Resumen y resultado del caso

El Supremo Tribunal Federal de Brasil sostuvo que el derecho general al olvido es incompatible con la Constitución Federal. En 2004, la familia de una mujer asesinada acudió a los tribunales argumentando que el uso de imágenes de la mujer y sus familiares en la transmisión de un programa de televisión que detallaba su asesinato en 1958 infringía su derecho a la privacidad. El tribunal afirmó que la Constitución sí protege los derechos a la intimidad, al honor, a la imagen y a la personalidad y que las situaciones en las que se haya invocado el derecho al olvido pueden determinarse conforme a las leyes vigentes. Sostuvo que un derecho general y abstracto al olvido sería una restricción excesiva y autoritaria del derecho a la libertad de expresión e información.

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Hechos

En 2004, un programa de televisión, “Linha Direta” transmitido por “Globo Comunicação e Participações” (GLOBO), una empresa global de medios de comunicación con sede en Brasil, trató el asesinato de Aida Curi en 1958, una joven asesinada en un crimen sexual que había ganado la atención nacional. El programa contó la historia de Aida Curi y mostró imágenes de ella y sus familiares, especialmente sus hermanos, Nelson Curi, Roberto Curi, Waldir Curi y Maurício Curi, a pesar de la oposición de sus familiares.

Nelson Curi y los demás familiares presentaron una demanda contra GLOBO, argumentando que el uso de las imágenes de Aida y sus familiares no fue autorizado y vulneró sus derechos a la privacidad. Solicitaron una indemnización por daños morales.

El Tribunal de Primera Instancia y la Sala 15 del Tribunal de Apelaciones del Estado de Río de Janeiro (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) fallaron en contra de los Curis. Sostuvieron que el programa había brindado una nueva perspectiva sobre el crimen al recopilar datos de los archivos judiciales y de entrevistas con personas que estuvieron directamente involucradas en el juicio, y señalaron que los hechos eran bien conocidos por el público y aún se discutían en el campo académico. Los Tribunales destacaron que GLOBO había ejercido su derecho a la libertad de expresión, como empresa de comunicación con el periodismo como una de sus actividades, y que la Constitución brasileña garantiza la libertad de expresión, que prohíbe cualquier censura, incluso exigir la autorización previa de la publicación de imágenes.

Los Curis apelaron ante el Superior Tribunal Federal (Superior Tribunal de Justiça), que denegó el recurso. Luego, los Curis apelaron ante el Supremo Tribunal Federal (Supremo Tribunal Federal).

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Análisis de la Decisión

El juez Dias Toffoli pronunció la sentencia del tribunal. La principal cuestión ante el Tribunal era si el programa emitido por GLOBO vulneraba el derecho al olvido de los Curis y dañaba su privacidad e imagen.

Los Curis argumentaron que tenían derecho a olvidar su tragedia en términos del “derecho al olvido”. Sostuvieron que el conocimiento público de los hechos no anula sus derechos de personalidad y que la utilización no autorizada de su imagen y la de su hermana les da derecho a una indemnización por daño moral. Con referencia al artículo 1°, inciso III, al artículo 5°, “caput”, e incisos III y X, y al artículo 220, párrafo primero de la Constitución Federal, los Curis argumentaron que el Tribunal está obligado a definir el concepto y los límites del derecho al olvido.

GLOBO planteó que el caso de Aida Curi sigue siendo relevante para el país por los aspectos del delito relacionados con la violencia contra la mujer y, siendo uno de sus asesinos un adolescente, la participación de menores de edad en los delitos. Argumentó que los derechos a la intimidad y a la protección de la imagen no prevalecen sobre el interés colectivo de conocer un hecho histórico, y que el derecho a la libertad de expresión e información sustenta la conducta del medio. GLOBO sostuvo que el derecho al olvido es incompatible con el derecho a la libertad de información y no está avalado por la Constitución.

El caso se centró en el equilibrio entre los derechos a la intimidad, la imagen y la protección del honor y el derecho a la libertad de expresión, información y veracidad de datos. Todos estos derechos están protegidos por el artículo 5to de la Constitución Federal.

