Resumen y resultado del caso

El demandante solicitó acceder a un informe de un organismo internacional que el Banco Central de Costa Rica no quería hacer público. Dicho pedido fue denegado, argumentando que ciertas normas internas del Fondo Monetario Internacional –el organismo que hizo el informe– impedían darlo a conocer. La Corte Suprema de Justicia no estuvo de acuerdo con esa decisión y consideró que el acceso a la información solicitada debía ser garantizado.

Hechos

El demandante era el titular del Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda, quien se enteró de la confidencialidad del informe a través de una entrevista concedida por el presidente del Banco Central al diario La Nación. El presidente del Banco esgrimió dos argumentos para sostener su posición. En primer lugar, sostuvo que había una “tradición” de no hacerlos públicos. En segundo lugar, sostuvo que estaba impedido de hacerlo como consecuencia de disposiciones internas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por su parte, y tal como está acreditado en el expediente, el diario La Nación había averiguado que el FMI no había dado a conocer ese informe por pedido del gobierno costarricense (cdo. 8).

Corte Suprema de Justicia consideró que el acceso a la información solicitada debía ser garantizado y ordenó la entrega inmediata de la misma.

Análisis de la Decisión

La Corte debió decidir si la decisión del Banco Central de no entregar un informe realizado por el FMI estaba debidamente motivada o si, por el contrario, era arbitraria y vulneraba los derechos de los solicitantes.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema comenzó su análisis destacando la importancia fundamental del derecho de acceso a la información en una sociedad democrática y señalando que el mismo es un derecho «preferente» [par. III]. Consideró, además, que tal derecho “tiene un carácter preferente al considerarse que garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre; garantía que reviste una especial trascendencia ya que, de ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática» [par. IV].

En relación al caso concreto, el tribunal estimó que existe un «evidente interés» de los ciudadanos en acceder al informe objeto de la litis. La Corte consideró que en la medida en que la ciudadanía en general pueda acceder a esa información, podrá tener conocimiento sobre el contenido de ese informe y «podrá ejercer con mayor propiedad y conocimiento, su derecho de participación en la toma de decisiones de la colectividad y, por ende, podrá también ejercitar los derechos que de ahí se desliguen» (cdro. VI).

El tribunal rechazó los argumentos dados por el Banco Central para negar la entrega del informe: consideró que de ninguno de los numerales del Convenio Constitutivo del FMI surge la necesidad de que sus informes sean confidenciales. En consecuencia, el Tribunal estimó que no estaba constituida una excepción legítima al acceso a la información y que correspondía hacer entrega inmediata del informe a los solicitantes, a quienes se les violó su derecho al acceso a la información por la decisión arbitraria del Banco Central.