Resumen y resultado del caso

Un tribunal de distrito de Estados Unidos concedió un recurso de habeas corpus a una persona arrestada inmediatamente después de completar su entrevista de naturalización migratoria. El arresto pareció ser una represalia por su discurso político pacífico en protestas estudiantiles que criticaban la guerra de Israel en Gaza, lo que planteó cuestiones sustanciales en relación con la Primera Enmienda (derecho a la libertad de expresión) y la Quinta Enmienda (debido proceso) de la Constitución de los Estados Unidos. La persona había residido legalmente en EE.UU. durante más de diez años como residente permanente legal y fue detenida por el Departamento de Seguridad Nacional, con base en una determinación del Secretario de Estado según la cual su presencia representaba graves consecuencias adversas para la política exterior. El tribunal determinó que su expresión política central estaba protegida, que su detención no cumplía ningún propósito regulador legítimo y que las circunstancias extraordinarias —por el riesgo de un daño irreparable al derecho a la libertad de expresión— justificaban la concesión de la libertad bajo fianza. Al no encontrar riesgo de fuga ni peligro para la comunidad, el tribunal ordenó su liberación inmediata bajo palabra, sujeta a condiciones que aseguren su residencia, restricciones de viaje y asistencia a futuras audiencias.

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Hechos

El 27 de marzo de 2025, Mohsen Mahdawi, un residente legal permanente de Estados Unidos de 34 años con más de una década de residencia, fue notificado de que su entrevista de naturalización —el paso final antes de tomar el Juramento de Lealtad— había sido programada para el 14 de abril de 2025, en la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) en Colchester, Vermont. Mahdawi es un estudiante palestino y residente de White River Junction, Vermont. Posee una pequeña cabaña en Vershire y fue estudiante de pregrado en filosofía en la Universidad de Columbia, además de haber sido recientemente aceptado en el programa de maestría de dicha universidad. Tras las operaciones militares de Israel en Gaza a fines de 2023, Mahdawi se convirtió en un crítico abierto de la guerra, participando en manifestaciones en el campus de la universidad y dando declaraciones públicas en apoyo del derecho internacional, un alto el fuego y una resolución pacífica. En repetidas ocasiones destacó la importancia de los derechos humanos y condenó la violencia de todas las partes.

Mahdawi era consciente de la creciente hostilidad hacia la inmigración en Estados Unidos y sospechaba que el gobierno podría usar la entrevista de naturalización como pretexto para tomar represalias contra él, por lo que decidió asistir en persona.

El 14 de abril de 2025, tras completar exitosamente la entrevista, aprobar el examen de ciudadanía y afirmar su intención de tomar el Juramento, el oficial encargado salió de la sala. Poco después, tres agentes encapuchados de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) y su supervisor ingresaron y arrestaron a Mahdawi. No presentaron orden de arresto ni ningún documento legal que justificara la detención. Fue separado de su abogado, esposado y trasladado en una camioneta negra sin identificación.

Durante el proceso en otra oficina del USCIS, a Mahdawi se le entregó una Notificación de Comparecencia (NTA). La NTA citaba la decisión del Secretario de Estado de que la permanencia continua de Mahdawi en Estados Unidos representaba “graves consecuencias adversas para la política exterior” y amenazaba un “interés apremiante de la política exterior estadounidense.” Esta determinación se basa en el mismo fundamento legal usado previamente para la orden de deportación de Mahmoud Khalil. Se le ordenó presentarse ante un juez de inmigración en el sur de Luisiana el 1 de mayo de 2025.

Un intento de trasladar a Mahdawi en avión a Luisiana la noche del 14 de abril falló debido a que perdió el vuelo. En cambio, fue llevado primero a la oficina regional de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en St. Albans, Vermont, y luego al Centro Correccional Estatal del Noroeste en Swanton, Vermont.

Ese mismo día, el equipo legal de Mahdawi presentó una petición de habeas corpus ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Vermont, cuestionando la legalidad del arresto y la detención. El habeas corpus es un procedimiento legal que permite a una persona solicitar a un tribunal la revisión de la legalidad de su detención o encarcelamiento, y la petición de Mahdawi describía su detención como una represalia, un acto punitivo y una violación de sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho protegido por la Primera Enmienda contra represalias gubernamentales por discurso político protegido y las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos. La petición incluía un pedido de liberación inmediata bajo fianza.

El 22 de abril de 2025, Mahdawi presentó una moción formal para su liberación. Tras la respuesta del gobierno y la réplica de Mahdawi, se llevó a cabo una audiencia el 30 de abril de 2025.

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Análisis de la Decisión

El juez Geoffrey W. Crawford emitió la orden en nombre del Tribunal. La cuestión principal planteada ante el Tribunal era si Mahdawi cumplía con el estándar legal para ser liberado mientras se decide su petición de habeas corpus.

Mahdawi sostuvo que cumplía con el estándar para la liberación, que requiere demostrar que la petición de habeas corpus presenta reclamos sustanciales y que existen circunstancias extraordinarias que hacen necesaria la concesión de la fianza para que el remedio del habeas corpus sea efectivo. Argumentó que su detención por parte de las autoridades migratorias era inconstitucional, violando tanto sus derechos bajo la Primera como la Quinta Enmienda de la Constitución. Afirmó que su discurso —criticar la política exterior de EE.UU. y expresar solidaridad con Palestina— era una expresión política fundamental, plenamente protegida por la Primera Enmienda. Sostuvo que su arresto, que ocurrió inmediatamente después de asistir a una entrevista de naturalización, se trató de una represalia destinada a silenciar la disidencia, enfatizando que sus declaraciones durante protestas pacíficas en el campus universitario no constituyeron incitación ni amenazas, sino que buscaban fomentar el diálogo político sobre temas globales urgentes. Mahdawi citó declaraciones públicas y Órdenes Ejecutivas de la administración Trump (como las Órdenes Ejecutivas 14161 y 14188) que, según él, apuntaban abiertamente a voces pro-palestinas con acciones migratorias punitivas, confirmando una política gubernamental de discriminación por motivos de opinión. Estos hechos, afirmó, ofrecían pruebas sólidas de que su discurso fue la verdadera razón de su detención, y no ninguna infracción migratoria legítima.

Además de sus reclamos bajo la Primera Enmienda, Mahdawi argumentó que su detención continua violaba sus derechos al debido proceso según la Quinta Enmienda porque no tenía un propósito regulatorio válido y era, en cambio, punitiva. Subrayó que no tenía cargos criminales pendientes, no representaba un riesgo de fuga y tenía vínculos profundos con EE.UU., incluyendo ser propietario de una vivienda, estudiante a tiempo completo en la Universidad de Columbia y miembro activo de su comunidad. Se presentó voluntariamente a su entrevista de naturalización, a sabiendas del riesgo de detención, lo que demostraba su buena fe. Además, sostuvo que su confinamiento continuado inhibía su libertad de expresión y la de otros, especialmente cuando la detención se trató de una respuesta directa a una expresión protegida. Mahdawi concluyó que su liberación era necesaria no solo para restaurar sus propios derechos, sino para prevenir daños irreparables al discurso público y defender los principios constitucionales.

