Resumen y resultado del caso

Un periodista interpuso una demanda de amparo solicitando ser reconocido como  “periodista” con el propósito de que los hechos delictivos que se cometieron contra él fueran atendidos en el ámbito federal.  En efecto, en México, la ley faculta a las autoridades federales para conocer de delitos del orden común cometidos en contra de “periodistas”. La primera instancia argumentó que la calidad de periodista se acredita con su pertenencia a un medio de comunicación y el recurrente no probó tal condición. Por lo anterior, el recurrente interpuso recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte, concedió el amparo en aplicación de estándares internacionales en la materia.

Hechos

En México, el primero de enero de 2014, el accionante X recibió una llamada, mediante la cual se le solicitaba que reportara que la camioneta propiedad del hermano del Alcalde de Seyé, Yucatán, conducida por un menor de edad, había colisionado contra el muro de la casa de la solicitante. Lo anterior para que quedara prueba del daño que se le había hecho al inmueble. X llegó al lugar de los hechos y tomó fotografías de la camioneta, de los daños ocasionados y del Alcalde, quien se retiró apenas vio su presencia.

Momentos después, la policía llegó al lugar de los hechos, y le pidió a X que se retirara del lugar. Al no acatar la petición de la policía, éste fue agredido y detenido por los agentes policiales, para posteriormente ser trasladado a la oficina de la Tesorería del Palacio Municipal. Allí fue agredido físicamente por el Presidente Municipal, el Director de Seguridad Pública y los policías municipales.

A raíz de lo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión inició una averiguación previa. Esta última fue consignada ante el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán. En mayo de 2014, se dictó auto de formal prisión y se inició un proceso en contra de los agentes de Policía que se encontraban presentes el día de los hechos. Las autoridades competentes acreditaron la existencia del delito de abuso de autoridad. Sin embargo, X interpuso recurso de amparo contra la sentencia definitiva, pues consideró que no se debía acreditar el delito de abuso de autoridad, sino el de tortura, el cual debe ser impedido por el Estado en aras de proteger la integridad personal del individuo. La sentencia que concedió el amparo determinó que el juez no  había indicado de forma precisa por qué se consideró como periodista a la víctima, lo cual no se modificó por el hecho de que X haya declarado ser periodista, pues no exhibió ningún documento que lo acreditara como tal. Inconforme con la decisión anterior, X acudió al recurso de revisión que debió resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que concedió el amparo solicitado.

Análisis de la Decisión

La Suprema Corte de Justicia tuvo que resolver el problema si el requisito de exhibir un documento que acredite la calidad de periodista, así como tener afiliación a un medio de comunicación o recibir remuneración, son requisitos necesarios para determinar la calidad de periodista.

Para resolver el anterior problema jurídico, la Suprema Corte realizó un análisis sobre el derecho a la libertad de expresión y sobre la relevancia del periodismo en el ejercicio de la libertad de expresión. Finalmente, estableció los criterios para determinar la calidad de periodista.

El Alto Tribunal hizo un breve recuento sobre la doble dimensión del derecho a la libertad de expresión, el cual tiene una esfera individual y otra colectiva o social y política. Esta dimensión del derecho a la libertad de expresión permite la existencia de una verdadera democracia representativa en la que los ciudadanos participan en las decisiones de interés público.

Frente a la importancia del ejercicio periodístico, la Suprema Corte determinó que es la manifestación principal de la libertad de expresión y no puede verse como una mera prestación de un servicio. La jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los medios de comunicación como patrocinadores de la opinión pública, juegan un papel esencial para el despliegue de la función colectiva de la libertad de expresión dado que son forjadores básicos de la opinión pública en las democracias actuales, por esta razón es indispensable que tengan aseguradas las condiciones para albergar las más diversas informaciones y opiniones. Para las cortes, los periodistas deben ser especialmente protegidos para que puedan aportar al público diferentes posturas y puntos de vistas, fortaleciendo así el debate público.

En cuanto a la violencia contra periodistas, la Corte expresó su preocupación por las altas cifras sobre ataques y asesinatos a periodistas, no solo en México sino a nivel mundial. Estas cifras demuestran la condición de vulnerabilidad de estas personas en ejercicio de su profesión. Adicionalmente, la Suprema Corte hizo un recuento de la evolución normativa sobre violencia contra periodistas para concluir que según la ley mexicana,   “Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta” [1].

La Corte expresó que la condición de “periodista” a la que se refiere la ley debe establecerse desde una perspectiva funcional, es decir, es un periodista quien cumpla con la función de informar a la sociedad de eventos de interés público. Por lo tanto, aspectos como la pertenencia a un medio de comunicación o si recibe o no una remuneración por sus labores, no son aspectos determinantes de la calidad de periodista.  Adicionalmente, la función periodística abarca varias modalidades, entre las que se encuentran analistas y reporteros profesionales y autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en internet o en otros medios.

Para la Corte, la acreditación de un periodista bien sea mediante un carné colegiado o mediante la acreditación del medio de comunicación para el cual labora, limita el ejercicio de la libertad de expresión en su vertiente de acceso a la información, al limitar la posibilidad de que un periodista (en sentido funcional) pueda cubrir, reportar o emitir su opinión respecto a un acto de interés público. Por lo tanto, esta Corte estableció que un esquema de acreditación, basado en criterios claros y no discriminatorios,  solo debe servir para otorgar mayor seguridad y acceso a la actividad periodística.

Adicionalmente, ningún organismo internacional establece un requisito de tiempo específico para considerar a una persona periodista, solo se requiere que la labor se desempeñe con cierta habitualidad. En este orden de ideas, el Ministerio Público Federal puede atraer delitos del fuero común cuando sean cometidos contra alguna persona que realice una función periodística, sin que sea necesario que presente acreditación de algún medio de comunicación. Basta con que la persona muestre que desempeña dicha función habitualmente, de manera independiente o en algún medio de comunicación.

En el caso concreto, la Suprema Corte estableció que el recurrente X mostró que ejerce el periodismo y que los supuestos hechos delictivos ocurrieron porque X estaba documentando información de relevancia pública, es decir, el recurrente se encontraba actuando en ejercicio de su libertad de expresión. Adicionalmente, es un hecho que X ha colaborado con un medio de comunicación desde 2007 hasta la actualidad. Por las razones anteriores, la Corte determinó que se surte la competencia federal para conocer del delito local que ocurrió en el presente caso y revocó la sentencia de instancia anterior.

[1] p. 18.