Resumen y resultado del caso

El demandante interpuso acción de amparo contra el Instituto Costarricense de Electricidad y la Superintendencia de Telecomunicaciones puesto que su comunidad no contaba con el servicio de Internet ni de telefonía celular y por lo tanto se les estaría vulnerando el derecho a disponer de comunicaciones. Afirmó que los demandados se han negado a realizar los ajustes necesarios para brindar esos servicios. La Corte falló a favor del demandante y ordenó a las entidades demandadas realizar un proyecto para valorar la posibilidad de instalar la infraestructura necesaria para brindar los servicios de Internet y telefonía celular en la comunidad del demandante.

Hechos

El Señor Carlos Esquivel Esquivel vive en la comunidad de Santa Ana de Nicoya en Costa Rica, la cual no cuenta con los servicios de Internet ni telefonía celular. El Instituto Costarricense de Electricidad ha llevado a cabo varios estudios que establecen que prestar los servicios de Internet y telefonía celular en la población no es financieramente rentable. El Señor Esquivel interpuso acción de amparo contra el Instituto de Electricidad, solicitando que se provea de estos servicios a su comunidad. La Corte falló a favor del peticionario y ordenó al demandado realizar un proyecto para valorar la posibilidad de instalar la infraestructura necesaria para brindar los servicios a la comunidad del demandante, en un plazo máximo de seis meses. Asimismo, ordenó a la Superintendencia de Telecomunicaciones valorar si la anterior solicitud podía ser incluida dentro de los proyectos financiados del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL).

Análisis de la Decisión

En el presente caso la Corte debió establecer si era obligación del Estado asegurar la prestación del servicio de Internet y telefonía celular en todo el territorio nacional.

La Corte comenzó por explicar que la universalidad era uno de los principios rectores del servicio de telecomunicaciones. En consecuencia, para alcanzar el acceso de toda la sociedad a la información y al conocimiento, debe invertirse prioritariamente en el desarrollo de infraestructura de comunicaciones. El Estado debe asegurar que todas las zonas alejadas del país tengan acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos. El costo de las inversiones para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura no puede ser un motivo para no desarrollar la estructura necesaria para prestar los servicios. En criterio de la Corte, cualquier prestación de un servicio público debe estar pensada para fomentar el mejoramiento de la calidad de vida de la población y no exclusivamente en términos financieros.

En virtud de las anteriores consideraciones, la Corte falló a favor del peticionario y ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad realizar un proyecto para valorar la posibilidad de instalar la infraestructura necesaria para brindar los servicios de Internet y telefonía celular en la comunidad del demandante. Asimismo, ordenó a la Superintendencia de Telecomunicaciones valorar si la anterior solicitud podía ser incluida dentro de los proyectos financiados por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL).