Resumen y resultado del caso

Un ciudadano mexicano, propietario de un sitio web, interpuso una demanda de amparo en contra de la decisión del Instituto de la Propiedad Industrial  que ordenó  bloquear el acceso al sitio web, toda vez que el demandante había publicado obras musicales sin permiso de los titulares. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que la medida vulneraba el derecho de expresión e información del propietario y de los usuarios que hacían uso de la plataforma al no limitar la restricción a las obras musicales que eran objeto de disputa.

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Hechos

El ciudadano propietario de la página web interpuso una demanda de amparo en contra de diferentes normas estatales que  consideró  inconstitucionales: (i) el artículo 199 Bis, fracción V, de la Ley de Propiedad Industrial que autoriza al Instituto de la Propiedad Intelectual a ordenar la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a la propiedad intelectual, y (ii) el artículo  177, penúltimo párrafo, del reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor que dispone que la orden de suspensión o cese de los actos sobre cualquier forma de comunicación al público, incluyendo redes de telecomunicaciones.

Así mismo, la demanda se dirigió en contra del acto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la medida provisional que ordenaba bloquear el acceso al sitio web e incluir una leyenda que alertara que se impedía la visualización en cumplimiento de la Ley de Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor. La decisión adoptada por el Instituto se sustentó en que el almacenamiento de obras musicales en la página mencionada vulneraba los derechos de autor de terceros.

El juez de primera instancia al conocer del asunto se declaró incompetente por razón de materia. Posteriormente, un segundo juez avocó amparó los derechos de la parte quejosa.

El juez argumentó que las medidas provisionales impuestas al accionante vulneraban los derechos la libertad de expresión, y el acceso y neutralidad de internet. En este sentido, argumentó que la prohibición de acceso a la página web en su totalidad se podía entender como una censura previa de los contenidos y constituía una restricción injustificada y desproporcionada, pues la suspensión podría implicar la imposibilidad de acceder a información no relacionada con el procedimiento administrativo. Adicionalmente, mencionó que no hubo una valoración clara y específica que demostrara la idoneidad, proporcionalidad, necesidad y procedencia de la restricción.

Inconformes con lo anterior, diferentes ciudadanos en representación de un tercero interesado, y varias entidades públicas interpusieron un recurso de revisión, el cual fue conocido por la  Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Los argumentos del recurso de revisión incluyen varios señalamientos de orden procesal y la consideración de que el amparo otorgado era ilegal pues “el derecho de autor es un derecho humano, por lo que su protección no puede constituir una restricción justificada al derecho de acceso a Internet. Máxime que los artículos 6 y 7 constitucionales, contienen restricciones constitucionales expresas al derecho humano de la libertad de expresión, dentro de las cuales se contempla la afectación a derechos de terceros, como lo son precisamente las afectaciones a los titulares del derecho de autor”. [Considerando 4º 3.]

Frente al caso en concreto, la Corporación encontró que la medida cautelar impuesta a la página web estaba fundamentada en la Ley de Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, además de estar encaminada a un fin legítimo, que era la tutela de los derechos de autor de terceros. No obstante, indicó que no cumplió con los requisitos de proporcionalidad y necesidad, pues había sido la medida más restrictiva. Por lo anterior, concedió el amparo constitucional al quejoso.

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Análisis de la Decisión

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encargó de conocer el asunto. El problema principal que la SCJN analizó fue si las medidas provisionales consistentes en bloquear el acceso al sitio web, así como la orden para limitar su visualización con una leyenda que informe sobre una presunta infracción a la ley de derechos de autor constituyeron una restricción indebida a la libertad de expresión.

En cuanto a la regularidad constitucional de la sentencia reclamada, la Corte determinó que era infundada y estimó necesario analizar los principios que rigen en la libertad de expresión en el contexto de internet. En primer lugar, resaltó que la libertad de expresión “es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática y para la formación de la opinión pública” [Considerando 4º 3.1]. De acuerdo con la SCJN, desde una dimensión individual este derecho le permite a la persona “manifestarse libremente sin ser cuestionada sobre el contenido de sus opiniones y los medios que ha elegido para difundirlas” [Considerando 4º 3.1]; desde una dimensión colectiva tiene la facultad de comunicar sus ideas y recibir las de los demás “contribuyéndose al fortalecimiento del debate público y del pluralismo ideológico, incluyendo el político”. [Considerando 4º 3.1]. Así mismo, la Corte consideró que  la libertad de expresión es un “factor coadyuvante” [Considerando 4º 3.1] para el ejercicio de otros derechos como el derecho a la educación, la libertad de asociación y participación.

