Sabemos que los problemas relacionados con la vigilancia digital son complicados. Por un lado, están el entramado tecnológico de las herramientas utilizadas y los medios para sortearlas. Por otro lado, la delgada línea entre lo que puede ser aceptable para ayudar a garantizar nuestra seguridad personal y lo que empuja a nuestras sociedades hacia el territorio orwelliano.

Como nos muestran las revelaciones del Proyecto Pegasus, la vigilancia ilegal es el arma más reciente en el arsenal utilizado constantemente contra periodistas y defensores de derechos humanos. En efecto, la vigilancia en este contexto equivale al acoso. Una actividad perniciosa que puede pasar fácilmente del acoso en línea a los ataques físicos. Es ilegal. Afecta de manera desproporcionada a quienes se encuentran entre los más vulnerables, ya sea por su género, orientación sexual, raza u origen étnico. Y si a la gente se le permite acosar con impunidad, el problema no se detendrá.

Siendo cada vez más utilizado como una táctica dirigida, un arma para intimidar, infundir miedo y paralizar el trabajo de los periodistas, este tipo de vigilancia pone en riesgo las fuentes de información e impide que los periodistas nos proporcionen información para exponer el crimen y la corrupción, además de mantener a raya al poder.

“No creo que sea con los periodistas en sí que el gobierno tiene problemas. El gobierno tiene un problema con la gente […] Quiere seguir cometiendo crímenes en la sombra para que nadie descubra esos hechos y le hagan preguntas al respecto. Y los periodistas son los que estropean este plan.” – Sevinj Vaqifqizi, periodista azerbaiyano.

En este Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas debemos destacar la vigilancia como una táctica que amenaza a la seguridad de los periodistas y concientizar sobre cómo la impunidad crea las condiciones bajo las cuales este problema seguirá prosperando.

Los miembros de IFEX han advertido durante mucho tiempo sobre los peligros de los programas maliciosos(o malware) como Pegasus, por ejemplo. Pegasus es un producto del grupo israelí NSO que infecta los teléfonos de los objetivos, expone datos e incluso obtiene acceso a cámaras y micrófonos. A pesar de la afirmación de la compañía de que filtra a sus clientes en función de sus registros de derechos humanos, la compañía vendió Pegasus a regímenes autoritarios; así como a países como México, donde los objetivos incluían figuras de los medios de comunicación, un científico del gobierno e investigadores internacionales de derechos humanos, cuyo punto común ha sido hacerle preguntas desafiantes al gobierno públicamente.

El impacto personal de tal vigilancia puede ser devastador.

“Cuando estás hablando, mirando o haciendo algo con alguien en tu casa o en una cafetería o donde sea que estés, estarán escuchándote, viendo todo lo que haces. Todo lo que haces en tu dormitorio, en la ducha, en tu cocina, en la oficina con tus amigos o con quien sea». – Carmen Aristegui, periodista mexicana, destacada aquí en un artículo especial.

“Mis familiares también son víctimas; y también lo son mis fuentes. La gente con la que he estado trabajando y la que me dijo sus secretos también son víctimas». – Khadija Ismayilova, periodista azerbaiyana, destacada aquí en un artículo especial.

A nivel mundial, al menos 180 periodistas fueron seleccionados como objetivos de Pegasus.

Las décadas que nuestra red ha dedicado a promover la seguridad de los periodistas confirman que tal seguridad no se puede lograr plenamente en un clima en el que las personas, o los Estados, puedan intimidarlos, amenazarlos y dañarlos sin pagar por ello. Durante todo el año los miembros de IFEX trabajan para llevar a los culpables de estos crímenes ante la justicia y para establecer condiciones que les dificulten cometer tales crímenes.

Sabemos que es una tarea enorme. A pesar de ser ilegal según la legislación internacional en materia de derechos humanos, los actores involucrados en la vigilancia ilegal casi nunca enfrentan consecuencias por cometer estos crímenes.

El desafío es identificar dónde intervenir, dónde poner nuestra energía y dónde podemos tener el mayor impacto para detener esta práctica dañina. Esto incluye entre otras cosas, confrontar a las corporaciones y los gobiernos que permiten y participan en la vigilancia ilegal de periodistas.

La vigilancia es una bestia de muchas cabezas. Hay múltiples puntos de entrada para efectuar cambios: trabajar en políticas que establecer límites a lo que se considera vigilancia ‘necesaria y proporcionada’, presionar a los Estados para que adopten estándares internacionales, controlar las exportaciones de software de espionaje y apoyar medidas preventivas como el fortalecimiento y la normalización de cifrados.

Poner fin a la impunidad de la vigilancia ilegal tiene que ser parte de este trabajo. Es un trabajo largo que no es apto para quienes les falte fuerza y coraje, en especial cuando el culpable de los crímenes es el Estado. Sin embargo, sabemos por nuestra experiencia en la búsqueda de responsabilidades por los ataques físicos a periodistas que este tipo de trabajo sostenido vale la pena. Hace poco más de una semana, dos décadas de incidencia – por parte de la FLIP, miembro de IFEX, por Jineth Bedoya Lima y por tantos otros – llevaron a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminara en su caso que había “problemas serios y precisos y evidencia consistente de la participación del Estado en los actos de tortura física, sexual y psicológica contra la periodista.” Esta sentencia sienta un precedente importante para toda la región.

Otra buena noticia es que tenemos mucho apoyo de nuestro lado. Existe una gran red global de personas, que quizás trabajen en diferentes campos o se concentren en diferentes temas, pero que cuentan con las habilidades, la experiencia y la influencia necesarias para garantizar que la vigilancia ilegal no quede sin respuesta, que los culpables paguen un precio y que este precio efectivamente disuada a otros. Mientras sigamos aprovechando oportunidades como el Día mundial contra la impunidad (DMCI) para unirnos, colaborar, aprender y apoyarnos unos a otros, alzar nuestras voces y encontrar puntos de presión estratégicos donde podamos tener un impacto real, podremos contrarrestar el flagelo de la vigilancia ilegal contra periodistas.