La Corte Nacional de Justicia de Ecuador consideró que si bien los funcionarios públicos deben tener un mayor grado de tolerancia ante las opiniones y noticias que se realicen sobre el ejercicio de sus cargos, eso no quiere decir que no tengan derecho a la honra y que ésta no deba ser protegida por la ley. El caso se originó después de que el entonces presidente de Ecuador presentó una denuncia por difamación contra el periodista Emilio Palacio, el diario “El Universo” y sus ejecutivos por publicar un artículo que consideró violaba su derecho a la honra y a su buen nombre. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador confirmó la sentencia penal y civil que otorgó 40 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios y condenó a los ejecutivos del diario y al periodista Emilio Palacio a tres años de prisión. Las personas afectadas presentaron una petición al Sistema Interamericano alegando que el delito de difamación contra funcionarios públicos atenta contra el derecho a la libertad de expresión previsto en los tratados internacionales suscritos por Ecuador, por lo que este delito debe ser derogado por contravenir una Norma “supraconstitucional”. En octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En junio de 2021, la Corte celebró una audiencia pública sobre el caso y su decisión está pendiente.

En el presente caso, los jueces debían definir si está amparada por el derecho a la libertad de expresión, una columna de opinión sobre hechos de notoria relevancia pública, en la cual el columnista utiliza adjetivos peyorativos para referirse al Presidente de la República, -por ejemplo, lo llama varias veces dictador– y sugiere con claridad que en un momento de alteración del orden público, el funcionario adoptó decisiones que condujeron a la muerte de una serie de personas. De encontrar que la columna excedía el límite del derecho a la libertad de expresión, los jueces debían identificar si el remedio apropiado era el juicio penal o el proceso civil. Finalmente, los jueces debían establecer si, en todo caso, los directivos de un medio de comunicación y el propio medio –la persona jurídica respectiva- podían ser declarados penal y civilmente responsables por el contenido de una columna de opinión que ofendió al Presidente de la República.

La Corte comenzó por indicar que el derecho a la libertad de expresión no puede estar sometido a la censura previa, sin embargo, su abuso sí puede dar lugar a la imposición de responsabilidades ulteriores de orden civil y penal. A este respecto, la Corte puso de presente algunos párrafos de las sentencias Kimel v. Argentina, Tristán Donoso v. Panamá y Fontevecchia y D’Amico v. Argentina de la Corte IDH, en los cuales esta última indicó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) no proscribe, de manera absoluta, el uso del derecho penal como mecanismo para limitar el derecho a la libertad de expresión, sino que establece condiciones para que el mismo sólo pueda ser utilizado en casos muy excepcionales [par. 120].

Ahora bien, en criterio de la Corte, el derecho al honor es un derecho fundamental “que se deriva del derecho a la vida” [par. 6.6.], razón por la cual la Constitución y la ley lo protegen.

Para la Corte, si existe una colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión, no debe prevalecer esta última pues “la doctrina es reiterativa, al establecer que el derecho a informar o a la expresión del pensamiento, no puede prevalecer ante el derecho a la honra, porque bajo el axioma de que ‘mi derecho termina donde comienza el del otro’, no se debe abusar del ejercicio de las libertades ciudadanas, pues, el artículo 11, numeral 6 de la Constitución de la República establece que los derechos y garantías, son de igual jerarquía” [par. 6.7].

No obstante, la Corte entendió que en el presente caso –refiriéndose a la sentencia de instancia que condena a las personas antes mencionadas- “no existe colisión entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la honra, ya que se encuentran intactas las garantías constitucionales de opinar, informar, comunicar, expresar, participar, acceder a los medios, investigar; siempre y cuando se lo haga con sujeción a la Constitución de la República, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y la ley, en irrestricto respeto a la dignidad humana, la libertad y la igualdad” [par. 6.7].

A juicio de la Corte, en el caso objeto de estudio, se produjo una extralimitación del derecho a la libertad de expresión, pues las expresiones contenidas en el artículo difundido eran afirmaciones sobre hechos que violentaban la imagen del Presidente de la República y le atribuían responsabilidad por delitos que no había cometido, lo que demostraba el “animus injuriandi” del autor. Lo anterior justificaba, en criterio de la Corte, la condena impuesta.

La Corte explicó que los directores del diario realizaron un aporte indispensable para la consumación del delito, pues de haber evitado que la publicación se difundiera, nunca se hubiera podido causar el daño sobre la honra del Presidente. Por ello decidió confirmar la decisión de condenarlos a tres años de prisión y –solidariamente- al pago de 30 millones de dólares a título de “autores coadyuvantes” del delito.

Con respecto a la condena al diario “El Universo”, la Corte decidió que no lo estaba condenando penalmente, porque por tratarse de una persona jurídica no tenía tal competencia. Sin embargo, indicó que sí tenía la facultad de ordenarle el pago de los perjuicios causados por sus representantes, por lo que si bien no lo declaraba responsable del delito cometido, sí lo hacía del pago de la condena sobre los perjuicios correspondiente a 10 millones de dólares.

La Corte señaló que la indemnización era proporcional al daño causado pues éste revestía notable gravedad porque el “registro impreso quedará registrado de manera definitiva, afectando el derecho a la personalidad de la víctima, de manera permanente” [p. 54].

Finalmente, la Corte consideró que si bien los funcionarios públicos deben tener un mayor grado de tolerancia ante las opiniones y noticias que se realicen sobre el ejercicio de sus cargos, eso no quiere decir que no tengan derecho a la honra y que ésta no deba ser protegida por la ley.