Resumen y resultado del caso

El 16 de julio de 2020, el Tribunal Superior de Manipur ordenó al gobierno estatal que, en virtud de la Ley de Derecho a la Información de 2005, compartiera toda la información relacionada con cualquier acción que se haya implementado para combatir la crisis del COVID-19, incluyendo las medidas tomadas en relación con el gasto de recursos públicos en infraestructura, mano de obra e instalaciones en los centros de cuarentena. El peticionario alegó que los centros de cuarentena en los distritos eran insuficientes para albergar a todos los habitantes que regresaban al país, tales como estudiantes y trabajadores migrantes, y que las instalaciones previstas en los centros de cuarentena existentes en materia de salud, infraestructura, alimentación, etc., estaban mal reguladas y eran inadecuadas. Además, afirmó que no se siguieron las pautas o los procedimientos operativos estándar emitidos por la OMS y el Centro Nacional para el Control de Enfermedades. Los jueces señalaron que gran parte de la protesta pública con respecto a las instalaciones de cuarentena podría haberse evitado si la información necesaria sobre los recursos disponibles se hubiera compartido con el público.

Hechos

El litigio de interés público fue presentado por un abogado que había trabajado en varios temas de importancia pública y estaba asociado con Human Rights Law Network. El peticionario presentó una serie de peticiones, incluyendo la instalación de un centro de cuarentena COVID-19 higiénico y adecuado en todos los distritos de Manipur que asegurara visitas regulares de médicos a las instalaciones de cuarentena. Además, pidió que se nombraran asesores, trabajadores de la salud, personal de seguridad, médicos y psicólogos y que se suministraran artículos de primera necesidad como alimentos, jabón y desinfectantes a todos los pacientes. La petición también solicitaba a las autoridades gubernamentales que se mantuvieran registros sobre las instalaciones de cuarentena y que siguieran las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Nacional para el Control de Enfermedades.

Análisis de la Decisión

El presente caso fue presidido por los jueces Lanusungkum Jamir y Kh. Nobin Singh del Tribunal Superior de Manipur. El tema central del caso se relacionaba con la idoneidad de las instalaciones de cuarentena y la adecuación de las medidas adoptadas por el gobierno de Manipur para combatir el COVID-19. El peticionario había alegado que las instalaciones de cuarentena en el estado estaban mal reguladas, carecían de médicos y apoyo psicosocial e ignoraban las normas de distanciamiento físico [pág. 4.3].

Los jueces señalaron la incapacidad del gobierno de constituir un comité de expertos a nivel estatal y la falta de reglas y regulaciones exhaustivas para hacer frente a la crisis del COVID-19. Los jueces observaron que las razones de la protesta pública con respecto al funcionamiento de los centros de cuarentena se originaron debido a que el gobierno no compartió información sobre su capacidad financiera y la cantidad de recursos que se invertía para combatir el COVID-19. Según los jueces, el gobierno tampoco había compartido información sobre el tipo y el estándar de las instalaciones proporcionadas en los centros de cuarentena [pág. 11].

Los jueces discutieron los casos del Estado de Uttar Pradesh contra Raj Narain [(1975) 4 SCC 428], Dinesh Trivedi contra Union of India [(1997) 4 SCC 306] y People’s Union for Civil Liberties contra Union of India [(2004) 2 SCC 476] para enfatizar que el derecho a la información es una faceta de la libertad de expresión contenida en el Artículo 19 (1) (a) de la Constitución de la India. También reiteraron la jurisprudencia que reconoce que las personas tienen derecho a conocer todo acto público por parte de sus funcionarios y a ser informados de las decisiones que tome el gobierno para asegurar la participación constante del pueblo en el proceso democrático [p. 11].

Los jueces observaron que el gobierno estatal estaba obligado a «compartir cualquier tipo de información sobre su capacidad financiera y las diversas acciones que se están tomando y [darlas a conocer] al público para que sea más fácil para ellos cooperar». El Tribunal enfatizó además que «el dinero público no es más que dinero de los contribuyentes y el gobierno estatal, antes de gastarlo, debe informar al público de la cantidad que se pretende o se destina a gastar; la cantidad ya gastada; y la cantidad que aún no se ha gastado”, ya que la calidad de las instalaciones que se proporcionarán en el centro de cuarentena dependerá de ello» [p. 12].

Por lo tanto, exceptuando la información definida en la sección 8 de la Ley de Derecho a la Información de 2005, los jueces ordenaron al gobierno que compartiera con el público toda la información relacionada con cualquier acción que se haya tomado para combatir la crisis del COVID-19, incluidas las acciones relacionadas con el gasto de recursos públicos, infraestructura, mano de obra e instalaciones en los centros de cuarentena [pág. 13].