Resumen y resultado del caso

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró que Rusia violó el derecho a la libertad de expresión al obstruir o denegar el acceso a archivos históricos sobre graves violaciones de los derechos humanos. Los cinco demandantes —investigadores, un descendiente de una víctima de las atrocidades cometidas por el Estado soviético, y una ONG fundada para documentar la represión política— denunciaron que, en sus intentos de acceder a archivos sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, se enfrentaron a restricciones (prohibición de hacer copias o tomar fotografías de los documentos, por ejemplo) o las autoridades rusas les negaron rotundamente la información. Los tribunales rusos incluso declararon a uno de los solicitantes culpable de obtener ilegalmente “secretos personales y familiares” mientras recababa información sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. El TEDH sostuvo que la búsqueda de la verdad histórica era parte integral de la libertad de expresión y que la investigación de los demandantes constituía una cuestión de interés público en la Rusia contemporánea. El Tribunal concluyó que las autoridades rusas no habían perseguido ninguna “necesidad social apremiante” ni presentado razones “pertinentes y suficientes” para restringir el derecho de los demandantes a recibir información. Además, el Tribunal argumentó que las restricciones de las autoridades rusas al acceso a los registros históricos sobre las víctimas y los autores de la represión política soviética socavaban un debate público socialmente significativo.

Hechos

Suprun

En 2007, Mikhail Suprun, historiador afincado en Arkhangelsk (Rusia), firmó un contrato para analizar miles de registros de archivo y publicar un libro titulado “Alemanes de etnia rusa, víctimas de la represión en la década de 1940”. El contrato restringía el uso de los datos de archivo únicamente a “fines humanitarios y académicos”. Su alcance incluía “hasta 40.000 registros de archivos rusos relativos a víctimas de internamiento, represión y deportación que fueran súbditos civiles alemanes, antiguos ciudadanos de la URSS de origen étnico alemán, oficiales alemanes de la Wehrmacht, funcionarios alemanes y alemanes étnicos con nacionalidad de otros estados de Europa del Este” [párr. 5-6]. Tras haber procesado más de 8.000 documentos, Suprun trabajó en un libro conmemorativo en 2007-08.

En septiembre de 2009, basándose en una investigación del Servicio Federal de Seguridad (FSB), un Comité de Investigación regional abrió una causa penal contra Suprun. El académico fue acusado de vender datos personales de ciudadanos de la URSS sin su consentimiento. En diciembre de 2011, un Tribunal de Distrito sostuvo que los documentos en cuestión incluían “secretos personales y familiares” [párr. 11]. Este declaró a Suprun culpable de obtener ilegalmente dichos secretos y enviarlos al extranjero sin el consentimiento de los afectados. No obstante, el tribunal le eximió de responsabilidad penal debido a la prescripción del delito. Suprun recurrió la decisión. En febrero de 2012, el Tribunal Regional de Arkhangelsk rechazó el recurso.

Dupuy

Marie Dupuy es sobrina nieta del diplomático sueco Raoul Wallenberg. Wallenberg es conocido internacionalmente por salvar la vida de decenas de miles de judíos húngaros durante la Segunda Guerra Mundial. La contrainteligencia militar soviética detuvo a Wallengerg en enero de 1945 y lo llevó a Moscú para interrogarlo. Las autoridades soviéticas negaron que Wallengerg hubiera estado bajo su custodia hasta 1957, cuando finalmente publicaron una declaración en la que afirmaban que Wallengerg había muerto a causa de un ataque al corazón en la prisión de Lubyanka, en Moscú, el 17 de julio de 1947.