El Gobierno impugnó la autoridad del Tribunal de Distrito para atender la petición de habeas corpus y la solicitud de liberación de Mahdawi, invocando las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que limitan la jurisdicción, en la sección 1252(g), que prohíbe la revisión en tribunales de distrito de decisiones “para iniciar procedimientos” o “para remover a un extranjero,” y en la sección 1226(e), que impide anular decisiones de detención. Basándose en el caso Reno vs. American-Arab Anti-Discrimination Committee, el Gobierno argumentó que el reclamo de Mahdawi sobre su decisión de expulsión y detención “surge de” la iniciación y ejecución de procedimientos de expulsión y, por lo tanto, debe ser atendido, en su caso, en tribunales de apelación en virtud de la INA. El Gobierno sostuvo que, incluso si el Tribunal tuviera jurisdicción, Mahdawi no podría satisfacer el exigente estándar para la fianza en casos de habeas corpus, establecido en Mapp vs. Reno, porque no demostró ni la existencia de cuestiones sustanciales sobre el fondo ni circunstancias extraordinarias necesarias para hacer efectivo el remedio del habeas corpus. Argumentó que la detención continua de Mahdawi estaba dentro de la autoridad legal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para asegurar su comparecencia y proteger a la comunidad mientras se resolvía su expulsión. Para refutar cualquier alegato de no punitividad o falta de riesgo de fuga, destacó tres incidentes previos: un reporte del verano de 2015 en el que Mahdawi habría expresado interés en armas de alta potencia y realizado amenazas antisemitas (investigadas por el FBI sin que se presentaran cargos); una detención en la frontera en enero de 2019 por posesión de medicamentos recetados que solo dio lugar a una desviación y a la expurgación de los antecedentes; y una disputa doméstica en 2018 en la que se entregó un arma para su custodia. El Gobierno también citó un memorándum del Secretario de Estado Marco Rubio, acusando a Mahdawi de “retórica amenazante e intimidación a espectadores pro-israelíes” en una protesta, como autorización para expulsiones basadas en la política exterior. Argumentó que estos factores mostraban tanto una preocupación legítima por la seguridad como una justificación de política exterior para la detención.

El Tribunal rechazó la impugnación de la jurisdicción del Gobierno en virtud de las disposiciones de “limitación de jurisdicción” de la INA. Explicó que la Corte Suprema ha limitado el alcance de la sección 1252(g), en Reno vs. AADC, donde sostuvo que la prohibición se aplica “solo a tres acciones discretas” del Fiscal General — “iniciar procedimientos, adjudicar casos o ejecutar órdenes de expulsión.” El reclamo de Mahdawi —que fue arrestado en represalia por un discurso protegido constitucionalmente— no surge de ninguna de esas tres acciones, por lo que la sección 1252(g) no le quita jurisdicción. Añadió que la sección 1226(e) no prohíbe explícitamente la revisión de habeas corpus sobre desafíos constitucionales a la detención, y que las secciones 1252(a)(5) y (b)(9) solo rigen los desafíos directos a órdenes de expulsión, no ataques colaterales a arrestos y detenciones. Por lo tanto, el Tribunal “encontró una base suficiente para ejercer su competencia para pronunciarse sobre la cuestión de la liberación o la detención.” [p. 15]

El Tribunal aplicó el estándar Mapp para la libertad bajo fianza en casos de habeas corpus y reiteró que el peticionario debe demostrar (1) que la petición de habeas corpus plantea “preguntas sustanciales sobre el fondo,” y (2) que “circunstancias extraordinarias” hacen que la libertad bajo fianza sea “necesaria para hacer efectivo el remedio del habeas corpus.” Señaló que la carga recae en el peticionario para probar ambos elementos. [p. 16]

El Tribunal concluyó que Mahdawi había planteado preguntas sustanciales sobre posibles violaciones constitucionales. Respecto a la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, señaló que, como hecho indiscutible, el arresto de Mahdawi fue resultado de su discurso durante protestas en la Universidad de Columbia criticando la guerra de Israel en Gaza y sostuvo que “[l]os residentes no ciudadanos como el Sr. Mahdawi gozan de los derechos de la Primera Enmienda en este país en la misma medida que los ciudadanos estadounidenses,” incluyendo el derecho a estar “libres de represalias” por discurso político. [p. 17] Posteriormente aplicó los elementos de una represalia que viola la Primera Enmienda, según Demarest vs. Town of Underhill: “(1) que el discurso o conducta en cuestión estaba protegido, (2) que el demandado tomó una acción adversa contra el demandante, y (3) que hubo una conexión causal entre el discurso protegido y la acción adversa.” [p. 18]

El Tribunal encontró que las declaraciones de Mahdawi, que promovían un enfoque pacífico a la situación en Gaza y criticaban las acciones militares de Israel, eran indiscutiblemente discurso protegido y explicó que esta forma de expresión, que aborda la política gubernamental y el conflicto internacional, goza de la protección más robusta bajo la Primera Enmienda. Añadió que el contenido de sus declaraciones no implicaba ninguna de las categorías estrechamente definidas de discurso no protegido, como incitación, difamación, obscenidad o amenazas verdaderas.

