, durante y después de la pandemia de COVID-19. Desde la UNESCO, esperamos que quienes utilicen estas directrices logren una comprensión más cabal de los marcos teóricos en los que se basa el derecho a la libertad de expresión y obtengan los conocimientos necesarios para poner en práctica esta teoría durante la crisis y una vez que esta haya pasado.’

 

Sección de Libertad de Expresión y Seguridad de los Periodistas
Sector de Comunicación e Información
UNESCO

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