Gracias a una investigación realizada por un grupo de trabajo conjunto ruso-sueco que duró casi una década, en 2001 se confirmó la detención de Wallengerg en dos prisiones de Moscú en 1945-47, con pruebas de que probablemente había muerto de forma violenta en una prisión de seguridad del Estado. En 2009, con la autorización de Dupuy, investigadores independientes presentaron una lista de preguntas al Archivo Central del FSB relativas a la prisión de Lubyanka, que desenterraron registros que contradecían la fecha de la muerte de Wallenberg declarada anteriormente. El FSB se negó a proporcionar una copia del interrogatorio de Wallenberg del 23 de julio de 1947, sin indicar la razón de su negativa. En marzo de 2017, Dupuy presentó tres solicitudes al Archivo Central del FSB solicitando copias no censuradas de registros de archivo. En abril de 2017, Dupuy recibió una respuesta. Según el FSB, no se podía conceder el acceso porque los registros “ya se habían puesto a disposición de investigadores independientes” [párr. 20].

En julio de 2017, Dupuy impugnó la denegación ante un tribunal de distrito de Moscú. Este desestimó su demanda argumentando que los registros que Dupuy había solicitado también se referían a otras personas, no relacionadas con ella ni con Wallenberg. Dupuy apeló. En febrero de 2018, el Tribunal Municipal de Moscú se negó a considerar la apelación. En noviembre de 2018, el Tribunal Supremo de la Federación Rusa desestimó el caso.

Kulakova, Startseva y Kondrakhina

Yevgenia Kulakova, Olga Startseva y Yelena Kondrakhina colaboraron con la Fundación Iofe, un centro de investigación, para contribuir a su archivo en línea de materiales históricos sobre la represión soviética. Dichos materiales, de otro modo, solo estaban disponibles en persona en los archivos del FSB. En marzo y abril de 2019, Kulakova, Startseva y Kondrakhina revisaron archivos en el centro de archivos del FSB en San Petersburgo. Con solo dos horas asignadas por sesión de revisión, y con la prohibición de fotografiar o copiar los materiales, su tarea fue imposible de completar.

Las investigadoras impugnaron las restricciones sobre hacer copias y tomar fotografías impuestas por el FSB ante el Tribunal de Distrito Dzerzhinskiy de San Petersburgo. En septiembre de 2019, el Tribunal denegó la demanda, citando la Ley de Rehabilitación—que establecía que “el procedimiento para obtener copias de casos penales archivados no extendía este derecho a individuos distintos de los rehabilitados y sus familiares” [párr. 29]. El recurso de los investigadores fue desestimado por el Tribunal de la ciudad de San Petersburgo en enero de 2020.

Prudovskiy

Sergey Prudovskiy, historiador y escritor, trabajó en un libro sobre las “operaciones étnicas” —persecuciones selectivas contra extranjeros, ciertos grupos étnicos y rusos en el extranjero— llevadas a cabo por el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos (NKVD), el Ministerio del Interior de la Unión Soviética. Prudovskiy se centró específicamente en la “Operación Harbin”, una campaña dirigida contra antiguos trabajadores de los Ferrocarriles Orientales Chinos que dejó más de 19.000 condenas a muerte.

• Acceso a las identidades de los oficiales de la NKVD

En 2018, Prudovskiy solicitó acceso al expediente de Tatyana Kulik, detenida en 1937, condenada a muerte y ejecutada. El FSB de Moscú le concedió acceso a las copias de los documentos originales. Los nombres, cargos y firmas de los oficiales del NKVD y de los fiscales fueron censurados. El FSB justificó las eliminaciones “refiriéndose a una conclusión no publicada de 2014 de la Comisión Interdepartamental para la Protección de los Secretos de Estado, que amplió el periodo de confidencialidad de cierta información entre 1917-1991 en treinta años, hasta 2044” [párr. 34].

Prudovskiy impugnó la clasificación de la información ante un tribunal. En junio de 2020, el Tribunal de la ciudad de Moscú rechazó la demanda de Prudovskiy, al considerar que la información solicitada revelaba las “identidades del personal de contrainteligencia y sus métodos”, [párr. 36] protegidos por la Lista de información clasificada como secreto de Estado. Prudovskiy apeló. En octubre de 2020, el Primer Tribunal de Apelación confirmó la decisión del tribunal inferior. En abril de 2021, el Segundo Tribunal de Casación desestimó el caso. En julio de 2021, el Tribunal Supremo también lo desestimó.

