Resumen y resultado del caso

Hechos

Análisis de la Decisión

La Corte debió resolver si un periodista podía, en virtud del derecho a la información, grabar secretamente y luego hacer pública una conversación de la que hacía parte, para poner al descubierto una conducta irregular cometida por un particular pero que reviste interés público.

La Corte comenzó por analizar si existió una intromisión ilegítima en la privacidad. A este respecto, afirmó, en primer lugar, que la presunción de privacidad desaparece en el momento en el cual se pone en evidencia la comisión de un delito o una falta que compromete el interés público. En ese sentido, en el presente caso, la Corte consideró que aunque no se hubiera “demostrado la comisión de un delito” por parte de la psiquiatra, sus actuaciones por lo menos comportaban “una trasgresión a la ética profesional” y se convertían en una actuación de interés público por cuanto se otorgaron licencias médicas injustificadas en perjuicio de los otros contribuyentes del sistema de salud y además se cometieron irregularidades en la práctica médica lo cual es de indudable interés de todos.

A juicio de la Corte, para que exista una intromisión ilegítima en la privacidad “quien debe violar [este derecho] mediante la intromisión en el espacio privado o bien el que difunda la información así obtenida debe ser un tercero distinto de aquel a quien la supuesta víctima reveló hechos renunciando a su expectativa de privacidad, pues respecto del interlocutor la indiscreción no puede ser sancionada” [Sentencia de anulación p. 9]. La Corte estimó que, teniendo en cuenta que las grabaciones habían sido realizadas por uno de los interlocutores dentro de la conversación, este es también dueño del contenido de la misma y por lo tanto puede legítimamente difundirla.

Por lo anterior, consideró la Corte que no había una afectación a la privacidad de la psiquiatra y por lo tanto no se configuraron los elementos del tipo penal de violación de la privacidad. Por esto, concluyó que hubo un error del juez inferior al momento de calificar la conducta típica y procedió a anular la sentencia impugnada.

Posteriormente, en el fallo de reemplazo, explicó la Corte que en ningún momento los periodistas realizaron un ocultamiento o engaño para ingresar a la consulta y que lo constatado por ellos hubiera podido ser divulgado por cualquier otro paciente que acudiera a una cita médica con la psiquiatra. Explicó la Corte además, teniendo en cuenta las consideraciones de la sentencia de anulación, que la información difundida se refería al ejercicio de la profesión de la demandante y no excedía el ámbito privado ya que los periodistas no se refirieron a hechos relacionados con su “vida sexual, conyugal, familiar o doméstica” [Sentencia de reemplazo p. 3].

En suma, el alto Tribunal sostuvo que no incurre en el delito de intromisión ilegítima de la privacidad el periodista que graba y difunde una conversación sostenida con un particular encargado de la prestación del servicio de salud en la cual este revela, sin saber que la conversación está siendo grabada, la comisión de un delito o de una falta.

Por lo anterior, la Corte absolvió a los acusados y rechazó la solicitud de indemnización por responsabilidad civil, por cuanto sin responsabilidad penal no podía haber lugar a una reparación de tipo civil.

Los jueces Dolmestch y Pfeiffer expresaron en su voto en contra que, a su juicio, la conducta de los periodistas sí daba lugar a la conducta típica enmarcada en el artículo 161 del Código Penal, puesto que entraron a un recinto cerrado y grabaron una conversación de carácter privado que además fue publicada sin consentimiento de todas las personas involucradas.