Resumen y resultado del caso

En 2012 el diario La Hora realizó una publicación sobre los gastos del gobierno ecuatoriano en campañas publicitarias. El Estado solicitó la rectificación de la noticia difundida, y aportó información específica sobre esos rubros. En respuesta, La Hora publicó parte de la información proporcionada por la Subsecretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP), sin embargo, esta entidad estimó que la renuencia del diario a difundir la totalidad de los datos entregados, suponía una violación a los derechos a honra, a la dignidad y a la rectificación en cabeza del Estado, razón por la cual interpuso una acción de protección. El Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha admitió la acción, tuteló los derechos reclamados y ordenó al diario La Hora presentar disculpas públicas y realizar una nueva nota, con toda la información proporcionada por la Subsecretaría. Tras un recurso de apelación presentado por La Hora, la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial, confirmó la decisión de primera instancia. Finalmente, la Corte Constitucional, en sede del recurso de revisión, revocó el 4 de septiembre de 2019 las sentencias de primera y segunda instancia, pues concluyó que ambos jueces habían restringido arbitrariamente el derecho a la libertad de expresión del diario La Hora.

Hechos

El 10 de octubre de 2012, el diario La Hora publicó un artículo titulado “71 millones en propaganda” donde informó las cifras del gasto sufragado por el gobierno de Rafael Correa en campañas publicitarias oficiales, durante el periodo preelectoral. La información que soportó su artículo fue aportada por la Corporación Participación Ciudadana, ONG ecuatoriana. El 11 de octubre siguiente, el Subsecretario Nacional de la Administración Pública, el Sr. Oscar Pico, solicitó al diario La Hora la rectificación de la publicación realizada y aportó información complementaria sobre las sumas invertidas en publicidad. El 13 de octubre de 2012, el Diario la Hora realizó una publicación titulada “Réplica”, en donde publicó solamente algunos de los datos entregados por el subsecretario.

El 31 de octubre de ese mismo año, el Sr. Oscar Pico presentó acción de protección en contra del diario La Hora, y de su propietario, la Editorial Minotauro S.A., por considerar que las actuaciones del diario habían afectado a la “administración pública, en particular, la Función Ejecutiva y el Gobierno Nacional” [P. 6], y habían vulnerado su derecho a la rectificación. El diario La Hora solicitó el rechazo de la acción, pues consideró que en este caso el mecanismo procedente era la acción de hábeas data, y que la información proporcionada por el subsecretario no podía ser considerada como una rectificación, toda vez que reproducía los datos recogidos por la Corporación Participación Ciudadana, base del artículo original.

El Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha admitió la acción incoada, y consideró que el diario La Hora había vulnerado el derecho a la información veraz y la garantía de la rectificación del Estado, por lo que ordenó la publicación de unas disculpas públicas y de la totalidad de la información aportada por el subsecretario.

El 12 de noviembre de 2012, el diario la Hora realizó otra publicación titulada “Rectificación judicial”, y el 14 de noviembre solicitó la aclaración de la sentencia, en lo concerniente a las pruebas que permitieron al a quo concluir que la información presentada por el diario fue falsa o inexacta, y por tanto violatoria de los derechos invocados. En auto del 22 de noviembre de 2012, el Juez denegó la solicitud, y el diario interpuso recurso de apelación. La Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha, el 12 de enero de 2013 confirmó la sentencia de primera instancia. Para la Sala, los medios de comunicación ostentan una gran responsabilidad por los daños que puedan ocasionarse a la honra, producto de publicaciones inexactas. A su juicio la rectificación es la acción más idónea para contrarrestar ese daño causado y declaró que La Hora vulneró los derechos del accionante al no garantizar una adecuada rectificación.

El 16 de abril de 2013, la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial envió la sentencia de segunda instancia, junto con el expediente del proceso, a la Corte Constitucional, para su revisión; y, el 25 de junio de 2013, la Sala de Selección de la Corte Constitucional optó por escoger el caso para emitir jurisprudencia aclaratoria y vinculante.

Análisis de la Decisión

En esta oportunidad, la Corte Constitucional ecuatoriana examinó si el Estado, como institución, es titular de los derechos a la honra y a la dignidad frente a los y las ciudadanas, y de ser así, si puede hacer uso del derecho a la rectificación, cuando sus consideraciones se contraponen al ejercicio de la libertad de expresión, en la divulgación de información de interés público.

Para la Corte, el Estado como institución no puede ser titular de derecho al honor, ni a la dignidad, tanto menos de la rectificación; por el contrario, es el organismo encargado de respetarlos y garantizarlos. Por ese motivo, el Estado y sus instituciones sólo pueden presentar acciones de protección cuando se pretenda “tutelar los derechos de personas, comunidades, pueblos, […] nacionalidades, […] o la naturaleza” [P. 14], mas no cuando se propone litigar en causa propia. Por ello concluyó que la acción presentada para proteger a la administración pública era improcedente.

La Corte Constitucional resaltó el rol fundamental de los medios de comunicación en las sociedades democráticas, como un vehículo para la divulgación de información de interés público, y de fomento para el debate plural. Por ello, para el Alto Tribunal, la restricción a la libertad de expresión, en la modalidad de difusión de información de interés público, requiere la realización de un test estricto de proporcionalidad.  En el caso objeto de análisis, la Corte declaró que los entes estatales cuentan con otros mecanismos para difundir información de tipo oficial, que no hubiese sido publicada – por ejemplo – a través de medios de comunicación privados, de manera que exigir el derecho a la rectificación fue la medida más lesiva para alcanzar el fin de plena difusión que perseguía la Subsecretaría Nacional de la Administración Pública, y aquel – advirtió el Tribunal – no puede ser usado de forma abusiva cuando se cuenta con otros canales de difusión, pues ello redundaría en la censura de los medios de comunicación.

Adicionalmente, la Corte destacó que en este tipo de debates es deber de las autoridades judiciales verificar si el medio de comunicación reprodujo declaraciones de terceros, haciendo la correspondiente citación de la fuente, pues en esos casos ellos no pueden ser sometidos a “juicios de verdad”, salvo que la parte accionante demuestre que el medio tenía conocimiento de la falsedad de la información y tenía una motivación de causar daño.

Por lo tanto, concluyó que las decisiones de instancia condujeron a una restricción ilegítima de la libertad de expresión, sobre la base de salvaguardar un derecho del que no es titular el Estado, y omitiéndo que la exigencia misma de la rectificación era innecesaria y por lo tanto desproporcionada.