• Adquisición de copias de documentos de archivo

En 2019, Prudovskiy solicitó copias de los registros de traslado de presos y de los informes de ejecución —en color, para utilizarlos como ilustraciones en su libro— o que se le permitiera hacer fotos de los documentos. El Archivo Central del FSB solo permitió ver los documentos.

Ante el Tribunal de Distrito de Khoroshevsky, en Moscú, Prudovskiy alegó que se había violado su derecho a acceder a la información. En junio de 2020, el tribunal desestimó la demanda. Para él, sólo los familiares de las personas rehabilitadas podían acceder a las copias, mientras que ninguna ley preveía “el derecho a copiar de forma independiente los documentos de archivo” [párr. 38]. En septiembre de 2020, el Tribunal Municipal de Moscú confirmó la sentencia del tribunal inferior. Los subsiguientes recursos de Prudovskiy —ante el Segundo Tribunal de Casación y el Tribunal Supremo— fueron desestimados en diciembre de 2020 y junio de 2021, respectivamente.

• Acceso a la información sobre un oficial de la NKVD no rehabilitado

En diciembre de 2019, Prudovskiy solicitó acceso a los expedientes de varios oficiales del NKVD, incluido uno no rehabilitado. El Archivo Central del FSB denegó la solicitud, citando la Orden Conjunta del Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior y el FSB, no. 375/584/352 del 25 de julio de 2006.

Ante el Tribunal de Distrito Khoroshevsky de Moscú, Prudovskiy argumentó que la citada orden no era aplicable. En julio de 2020, el tribunal le dio la razón al FSB. Los recursos posteriores de Prudovskiy fueron desestimados por el Tribunal Municipal de Moscú en diciembre de 2020, el Segundo Tribunal de Casación en junio de 2021 y el Tribunal Supremo en septiembre de 2021.

International Memorial

International Memorial es una ONG fundada en los últimos años de la Unión Soviética para documentar la represión política. En octubre de 2022 la organización recibió el Premio Nobel de la Paz.

• Adquisición de copias de los protocolos de la troika del NKVD

Uno de los proyectos de International Memorial consistía en documentar el Gran Terror de 1937-38 en la República de Carelia. Los investigadores planearon crear un sitio web en el que se mostrarían registros de la represión, incluidas copias de los protocolos recopilados por las troikas del NKVD —grupos de tres funcionarios que acusaban y sentenciaban a personas a ejecución o encarcelamiento sin juicio previo. Las troikas del NKVD formaron parte del Gran Terror dirigido contra los “elementos antisoviéticos” en 1937-38. En 2019, International Memorial solicitó acceso a esos protocolos y permiso para fotografiar los documentos o hacer copias. El FSB solo permitió acceso para revisar los documentos, argumentando que el derecho a obtener copias estaba reservado 1) para las personas rehabilitadas y sus familias y 2) “para fines asociados a la protección social” [párr. 45].

International Memorial presentó una denuncia ante el Tribunal de la ciudad de Petrozavodsk, en Carelia. En junio de 2020, el tribunal le dio la razón al FSB. La organización apeló ante el Tribunal Supremo de Carelia, que “reconoció el derecho de International Memorial a acceder a documentos relacionados con la represión política, pero sostuvo que este derecho no incluía la realización de copias” [párr. 47]. El Tercer Tribunal de Casación y el Tribunal Supremo de Rusia desestimaron otros recursos en abril de 2021 y noviembre de 2021, respectivamente.