El tribunal analizó la teoría del derecho al olvido, con énfasis en si es compatible con la Constitución brasileña. Señaló que “el derecho al olvido” se usó inicialmente en un ensayo del académico francés Gerard Lyon-Caen que había discutido el caso del Tribunal de Apelación de París de 1967 Landrú, que había descrito “le droit à l´oubli»‘ (el derecho al olvido). El Tribunal se refirió a otros casos famosos sobre el mismo tema: en Francia, los casos Madame M contra Filipacchi et Cogedipresse, 1983 y Madame Monanges contra Kern y Marque-Maillard, 1990; en Alemania, el Lebach I y Lebach II; y los casos norteamericanos de Melvin contra Reid, también conocido como Kimono rojo, 1931, Sidis contra FR Publishing Corporation, 1940 y Briscoe contra la Asociación Reader´s Digest, 1971. Sin embargo, el Tribunal sostuvo que, a pesar del uso del término en los casos, esta jurisprudencia comparada no se ocupaba de un derecho especial al olvido, sino que aplicaba derechos personales existentes como el derecho a estar solo y la protección de la imagen y la privacidad. En consecuencia, el Tribunal sostuvo que estos casos no contribuyeron a la discusión sobre el tema de un derecho autónomo al olvido. El Tribunal comentó que el derecho al olvido está fuertemente asociado con la protección de datos en un contexto digital, con el caso del Tribunal de Justicia Europeo de Gonzáles v. Google España y Google Inc. como el ejemplo más destacado.

El Tribunal afirmó que los jueces y legisladores de todo el mundo abusan de la sentencia de Google España para justificar la adopción de un concepto general del derecho al olvido diferente de lo que se había decidido. Describió que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no establece un derecho amplio al olvido, sino que reconoce la necesidad de proteger la privacidad en situaciones específicas y excepcionales. Caracterizó el derecho como relacionado con un derecho individual de control de los datos personales indexados cuando la información, considerando la finalidad para la cual fue recabada, se torne inadecuada, impertinente o excesiva por el transcurso del tiempo (sin perjuicio de mantener los hipervínculos donde se puede acceder a los datos).

El tribunal criticó la expresión “derecho al olvido”, señalando que se ha utilizado para abarcar una amplia gama de situaciones que, técnicamente, no podrían incluirse en esta categoría, y subrayó la necesidad de identificar los elementos esenciales del derecho. El primer elemento es que la información debe ser veraz y lícita, por lo que las situaciones de información falsa o engañosa, o cuando los datos se obtengan o utilicen por medios ilícitos, están regulados por derechos distintos al derecho al olvido. Un ejemplo brasileño de esto es el artículo 12 del Código Civil que permite la terminación de la emisión de información destinada a usos difamatorios. El segundo elemento es que el paso del tiempo opacaría la información veraz y lícita, al punto que su publicación no reflejaría la integridad de los hechos ni la identidad actual de los involucrados. Los defensores del derecho argumentan que el derecho es necesario porque la memoria digital niega los efectos del tiempo, que la existencia continua de información en el dominio público crea estigma y daña la salud mental de las personas afectadas, que el interés público en cierta información se desvanece y que existe el derecho de las personas a cambiar su comportamiento y su historia personal.

Hay tres formas en que el derecho al olvido podría ser reconocido como un derecho fundamental: que esté consagrado explícitamente en la Constitución; que sea un derecho implícito derivado del derecho a la dignidad humana o a la privacidad; o que el derecho integre el concepto de otros derechos fundamentales, como la privacidad, el honor y la imagen. El Tribunal sostuvo que el derecho no existía como un derecho general y autónomo, a pesar de las disposiciones legislativas que permiten la supresión de datos por su extinción con el paso del tiempo. Estas disposiciones incluyen el artículo 43 del Código de Protección al Consumidor, que establece que los datos negativos de los consumidores pueden conservarse durante cinco años, y los artículos 93, 94 y 95 del Código Penal, que salvaguardan el derecho del condenado a mantener en secreto los datos del proceso legal y la condena. El tribunal señaló que esas disposiciones no otorgan el derecho a no ser confrontado con información del pasado, que el tiempo simplemente no puede transformar información lícita en información ilícita, y que, aunque el contexto social puede cambiar, los hechos no cambian y el conocimiento de los hechos es vital para que las personas mejoren sus relaciones y la sociedad.

Reconociendo que no existe el derecho absoluto al olvido, el Tribunal sostuvo que la divulgación de los hechos depende de otros derechos de la personalidad que limitan el derecho a la libertad de expresión e información. Destacó que el paso del tiempo no implicaba un deber social de perdón ni una prohibición legal de publicar información lícita del pasado.

El Tribunal examinó la protección de datos personales digitales en Brasil y se refirió a la Ley de Protección de Datos Personales de 2018 que no prohíbe la publicación de información lícita mientras protege la propiedad de los datos personales de las personas, pero excluye el periodismo y la actividad científica de su aplicación. El Tribunal también señaló que la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protegen el derecho a la seguridad y la privacidad. En consecuencia, el Tribunal afirmó que la protección de datos de un individuo podría invocarse para respaldar el derecho al olvido cuando prevalece sobre el derecho de otras personas a acceder a la información.

