Resumen y resultado del caso

La Corte Constitucional concedió una acción de amparo interpuesta por un ciudadano que había solicitado información sobre la nómina de los asesores de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados entregó la información de forma incompleta pues omitió los nombres y salarios del personal. El juez de primera instancia amparó el derecho a la información del demandante y ordenó a la Cámara entregar toda la información solicitada. La Corte confirmó la sentencia de instancia y ordenó a la demandada entregar toda la información solicitada.

Hechos

Un ciudadano solicitó a la Cámara de Diputados información sobre el número de asesores de esa entidad, los nombres de los mismos y las especificaciones del salario que devengaba cada uno. La Cámara de Diputados entregó la información sobre el número de asesores, sin indicar los nombres de los mismos ni especificar cuánto ganaba cada uno, sino únicamente el monto total de los salarios.

En comunicación posterior, le informaron al solicitante que para poder entregarle el nombre de los asesores, debía esperar a que todos otorgaran el consentimiento para divulgar la información. Finalmente, le informaron que no se obtuvo el consentimiento y que por lo tanto la información no le sería entregada.

El Señor Muñoz interpuso una acción de amparo contra la Cámara de Diputados, solicitando que se le entregara la información detallada que había requerido. El Tribunal Superior Administrativo, como juez de primera instancia, amparó el derecho a la información del demandante y ordenó a la Cámara de Diputados entregar la información. La demandada recurrió la sentencia y en sede de revisión la Corte Constitucional confirmó la sentencia inferior y ordenó entregar la información completa.

Análisis de la Decisión

La Corte debió resolver si los nombres y salarios de funcionarios públicos constituyen información pública a la que cualquier ciudadano puede tener acceso, o si por el contrario son datos confidenciales que requieren autorización expresa de los funcionarios para que puedan hacerse públicos.

A juicio de la Corte, para resolver el caso en concreto debía hacerse una ponderación entre el derecho al libre acceso a la información y el derecho a la intimidad. Para ello, la Corte explicó que la normatividad internacional sobre el derecho de acceso a la información, en particular lo dispuesto en el artículo 13 de la CADH y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hace parte de su derecho interno por cuanto esos instrumentos fueron ratificados por el Congreso de la República. Indica la sentencia que la Corte IDH en el caso Claude Reyes v. Chile ha explicado que el acceso a la información pública es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y tiene como objetivo que la ciudadanía pueda controlar el uso e inversión de los recursos públicos para evitar la corrupción.

No obstante, El alto Tribunal constitucional indicó que el acceso a la información no es un derecho absoluto y que debe ser ejercido, entre otras cosas, “dentro del marco del respeto al derecho a la intimidad y la protección de los datos personales” [p.13]. Ahora bien, en el caso bajo estudio, la Corte dijo que no puede prevalecer el derecho a la intimidad puesto que el nombre y los salarios de funcionarios públicos no son de carácter confidencial. A juicio de la Corte, una interpretación diferente establecería una limitación desproporcionada que impediría que la ciudadanía pueda hacer control de la ejecución de los recursos y de la posible corrupción que ocurra dentro del Estado.

Asimismo, la Corte explicó que el propio ordenamiento jurídico dominicano contempla la necesidad de hacer pública la información de funcionarios del Estado, cuando en el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información se estableció que es obligación del Estado tener un servicio permanente y actualizado de información que contenga los “[l]istados de funcionarios, legisladores, magistrados, empleados, categorías, funciones y remuneraciones, y la declaración jurada patrimonial cuando su presentación corresponda por ley” [p. 4]. El Tribunal hizo referencia a diversa jurisprudencia comparada y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para explicar la importancia del derecho de acceso a la información. Así, explicó que cuando colisionan los derechos al acceso a la información y a la intimidad, debe estudiarse si la información que se pide tiene alguna relevancia pública [p.19]. En este caso, la información está dotada de tal naturaleza por cuanto refleja la inversión de recursos públicos. En consecuencia, no puede entenderse que se trata de información confidencial y no es necesario que exista consentimiento expreso de los titulares de los datos para su divulgación, puesto que es de interés de toda la sociedad la forma en la que se invierten los recursos públicos.