• Información sobre los fiscales que participaron en las troikas del NKVD

En 1989, el Presidium del Soviet Supremo de la URSS declaró inconstitucionales las decisiones de las troikas del NKVD durante el Gran Terror de 1937-38. Después de eso, International Memorial comenzó a elaborar un directorio de todos los oficiales de la troika. En julio de 2019, International Memorial, en colaboración con otras organizaciones, presentó una solicitud a la Fiscalía General para obtener detalles —nombres, fechas de nacimiento, educación, etc.— sobre once antiguos fiscales y miembros de la troika. Invocando la Ley de Datos Personales —y la prohibición de revelar datos personales sin consentimiento—, la Fiscalía rechazó la solicitud.

International Memorial recurrió la denegación ante el Tribunal del Distrito Tverskoy de Moscú. En julio de 2020, el tribunal desestimó la demanda, refiriéndose a la protección de la información privada, y se negó a reconocer el  interés público “en la divulgación de información sobre los fiscales, porque su pertenencia a un órgano extrajudicial ilegal, que emitió veredictos que incluían sentencias de muerte, no era una prueba concluyente de delitos contra la justicia” [párr. 52]. El Tribunal de la ciudad de Moscú confirmó la decisión en marzo de 2021. El Segundo Tribunal de Casación desestimó un recurso en agosto de 2021. El Tribunal Supremo de Rusia hizo lo mismo en febrero de 2022.

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Todas las personas mencionadas e International Memorial presentaron demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), alegando que se había vulnerado su derecho a recibir información. El Tribunal examinó las solicitudes conjuntamente y determinó que, a pesar de la retirada de Rusia del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) el 16 de septiembre de 2022, era competente para decidir sobre el asunto porque los hechos tuvieron lugar antes de la fecha de retirada.

Análisis de la Decisión

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió una decisión sobre el asunto el 18 de junio de 2024. Este tuvo que analizar si Rusia violó el derecho a la libertad de expresión de los demandantes al denegar u obstruir el acceso a información relativa a graves violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar en la Unión Soviética.

Argumentos de los demandantes

Suprun alegó que su condena no tenía base legal suficiente porque la legislación rusa no definía los “secretos privados y familiares”. Además, afirmó que la información que recopiló no exponía la vida privada de las personas en cuestión, sino que se refería a sus experiencias con las autoridades públicas y la represión política, por lo que estaba relacionada con un asunto de interés público general. Suprun subrayó que había sido procesado por su trabajo académico y que eso “ejercía un efecto amedrentador sobre otros investigadores” [párr. 79].

Dupuy argumentó que había un fuerte indicio de que Wallenberg había muerto debido a la implicación directa de las autoridades soviéticas, algo que pretendía aclarar accediendo a los documentos de archivo. Dupuy también argumentó, haciendo hincapié en el derecho a la verdad histórica, que los familiares de Wallenberg y la comunidad internacional “tenían un interés justificado en el discurso completo de los acontecimientos que condujeron a su muerte bajo custodia soviética” [párr. 80].

Kulakova, Startseva y Kondrakhina afirmaron que las restricciones del FSB sobre el copiado de documentos de archivo eran innecesarias y obstaculizaban su trabajo de forma significativa. También afirmaron que el FSB no justificó las restricciones impuestas,  y que estas que mostraban “una intención de disminuir la confianza en el archivo público y restringir el debate público sobre cuestiones sociales significativas” [párr. 81].

Prudovskiy e International Memorial argumentaron que las leyes internas de Rusia, incluidas la Ley de Datos Personales y la Ley de Secretos de Estado, no justificaban la denegación de las solicitudes de información al FSB. Para ellos, 1) los datos laborales solicitados sobre los fiscales soviéticos no constituían secretos personales, y 2) la legislación rusa prohibía la clasificación de información sobre violaciones históricas de derechos. Prudovskiy e International Memorial hicieron hincapié en que su investigación histórica sufrió significativamente debido a las restricciones, “especialmente en un contexto en el que las autoridades estatales trataban de desacreditar y suprimir las narrativas históricas disidentes sobre el pasado soviético” [párr. 82].