Al enfatizar la importancia de la libertad de expresión, el Tribunal mencionó el concepto de libre mercado de ideas del juez Oliver Wendell Holmes y que la Constitución lo protege como un derecho fundamental y prohíbe la censura previa. Mencionó casos anteriores en los que los tribunales brasileños habían declarado inconstitucional la Ley de Prensa, que contenía restricciones injustificables al derecho.

Sobre esos fundamentos, el Tribunal, entre otros casos, había declarado inconstitucional la Ley de Prensa, que contenía restricciones inaceptables a la libertad de expresión; había reconocido que las manifestaciones públicas a favor de la legalización de la marihuana eran constitucionales; y que era inconstitucional exigir autorización previa a los sujetos de obras biográficas audiovisuales y escritas. El Tribunal enfatizó que la libertad de expresión protege tanto a quienes comunican la expresión como a quienes reciben opiniones o información. Agregó que la restricción de la expresión sólo puede darse en circunstancias específicas, como cuando la expresión expresa rabia, intolerancia o desinformación y como una forma de proteger otros derechos fundamentales. Agregó que incluso en estas situaciones, la expresión no debe ser simplemente prohibida, ya que los tribunales deben ordenar la corrección de información, el derecho de réplica y la compensación por daños y perjuicios.

El Tribunal sostuvo que permitir un derecho al olvido general y abstracto sería una restricción excesiva y autoritaria del derecho a la libertad de expresión e información.

Aplicando los principios legales al presente caso, el Tribunal desestimó el caso de los Curis y sostuvo que ninguna de las comunicaciones de GLOBO fue abusiva o dañó el honor o la privacidad de los Curis. El Tribunal no reconoció el derecho al olvido y sostuvo que, dado el interés público de conocer los hechos del caso y discutir la violencia contra la mujer, no era necesario exigir autorización previa para la publicación de las imágenes de Curis.

El Tribunal adoptó la siguiente tesis: “La idea de un derecho al olvido, entendido como la facultad de impedir, por el mero transcurso del tiempo, la publicación de hechos y datos veraces, obtenidos lícitamente y publicados por medios de comunicación social digitales o analógicos, no es compatible con la Constitución. Cualquier exceso o abuso en el ejercicio de la libertad de expresión e información debe ser analizado caso por caso, basado en los parámetros constitucionales, en especial los relacionados con la protección del honor, la imagen, la privacidad y la personalidad en general, además de las normas civiles y penales específicas”.

En una opinión parcialmente disidente, el juez Nunes Marques señaló que el derecho al olvido había sido reconocido en los tribunales brasileños en tres situaciones: para evitar el uso de antecedentes penales antiguos para imponer sanciones penales más altas; imponer responsabilidad a las empresas de televisión por transmisiones que impliquen la participación de personas en actividades delictivas cuando esas personas hayan sido declaradas no culpables, hayan sido indultadas, hayan cumplido su condena o hayan prescrito; y para desindexar los nombres de las personas en los sitios web de búsqueda relacionados con noticias antiguas. El juez Marques afirmó que, dada la amplia gama de situaciones, la ley brasileña no protege el derecho al olvido, ya que el reconocimiento del derecho requeriría una indicación clara y precisa de las personas involucradas, el contenido, las formas de adquisición y los procedimientos para su salvaguardia. Dijo que todos los casos mencionados podrían basarse en el abuso de derecho previsto en el artículo 187 del Código Civil, y destacó que el derecho al olvido tendría que ser introducido por legislación específica y no por interpretación judicial.

En el presente caso, el juez Marques sostuvo que GLOBO había abusado del derecho a la libertad de información ya que Aida Curi no era una persona pública, había pasado un período de tiempo significativo desde que ocurrió el asesinato y la familia se opuso explícitamente a que se siguiera informando y no había autorizado el uso de imágenes de la familia. Sostuvo que no había justificación o interés público para la transmisión. El juez Marques propuso la siguiente tesis: “No es posible extraer el llamado derecho al olvido de la Constitución Federal de 1988. Los eventuales daños materiales o morales producidos por el ejercicio abusivo del derecho a la información o información indexada deberán ser verificados posteriormente (“a posteriori”), en base a las pruebas y elementos del caso concreto y en los términos de los artículos 5°, incisos IV, V, IX, X y XIV, y 220, párrafo primero, de la Constitución Federal”