El Tribunal sostuvo que el arresto de Mahdawi inmediatamente después de completar su entrevista de naturalización constituyó una acción adversa. Al separarlo de su familia, comunidad y estudios, el Gobierno impuso una sanción que “disuadiría a una persona de normal firmeza de continuar participando en la actividad protegida.” [p. 19, citando Bello-Rayes vs. Gaynor]

Respecto al último factor, el Tribunal determinó que el momento y contexto del arresto, junto con las Órdenes Ejecutivas 14161 y 14188 –que amenazan con deportar a “simpatizantes de Hamas” y castigar el “racismo antijudío”– y declaraciones de campaña para “retroceder ese movimiento 25 o 30 años,” proporcionaban una base probatoria suficiente para inferir un motivo de represalia en esta etapa. [p. 20] Estas declaraciones públicas satisfacían el requisito de que Mahdawi mostrara un vínculo plausible entre su discurso protegido y la acción adversa del Gobierno. En consecuencia, el Tribunal concluyó que Mahdawi había planteado un “reclamo sustancial” de represalia bajo la Primera Enmienda. [p. 20]

El Tribunal examinó el reclamo de debido proceso bajo la Quinta Enmienda y se refirió al caso Zadvydas vs. Davis, donde sostuvo que el debido proceso se otorga a “todas las ‘personas’ dentro de los Estados Unidos, incluyendo [no ciudadanos], ya sea que su presencia sea legal, ilegal, temporal o permanente.” [p. 21] Subrayó que la detención migratoria debe servir a los objetivos regulatorios de asegurar la comparecencia en procedimientos y proteger la seguridad comunitaria y “nunca puede ser punitiva, ni por diseño ni por efecto.” [p. 22] El Tribunal encontró que la misma evidencia que sugería que la detención fue un castigo por el discurso o una medida para disuadir a otros, también apoyaba una violación al debido proceso, relacionándolo con el reclamo de la Primera Enmienda: “[s]i el Gobierno detuvo al Sr. Mahdawi como castigo por su discurso, ese propósito no es legítimo,” señalando que las supuestas violaciones constitucionales planteadas por Mahdawi eran de suficiente gravedad para cumplir el umbral de “cuestiones sustanciales” definido en Mapp. [p. 22]

El Tribunal evaluó si “circunstancias extraordinarias” apoyaban la libertad bajo fianza, generalmente bajo condiciones que aseguren el regreso del detenido. Primero abordó los criterios estándar para la libertad bajo fianza: riesgo de fuga y peligro para la comunidad. El Tribunal concluyó que “no existía riesgo de fuga,” dada la vivienda permanente y cabaña de Mahdawi en Vermont, su condición de estudiante en la Universidad de Columbia y su aceptación en posgrado, su asistencia voluntaria a la entrevista pese a sospechar la detención, y sus fuertes lazos con profesores locales, vecinos y miembros de su comunidad religiosa. [p. 23] También concluyó que “no existía peligro para la comunidad,” considerando infundada la evidencia presentada por el Gobierno sobre las acusaciones de armas de 2015 –especialmente porque la investigación del FBI concluyó sin cargos– y otorgando poco peso a la disputa doméstica menor de 2018 y al incidente de desvío de drogas de 2019. [p. 23]

El Tribunal caracterizó el contexto general como “extraordinario,” comparándolo con períodos históricos, observando que “[l]os residentes legales –no acusados de crímenes o conductas indebidas– están siendo arrestados y amenazados con deportación por expresar sus opiniones sobre los asuntos políticos del día. Nuestra nación ha vivido épocas así antes, especialmente durante el Pánico Rojo y las redadas Palmer de 1919-1920 que llevaron a la deportación de cientos de personas sospechosas de ideas anarquistas o comunistas.” [p. 24] El Tribunal afirmó que este caso “recurre al antiguo remedio del habeas corpus para abordar una injusticia moderna persistente.” [p. 25] El contexto único –detener a un residente permanente legal por ejercer su libertad de expresión política– amplificó el carácter extraordinario de las circunstancias.