Argumentos del Gobierno

El Gobierno sólo se refirió al caso de Suprun. Argumentó que el término “vida privada” era demasiado amplio para ser definido exhaustivamente y que sólo los individuos en cuestión podían decidir qué aspectos de su vida privada necesitaban confidencialidad. Rusia también alegó que las autoridades habían actuado para detener la publicación ilegal de información por parte de Suprun, considerando que no había recibido el consentimiento de los herederos de las personas.

Intervenciones

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDN) y ARTICLE 19 presentaron intervenciones en las que hacían referencia al “derecho a la verdad” en el derecho internacional y a la consiguiente obligación de los Estados de facilitar el acceso a los registros de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. La FIDN argumentó que las autoridades rusas se habían embarcado en la glorificación de algunas narrativas soviéticas al tiempo que ocultaban los crímenes del régimen soviético. ARTICLE 19 subrayó que el derecho a la verdad, definido inicialmente en el contexto de las “desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales” [párr. 85], entraba dentro del ámbito de la libertad de expresión porque el derecho a recibir información era su núcleo. Además, destacó que al difundir hechos históricos al público y analizar acontecimientos pasados, los investigadores preservaban la memoria y buscaban prevenir la repetición de atrocidades.

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El Tribunal comenzó su análisis reiterando que el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos no concede automáticamente a los individuos el derecho a recibir información en poder de las autoridades públicas. Citando el caso Magyar Helsinki Bizottság v. Hungría, el Tribunal subrayó, sin embargo, que este derecho —y la obligación de las autoridades públicas de impartir información— “puede surgir en casos en los que el acceso a la información es esencial para el ejercicio por parte de un individuo de su derecho a la libertad de expresión” [párr. 71]. Para determinar si el artículo 10 podía aplicarse, el Tribunal esbozó los siguientes criterios para su consideración según el caso citado anteriormente: “(a) el propósito de la solicitud de información; (b) la naturaleza de la información que se busca; (c) el papel del solicitante; y (d) la disponibilidad de la información en cuestión” [párr. 72].

Abordando cada punto, el TEDH sostuvo que a) al investigar y difundir hechos sobre la represión política del pasado, los solicitantes contribuyeron a “un componente esencial del debate público” [párr. 73]; b) la naturaleza de la información buscada por los solicitantes sirvió para aumentar la transparencia sobre las violaciones de los derechos humanos en un momento controvertido de la historia —el caso Wallenberg en particular demostró la presencia de un fuerte interés público—, y c) el papel de cada solicitante estaba “motivado por razones legítimas, académicas y de interés público” [párr. 75]. International Memorial funcionaba como un “perro guardián social”; Suprun y Prudovskiy trabajaban como historiadores profesionales; Kulakova, Startseva y Kondrakhina trabajaban como investigadoras asociadas; y Dupuy era pariente de una figura histórica supuestamente sometida a una ejecución extrajudicial.

Citando el caso Animal Defenders International v. Reino Unido, el TEDH reiteró el alto nivel de protección concedido a las ONG que desempeñan una función de vigilancia pública. El Tribunal también mencionó el caso Šeks v. Croacia, para subrayar el papel de los académicos y autores cuyo trabajo aborda un asunto de interés público. En cuanto al cuarto criterio, el TEDH sostuvo que d) la información solicitada por los demandantes estaba “lista y disponible” [párr. 76].

A la luz de esto, el Tribunal consideró que el artículo 10 del Convenio era aplicable.

Haciendo referencia a Yuriy Chumak v. Ucrania y Šeks, el Tribunal sostuvo que la decisión de las autoridades de denegar el acceso a los registros de archivo interfería con el derecho de los demandantes a recibir información, consagrado en el CEDH. Además, citando el caso Karastelev y otros v. Rusia, el Tribunal subrayó que dicha injerencia no se limitaba a las decisiones que denegaban el acceso a la información. En el caso de Suprun, por ejemplo, el TEDH consideró que el proceso penal contra él le había impedido publicar un libro sobre las víctimas de la represión política.