El magistrado Edson Facchin también emitió un voto parcialmente disidente, en el que afirmó que el derecho al olvido no se limita a la protección del honor, la privacidad y los datos personales, y que el derecho está vinculado al derecho individual a la libre determinación y control de la propia imagen y datos en el contexto social y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El magistrado Facchin sostuvo que, si bien la Constitución no prevé expresamente el derecho, es posible reconocer sus fundamentos desde la protección de la dignidad humana, la privacidad y la autodeterminación informativa. Destacó que, en casos específicos, cuando la información no tenga relevancia pública, se podría invocar el derecho al olvido para proteger los derechos de la personalidad de la persona. Sin embargo, sostuvo que el derecho no era aplicable al presente caso. El juez Faccin propuso la siguiente tesis: “La libertad de expresión y el derecho a la información priman sobre el derecho al olvido, independientemente del paso del tiempo. La reivindicación de las víctimas o familiares accede a esta primacía cuando concurre el interés transindividual, el carácter público de la información, o el alto grado de relevancia histórica o importancia de la memoria. Ese derecho, dentro de estos límites, es compatible con la Constitución que protege la dignidad de la persona humana (artículo 1°, inciso III), el derecho a la privacidad, el honor y la imagen (artículo 5°, inciso X), y el derecho a la libre determinación de información (artículo 5°, inciso XII)”.

El magistrado Marco Aurélio también emitió un voto parcialmente disidente, proponiendo la tesis “El derecho al olvido no es compatible con el ordenamiento jurídico”.

En otra opinión parcialmente disidente, el magistrado Luiz Fux afirmó que el derecho al olvido no puede reescribir el pasado ni obstaculizar el acceso a la historia o la libertad de información, pero puede ser invocado para proteger datos personales en casos que no atañen al interés público y cuando en la búsqueda de la felicidad depende de la reconstrucción de la identidad a partir de la superación de recuerdos traumáticos remotos. Para él, el análisis de la protección de la libertad de información sobre el descrédito de hechos pasados debe examinar la importancia histórica del hecho y el interés público en la publicación, el daño a la identidad de un individuo, si hubo una identificación detallada de las personas involucradas, si los individuos no poseían notoriedad pública previa, si hubo impunidad por la conducta delictiva, la relevancia actual de la información, la prohibición de material difamatorio, la conexión entre el individuo y la información publicada, y la forma en que se presentó la información. En consecuencia, dados estos factores, la publicación de un reportaje periodístico que contenga hechos privados contemporáneos de las víctimas y sus familiares podría constituir un abuso de la libertad de información. El juez Luiz Fux sostuvo que en el presente caso el derecho al olvido no era aplicable.

El Magistrado Gilmar Mendes también emitió una opinión parcialmente disidente y señaló que en toda la jurisprudencia internacional los tribunales reconocen, en términos generales, el derecho al olvido, incluso si el derecho no era aplicable en las circunstancias específicas de los casos. También mencionó el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE que confirma el reconocimiento de este derecho en Europa. El magistrado Mendes señaló que, en Brasil, la protección de la dignidad humana y los derechos de la personalidad, especialmente la privacidad, el honor y la imagen, impone el reconocimiento del derecho al olvido, o el llamado derecho a la supresión de datos, no de forma absoluta, sino bajo el derecho a la libertad de expresión e información. Al examinar el alcance del derecho a la libertad de expresión, afirmó que debe permitirse la publicación académica, periodística o artística de hechos remotos, incluidos datos personales, cuando exista algún interés público, histórico o social actual y el anonimato de datos de las personas involucradas interferirían con la información misma y perturbarían su comprensión. Agregó que cuando hay una disminución del acceso a la información, se debe otorgar el derecho. Por su parte, el magistrado Mendes explicó que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información puede ser ilegítimo cuando se atente contra la privacidad, la imagen, el honor u otros derechos de la personalidad de cualquier persona, y que las soluciones pasarían por conceder al sujeto el derecho de respuesta, otorgamiento de compensación u otros recursos legales, sin perjuicio de que esto ocurra con posterioridad a la publicación del mensaje.

El juez Mendes sostuvo que era innecesario que GLOBO incluyera detalles de la vida personal de Aida Curi e imágenes de ella y su familia, y que se dañó la imagen, la privacidad y el honor de los Curi, justificando una indemnización por daños morales. El mismo propuso la siguiente tesis: “En caso de conflicto entre normas de igual jerarquía constitucional (libertad de prensa e información en oposición a la protección de la imagen, el honor y la privacidad, además de la dignidad de la persona humana), la técnica del acuerdo práctico debe ser adoptado, exigiendo un análisis puntual sobre qué derecho fundamental debe prevalecer, para el derecho de réplica y/o compensación, sin perjuicio de otros recursos que apruebe el Parlamento. Deben considerarse como factores predominantes de este procedimiento: el tiempo entre el hecho y la publicación; la existencia de un interés público, social y de la historia actual; el grado de acceso al público; y la posibilidad de divulgación de manera anónima de los hechos sin desnaturalizar la esencia de la información”.

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