Resumen y resultado del caso

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica consideró que no violaba la libertad de expresión, ni la libertad de cultos, la prohibición de realizar actividades políticas o religiosas en una plaza de propiedad de una entidad estatal (el Banco Central de Costa Rica) ya que esta tiene la naturaleza de “bien privado de la administración”. Para la Corte, la naturaleza de la plaza le permite a su dueño imponer ciertas restricciones que garanticen su conservación y buen uso.

Hechos

El Banco Central de Costa Rica es el dueño de la Plaza de la Cultura y delegó para su administración a la Fundación de Museos Banco Central. Esta expidió un reglamento sobre el uso de la plaza en el cual se prohíben actividades políticas o religiosas. El accionante pidió autorización para realizar en dicha plaza, una lectura continua e ininterrumpida de la Biblia, autorización que le fue negada con fundamento en el reglamento. En consecuencia, interpuso el recurso de amparo alegando que se vulneraron sus derechos de libertad de culto y expresión.

La Corte decidió negar el amparo por considerar que la naturaleza de la plaza le permite a su dueño imponer ciertas restricciones que garanticen su conservación y buen uso.

Análisis de la Decisión

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debió resolver si viola la libertad de expresión y la libertad religiosa el reglamento de una plaza de propiedad de una entidad pública dedicada a actividades culturales, que prohíbe manifestaciones políticas y religiosas.

La Corte comenzó por indicar la importancia que ostenta el derecho a la libertad de expresión y por recordar la prohibición de la censura así como los requisitos que deben tener las limitaciones de este derecho para ser legítimas. En este punto, la Corte pasó a definir la naturaleza del bien inmueble en el que estaba prohibido hacer manifestaciones religiosas, pues dependiendo de esta y del régimen jurídico aplicable, se podía establecer si el reglamento vulneraba o no la libertad de expresión y la libertad religiosa.

Al respecto, la Corte indicó que “los bienes propiedad de los entes públicos pueden ser de dos clases: bienes demaniales y bienes privados de la Administración. (…) [éstos últimos] son aquellos que siendo bienes de titularidad pública, en principio, no están afectos a la utilidad pública y se regulan por el régimen de derecho privado, salvo algunas modificaciones” [par. 30].

La Corte señaló que la plaza donde se iban a hacer las manifestaciones era un bien privado de la Administración. En consecuencia, era legítimo el reglamento que había impuesto el Banco Central, pues la entidad tenía plenas facultades de administración y reglamentación sobre este tipo de inmuebles. A su juicio, la decisión hubiera sido diferente si se tratara de un bien de uso público, pues estos están sometidos a un régimen jurídico diferente en el cual, en principio, no es posible restringir el derecho a la libertad de expresión en casos similares.

En suma a juicio de la Corte, no viola la libertad de expresión el reglamento que prohíbe manifestaciones religiosas en bienes inmuebles, incluso aquellos como las plazas, cuando se trata de bienes privados de la administración.

La Corte para decidir además explicó el contenido del derecho de libertad de cultos y lo diferenció de la libertad de conciencia y religiosa, para lo cual citó el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.