Citando el caso Kenedi v. Hungría, el Tribunal también consideró que se había producido una injerencia en el caso de un historiador al que se le denegó arbitrariamente el acceso sin restricciones a documentos —y quien no podía publicar nada que estuviera calificado como secreto de Estado. Sobre este punto, el TEDH argumentó que “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión [era] imposible sin la capacidad de impartir información de forma precisa y exhaustiva” [párr. 90]. Siguiendo este razonamiento, el TEDH sostuvo que las solicitudes de los investigadores para copiar o fotografiar documentos, si se hubieran concedido, habrían aumentado la precisión, la transparencia y la fiabilidad en la difusión de los registros históricos. Por lo tanto, el Tribunal afirmó que la prohibición de copiar y fotografiar documentos de archivo constituía una injerencia en el derecho de los demandantes a recibir información.

Posteriormente, el TEDH subrayó que la búsqueda de la verdad histórica era “parte integrante de la libertad de expresión” [párr. 91]. Dado que el régimen soviético seguía siendo objeto de debates académicos y públicos, el Tribunal sostuvo que era una cuestión de interés público en la Rusia contemporánea, que seguía dándole forma a las opiniones de la gente sobre el pasado. Para subrayar este punto, el TEDH se refirió a Perinçek v. Suiza y Chauvy y otros v. Francia. Citando Ungváry v. Hungría, el Tribunal subrayó que esos asuntos merecían “el alto nivel de protección garantizado al discurso político” [párr. 92].

El TEDH no consideró necesario analizar en detalle el marco jurídico interno de Rusia y se limitó a asumir que la injerencia tenía los “objetivos legítimos de proteger la seguridad nacional y la reputación de los derechos de terceros” [párr. 92]. El Tribunal observó que los motivos jurídicos de las restricciones al acceso a la información diferían en los casos de los demandantes. A pesar de ello, consideró “que en el núcleo de la queja de los demandantes está la caracterización de la información que solicitaron a las autoridades como [datos personales o secretos oficiales]”.

En cuanto a la primera caracterización, el Tribunal contrastó el caso actual con Társaság a Szabadságjogokért v. Hungría, Centre for Democracy and the Rule of Law, y Saure v. Alemania (no. 2), para señalar una diferencia central: los casos citados se referían a personas vivas. El paso del tiempo en el presente caso, sin embargo, permitió al TEDH asumir que las personas en cuestión ya no estaban vivas. Teniendo esto en cuenta, opinó que “la vida privada de una persona fallecida [no] continúa después de la muerte” [párr. 96], y que los derechos recogidos en el artículo 8 del CEDH (intimidad) eran personales e intransferibles (Jäggi v. Suiza y Dzhugashvili v. Rusia). Así, el Tribunal declaró que el acceso a la información sobre los oficiales del NKVD y los fiscales del Estado, profesionalmente activos entre los años 1930-40, no violaba su intimidad.

En cuanto a la protección de los sentimientos de los herederos bajo el artículo 8, el Tribunal comparó el presente caso con Éditions Plon v. Francia, M.L. v. Eslovakia, Hachette Filipacchi Associés v. Francía, y Putistin v. Ucrania. Al hacerlo, consideró que la información solicitada por los demandantes no pretendía exponer ningún aspecto íntimo de la vida de las víctimas y los autores, sino que se refería a su vida pública o profesional: “La información recopilada por el Sr. Suprun (véase el párrafo 5 supra) y solicitada por el Sr. Prudovskiy e International Memorial (véanse los párrafos 34, 40 y 49 supra) incluía los elementos biográficos básicos, los antecedentes laborales y los detalles de los procedimientos extrajudiciales” [párr. 99].