Finalmente, el Tribunal sostuvo que la puesta en libertad era necesaria para que el recurso de habeas corpus tuviera sentido y citó a Ozturk al reiterar que la continuación de la detención “disuadiría ampliamente el discurso protegido, no solo entre activistas sujetos a órdenes definitivas de deportación, sino también entre ciudadanos y otros residentes que temieran represalias contra terceros.” [p. 25] El Tribunal concluyó que la liberación era esencial no solo para la vindicación personal de Mahdawi sino para proteger los derechos de expresión de otros.

El Tribunal concluyó que todos los factores favorecían la liberación inmediata de Mahdawi. Determinó que existía una probabilidad de éxito sobre el fondo, ya que las cuestiones constitucionales sustanciales planteadas —especialmente bajo la Primera Enmienda— cumplían con el estándar Mapp. El Gobierno no demostró lo contrario. El Tribunal también concluyó que no existía riesgo de fuga ni peligro para la comunidad, y que la liberación de Mahdawi no socavaría la integridad de sus procedimientos de expulsión. En contraste, la privación continua de libertad, la violación de los derechos de la Primera Enmienda y la interferencia con su capacidad para completar sus estudios de pregrado constituían un daño claro e irreparable. Citando Elrod vs. Burns, el Tribunal reafirmó que “[l]a pérdida de las libertades de la Primera Enmienda, aunque sea por períodos mínimos, constituye un daño irreparable.” Elrod vs. Burns, 427 U.S. 347, 373 (1976).

El interés público, enfatizó el Tribunal, favorecía fuertemente la liberación. La “detención continua de Mahdawi … probablemente tendría un efecto inhibidor sobre el discurso protegido,” un resultado “claramente en contra del interés público.” [p. 28] Además, el Tribunal encontró que no había beneficio público en la continuación del confinamiento, dado que Mahdawi no presenta riesgo de fuga ni peligro. Por el contrario, reconoció que “la liberación de Mahdawi beneficiará a su comunidad, que aparentemente lo valora y aprecia profundamente.” [p. 28] En consecuencia, el Tribunal negó la solicitud del Gobierno para suspender la orden y ordenó su liberación inmediata.

En resumen, luego de concluir que tenía jurisdicción para conocer los reclamos de Mahdawi, el Tribunal consideró que este había planteado cuestiones sustanciales bajo la Primera y Quinta Enmienda —demostrando la existencia de un discurso protegido, medidas adversas y un vínculo causal, así como una detención punitiva sin propósito regulatorio legítimo— y que las circunstancias extraordinarias y la necesidad de hacer efectivo el remedio del habeas corpus pesaban decisivamente a favor de su liberación. El Tribunal además determinó que Mahdawi no representaba riesgo de fuga ni peligro, que la detención continua causaría un daño irreparable al inhibir un discurso político fundamental y que la liberación servía al interés público. En consecuencia, el Tribunal concedió la moción de liberación de Mahdawi bajo palabra —sin exigir el pago de una fianza—, impuso determinadas condiciones, denegó la solicitud del Gobierno para suspender la orden y ordenó su liberación inmediata. Su liberación está sujeta a residencia en Vermont, viajes limitados a obligaciones educativas y legales, y la asistencia obligatoria a todos los futuros procedimientos migratorios y de habeas corpus.

Tras la decisión del Tribunal de Distrito, el caso se encuentra ahora en revisión por la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito.

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