Citando al Comité de Derechos Humanos, la Corte señaló que  el derecho a la libertad de expresión protege todas las formas y modos de expresión, que incluyen el Internet [1]. Posteriormente, la Corte indicó que el Estado debe comprender la evolución de las tecnologías y resaltó la importancia de que el Estado tome “todas las medidas necesarias para fomentar la independencia de esos nuevos medios y asegurar el acceso a los mismos de los particulares” [2]. Además, la  SCJN indicó que Internet se ha constituido en un espacio que permite intercambiar opiniones y conocimientos instantáneamente, a un bajo costo, traspasando fronteras y con un relativo anonimato, donde los usuarios han dejado de ser meros receptores de información para convertirse en creadores del mismo. Por lo tanto, citando al Relator Especial de la ONU en materia de libertad de expresión, señaló que “el flujo de información por Internet debería restringirse lo mínimo posible” [3] bajo circunstancias excepcionales y limitadas establecidas por el derecho internacional, tales como el párrafo 3 del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte concluyó que el Estado solo deberá imponer límites que estén encaminados al cumplimiento de un fin legítimo expreso en la ley, y de conformidad con principios de necesidad y proporcionalidad, “estableciendo una conexión directa e inmediata entre la expresión y la amenaza” [4]. [Considerando 4º 3.1].

Adicionalmente, siguiendo al Relator Especial, la Corte expresó que existían medidas y reglamentos que establecían restricciones legítimas para casos de medios de comunicación tradicionales, que no pueden ser aplicados a Internet. Entre las restricciones del derecho a la libertad de expresión en internet se encuentran “desde medidas técnicas para impedir el acceso a determinados contenidos, como bloqueos y filtros, hasta garantías inadecuadas del derecho a la intimidad y la protección de los datos personales” [Considerando 4º 3.1]. No obstante, la SCJN enfatizó en que estas actividades (bloqueos) no pueden convertirse en una censura a la información mediante controles que generalmente se ocultan al público, que son injustificados, desproporcionados, innecesarios, o sin la intervención por parte de un órgano judicial o independiente que analice la situación.

Conforme a lo anterior, la Corte retomó la necesidad de hacer una distinción entre tres tipos de expresión, los cuales plantean diferentes respuestas jurídicas, según la Relatoría Especial, a saber: (i) aquellas que constituyen un delito según el derecho internacional, donde el Estado tiene la obligación de prohibirlas (p.ej.: discursos de odio, pornografía infantil); (ii) aquellas que puedan justificar una restricción o demanda civil, pero que no se entienden como un delito, y; (iii) las que no dan lugar a sanciones civiles o penales, pero que plantean problemas alrededor de la tolerancia, el respeto y la urbanidad. Para estas dos últimas categorías debe aplicarse el estándar de evaluación (legalidad, necesidad, proporcionalidad) donde la restricción debe referirse a un contenido concreto y no general.

Frente al caso en concreto, la Corte encontró que la medida cautelar impuesta a la página web estaba fundamentada en la Ley de Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, además de estar encaminada a un fin legítimo, que era la tutela de los derechos de autor de terceros. No obstante, indicó que no cumplió con los requisitos de proporcionalidad y necesidad, pues había sido la medida más restrictiva. El que las autoridades responsables hayan trascendido al bloqueo absoluto de la página web, sin limitarse a la restricción de la inclusión de las obras musicales objeto de disputa, “se traducen en una censura absoluta de la totalidad de la información y contenidos de la citada página de Internet, con entera independencia de que guarden o no relación con las presuntas violaciones a los derechos de autor de las obras musicales que se pretenden salvaguardar” [Considerando 4º 3.2]. Finalmente, la SCJN resaltó que los derechos culturales, donde las expresiones de arte, como la literatura o la música, deben considerarse derechos humanos a la información y expresión manifestando que plataformas, como la aludida, eran especialmente útiles para que los usuarios puedan ejercer su derecho a la información y expresión.

De conformidad con lo anterior, la SCJN encontró infundados los agravios realizados por los reclamantes en materia de revisión. En consecuencia, confirmó la sentencia recurrida y otorgó el amparo interpuesto por el quejoso frente al acto realizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

[1] Comité de Derechos Humanos, pár. 12, O.N.U. Doc. CCPR/C/GC/34 (Jul. 21, 2011)

 

[2] Comité de Derechos Humanos, pár. 15, O.N.U. Doc. CCPR/C/GC/34 (Jul. 21, 2011)

 

[3] A.G. Res. 66/290, par. 12, O.N.U. Doc. A/66/290 (Ago. 10, 2011).

 

[4] Comité de Derechos Humanos, pár. 35, O.N.U. Doc. CCPR/C/GC/34 (Jul. 21, 2011)

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