Refiriéndose de nuevo a Magyar Helsinki Bizottság, el Tribunal subrayó que “las actividades profesionales de los antiguos funcionarios no pueden considerarse un asunto privado” [párr. 99]. Además, en el caso de Suprun, el TEDH destacó que los herederos de las víctimas en cuestión declararon que el trabajo del historiador no había afectado a la reputación de sus antepasados, un hecho que los tribunales nacionales ignoraron. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que el artículo 8 del CEDH no era aplicable al caso.

Sobre la segunda caracterización (que la información solicitada constituía secretos de Estado), el TEDH señaló que los miembros de la troika del NKVD no habían llevado a cabo ninguna operación de contraespionaje o de búsqueda. Para el Tribunal, eran fiscales implicados en la fabricación de casos criminales hace más de 80 años. Por lo tanto, sostuvo que era “inverosímil” que la revelación de sus detalles básicos —nombre, rango, etc.— “pudiera socavar la seguridad nacional actual” [párr. 101]. El TEDH subrayó que las operaciones extrajudiciales de las troikas del NKVD habían sido declaradas inconstitucionales en la década de 1980, lo que, en este caso, anulaba la “necesidad social apremiante” de preservar el secreto en torno a los autores en la Rusia actual.

El Tribunal también consideró que la búsqueda de la verdad histórica justificaba “un alto nivel de protección”, y que “[l]a interferencia con la investigación histórica sobre este tema [las violaciones de los derechos humanos permitidas o realizadas por el Estado] inevitablemente transmit[ía] la impresión de que el objetivo era proporcionar inmunidad a los responsables” [párr. 102]. Comparando el presente caso con Magyar Helsinki Bizottság y Saure, el TEDH subrayó que, en lugar de limitar su análisis a las disposiciones legales internas aplicables, los tribunales nacionales deberían haber llevado a cabo un examen exhaustivo del asunto siguiendo la jurisprudencia del TEDH.

El Tribunal concluyó que, al interferir en el derecho de los demandantes a recibir información, las autoridades rusas no habían perseguido ninguna “necesidad social apremiante” ni presentado razones “pertinentes y suficientes” que justificaran la injerencia.

Por último, el Tribunal consideró la prohibición de obtener copias de documentos de archivo impuesta a Prudovskiy, Kulakova y otros. El TEDH se refirió a la confianza de los tribunales nacionales en una ley rusa que no permitía explícitamente copiar documentos a nadie que no fuera una persona rehabilitada o sus familiares. Citando Társaság a Szabadságjogokért, el Tribunal argumentó que “la ley no puede permitir restricciones arbitrarias que puedan convertirse en una forma de censura indirecta” [párr. 105]. Aunque reconoció que ciertas circunstancias pueden llevar a la denegación de copias de materiales de archivo, según el Convenio de Tromsø, el Tribunal sostuvo que “la mera referencia a una laguna legislativa [era] insuficiente para justificar la injerencia en el derecho a la libertad de expresión” [párr.105].

El Tribunal no pudo identificar ninguna “necesidad social apremiante” que pudiera haber justificado la citada restricción. También reiteró que los registros de archivo estaban “listos y disponibles”, y que el permiso de las autoridades a un acceso de sólo visualización socavaba la fiabilidad y accesibilidad del trabajo de los investigadores. En consecuencia, el TEDH concluyó que la injerencia impedía un debate público sobre una cuestión de importancia social.

A la luz de los argumentos expuestos, el Tribunal consideró que Rusia violó el derecho a la libertad de expresión de los demandantes, recogido en el artículo 10 del CEDH. El TEDH concedió a Suprun, Prudovskiy e International Memorial, €7.500 en concepto de daños no pecuniarios. Los demás demandantes afirmaron que se darían por satisfechos con el reconocimiento de una violación. Por lo tanto, el Tribunal no les concedió ninguna indemnización por daños y perjuicios.