Resumen y resultado del caso

El Tribunal Constitucional de Perú determinó que el ejercicio de los derechos laborales colectivos, especialmente el derecho de huelga, debe ser conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente, respetando los derechos de terceros, particularmente, los derechos del empleador. El caso se originó después de que 26 trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Compañía Minera Atacocha S.A. fueron despedidos por la referida empresa en forma simultánea y masiva, a consecuencia de la paralización de labores realizada los días 7 y 8 de febrero de 2003. Durante la huelga se produjeron daños y actos de violencia. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, en segunda instancia, declaró infundada la demanda de amparo presentada por el sindicato.

Los demandantes interpusieron un recurso de agravio constitucional en contra de la sentencia. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda y ordenó la reincorporación de 18 trabajadores sindicalistas a sus puestos de trabajo (otros 8 ya habían sido reincorporados), por no haberse acreditado su participación en los daños ocasionados durante la protesta sindical.

Hechos

Los días 7 y 8 de febrero del 2003, los trabajadores de la Compañía Minera Atacocha paralizaron sus actividades laborales en ejercicio de su derecho a la huelga. La compañía minera atribuyó a los dirigentes y afiliados del Sindicato de Trabajadores Mineros de Atacocha la realización de actos de violencia, daños y desmanes en la referida protesta sindical. Estas atribuciones no fueron verificadas por el Ministerio Público. Sin embargo, la minera despidió simultánea y masivamente a 26 trabajadores afiliados al sindicato, entre los que se encontraban los 20 miembros de su junta directiva.

Por su parte, el sindicato interpuso una demanda de amparo ante el Quincuagésimo Juzgado Civil de Lima, en la que solicitó que se ordenara el cese a la vulneración de sus derechos a la libertad sindical y a la huelga. Además, solicitaron que se dejara sin efecto el despido de los trabajadores.

Este juzgado declaró fundado el amparo y consideró que no se había individualizado la responsabilidad de los daños alegados por la empresa minera durante la protesta. Sin embargo, en segunda instancia, la Primera Sala Civil de Lima declaró infundada la demanda, pues los trabajadores cuya reposición solicitó el sindicato recurrieron individualmente a la vía judicial laboral ordinaria a fin de solicitar la nulidad de sus despidos. El sindicato interpuso recurso de agravio constitucional por el cual el Tribunal Constitucional desestimó los argumentos de la Sala y declaró fundada la demanda.

Análisis de la Decisión

El Tribunal analizó la relación entre la dimensión plural de la libertad sindical y los derechos de reunión sindical, negociación colectiva y huelga. Asimismo, discutió la responsabilidad de los trabajadores respecto a los daños y actos de violencia realizados durante la protesta sindical.

El Tribunal fundamentó su decisión en el artículo 28.1 de la Constitución que reconoce el derecho a la sindicación y la libertad sindical, señalando que su contenido esencial implica la protección del trabajador ante los actos que perjudiquen sus derechos y se motiven en su condición de afiliado a una organización sindical. En ese sentido, el Tribunal Constitucional recalcó que la libertad sindical no solo tiene una dimensión individual sino también una dimensión plural protegida por el Convenio 87 y el Convenio 98 de la OIT. A la luz del caso, precisó que “la libertad sindical en su dimensión plural también protege la autonomía sindical (…), las actividades sindicales que desarrollan los sindicatos y sus afiliados de manera colectiva, así como la de los dirigentes sindicales” (Fundamento N°6)

 Sin esta protección no sería posible un adecuado ejercicio de la negociación colectiva y del derecho a huelga. Basándose en el contenido de las cartas de imputación de cargos y de despido, el Tribunal señaló que la empresa demandada “mediante las cartas mencionadas, no ha podido determinar responsabilidades individuales vinculadas a hechos concretos sino que atribuye, abstracta y subjetivamente, la responsabilidad de los mencionados daños a la totalidad de la dirigencia sindical y a otros trabajadores sindicalizados” (Fundamento N° 12). Además, la participación de los trabajadores en los daños alegados no fue comprobada por el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Finalmente, el Tribunal consideró que el ejercicio de los derechos laborales colectivos, especialmente el derecho de huelga, debe ser conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente, respetando los derechos de terceros, particularmente, los derechos del empleador.