Esta es una publicación de El Diálogo: Liderazgo para las Américas. También se encuentra disponible en inglés aquí.
El rol de las redes sociales para influir en el discurso público es uno de los problemas más desafiantes para la libertad de expresión en la actualidad. El presente informe del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell describe los principales puntos de interés respecto al funcionamiento del Facebook Oversight Board (FOB) y la inclusión del derecho internacional de derechos humanos en sus decisiones, con especial énfasis en los impactos que supone para la libertad de expresión en América Latina. Profundiza en algunos aspectos novedosos que presenta este mecanismo de apelación frente a decisiones complejas o controversiales derivadas de la denominada moderación de contenidos que realizan las principales plataformas para la circulación de información.
Este análisis también aborda los puntos de vista y desafíos que expertos y la sociedad civil observan frente a la naturaleza de éste tipo de mecanismos de autorregulación; profundiza en el impacto que el FOB y otros mecanismos no estatales pueden tener en las decisiones judiciales locales y en las discusiones legales que tienen lugar en la región sobre regulación de contenidos en plataformas digitales. Además, aborda el necesario diálogo de la región y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Es de esperar que este mecanismo no debería ser la única forma de rendición de cuentas frente al creciente impacto de estas empresas privadas en el debate público. Sus costos administrativos y complejidad de funcionamiento hacen que la experiencia no sea trasladable a cualquier plataforma de internet. Por ello, los actores que hacen parte de la gobernanza de Internet, la sociedad civil y la industria vinculada a las plataformas deberían explorar otros mecanismos de apelación ajustados a distintos contextos.
Finalmente, se brindan algunas recomendaciones dirigidas a los diferentes actores de la región latinoamericana para continuar profundizando el camino que aliente el debate público enmarcado en los estándares internacionales de derechos humanos.
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