Pando de Mercado, María Cecilia y otro c/ Gente Grossa SRL s/ daños y perjuicios

En apelación/recurso extraordinario/recurso constitucional Contrae el alcance del derecho a la Expresión

Key Details

  • Tipo de Expresión
    Expresión o conducta no verbal
  • Fecha de la decisión
    abril 29, 2016
  • Decisión
    Admisibiliad de la acción, Orden Judicial que otorga la solicitud/Interdicto otorgado
  • Número del caso
    63.667/2012
  • Región y País
    Argentina, Latinoamérica y el Caribe
  • Órgano Judicial
    Corte o Juzgado de primera instancia
  • Régimen Jurídico
    Derecho Constitucional, Derecho Civil
  • Temas
    Regulación de Contenido/ Censura, Difamación/ Injuria/ Reputación, Expresión Política, Privacidad, protección y retención de datos
  • Palabras clave
    Caricaturas, Censura judicial, Datos Personales, Difamación civil (injuria y calumnia), Estrés emocional, Funcionarios públicos, Honra y buen nombre, Interés Público, Intimidad, Libertad de Prensa, Medios de Comunicación, Multas, Opinión política/filosófica, Personas de relevancia pública, Privacidad, Reparaciones, Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidades ulteriores, Restricciones previas, Sexualidad

Analisis de Caso

Resumen y resultado del caso

El 13 de agosto de 2010, la revista argentina Barcelona, publicó un fotomontaje satírico de la esposa de un militar condenado por crímenes de lesa humanidad, quien se había encadenado frente a un edificio del Estado con el propósito de denunciar las condiciones de reclusión de su marido. María Cecilia Pando de Mercado, demandó a la revista Barcelona por considerar que la publicación había violado sus derechos a la honra, a la intimidad y a la integridad moral y solicitó una medida cautelar para que se retirara de circulación la revista. El Juzgado Civil 108, en primera instancia, desestimó la medida cautelar solicitada por la demandante. Sin embargo, condenó a la parte demandada a pagarle a la demandante, cuarenta mil pesos argentinos por considerar que se le habían violado sus derechos a la honra, a la intimidad y a la integridad moral. En segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, otorgó la medida cautelar, que sin embargo, no fue cumplida por la revista.


Hechos

El 4 de agosto de 2010, María Cecilia Pando de Mercado se encadenó frente al edificio Libertador junto a otras esposas de militares que se encontraban presos por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Sus acciones tuvieron el propósito de denunciar las condiciones en que estaban presos los condenados.

El 13 de agosto de 2010, la Revista Barcelona publicó en la portada de su edición 193 un fotomontaje en el que aparecía la foto de la cara de la señora María Cecilia Pando con un cuerpo atado y desnudo de otra mujer. Esta foto estaba acompañada de frases que se referían de manera satírica a los hechos del 4 de agosto de 2010.

A raíz de esta publicación, la señora María Cecilia Pando de Mercado demandó a la revista por la suma de setenta mil pesos argentinos, por concepto de daños y perjuicios, y solicitó una medida cautelar para que se retirara de circulación la revista. Para la accionante, esta foto y aquellas frases de “contenido pornográfico” que fueron exhibidas en miles de kioscos, lesionaron su honra y la de su familia.

La revista Barcelona controvirtió los argumentos invocados en la demanda, aduciendo que la demandante era una figura pública que expuso su punto de vista y su cuerpo para defender a los militares argentinos genocidas de la última dictadura militar. También señaló que el trabajo de la revista se basa en tomar y “resignificar” una noticia con una intencionalidad política que busca llevar al lector a la reflexión y al debate. Adicionalmente, estableció que no hubo ningún contenido erótico ni pornográfico en sus publicaciones. Por otro lado, la accionada se refirió a que el cuerpo desnudo no era el de la accionante, sino un fotomontaje que no se asemeja a su cuerpo. Así pues, la revista estableció que no hizo otra cosa que publicar la noticia recurriendo a la sátira y a la parodia.

El Juzgado de primera instancia, decidió proteger los derechos a la intimidad, la honra y la integridad moral de la señora Pando de Mercado. Así, condenó a la revista a pagar a la accionante cuarenta mil pesos argentinos y demás costas del proceso. No obstante, desestimó la medida cautelar del retiro de circulación de la revista.

La Cámara de Apelaciones revocó la decisión del Juzgado Civil respecto de la medida cautelar, otorgándola. Sin embargo, la orden judicial no fue cumplida por la parte demandada.


Análisis de la Decisión

El Juzgado tuvo que analizar dos problemas jurídicos. En primer lugar, se preguntó ¿Cómo debe entenderse el derecho a la privacidad de aquellas personas que no son figuras públicas pero que sí gozan de cierta notoriedad?

Luego, se cuestionó sobre la carga de la prueba que debe tener una persona privada cuando actúa como demandante en un proceso en contra de un medio de prensa por presuntamente haber violado su derecho a la honra, a la integridad y al honor. Específicamente, evaluó la necesidad de probar la existencia de real malicia.

El Juzgado inició estableciendo los criterios que deben ser utilizados para resolver la tensión entre el derecho a la libertad de expresión y los derechos a la honra, el honor, la intimidad y la integridad moral. Para tal efecto, el Juzgado afirmó que todos estos derechos se encuentran consagrados en la Constitución Nacional argentina y en tratados internacionales de derechos humanos.

Estableció que la libertad de pensamiento y de expresión están consagrados en el artículo 14 de la Constitución Nacional –el cual prohíbe la censura previa- y en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional -donde se le otorga estatus constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos– la cual consagra en su artículo 13 el derecho a la libertad de expresión.

Por otro lado, el derecho al honor, a la honra, a la integridad moral y a la intimidad están consagrados, respectivamente, en los artículos 14, 19 y 33 de la Constitución Nacional argentina. Adicionalmente, el Juzgado citó el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales protegen este segundo grupo de derechos.

En virtud de las normas constitucionales e internacionales citadas, la jueza consideró que “la libertad de prensa y la responsabilidad de la prensa son conceptos indivisibles” [p.6]. Afirmó que no solo hay que procurar tener una prensa independiente sino también una responsable, entendiendo la responsabilidad como una de las garantías de la libertad de expresión.

La jueza aseguró que, a pesar de que el ordenamiento jurídico argentino prohíbe la censura previa, ciertos actos de la prensa sí pueden generar responsabilidades ulteriores. En otras palabras, el ejercicio del derecho de expresión de ideas u opiniones no puede extenderse a un nivel en el que se violen otros derechos constitucionales, como la integridad moral, el honor y la intimidad de las personas. De acuerdo con la jueza, la libertad de expresión se predica para una práctica periodística “veraz, prudente y compatible con la dignidad y el respeto por la dignidad no puede entenderse como una manera de obstruir o entorpecer la prensa libre” [p.8].

Establecido lo anterior el Juzgado procedió a analizar el primer problema jurídico. Al respecto, puso de presente que el derecho a la privacidad no puede ser entendido únicamente a partir “de la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino también debe cobijar otros aspectos de la personalidad espiritual física de las personas como la integridad corporal o la imagen, en las cuales nadie puede inmiscuirse ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas sin su consentimiento o el de quienes estén autorizados a darlo” [p.6]. Determinó entonces, que la ley es lo único que puede justificar esta intromisión, siempre y cuando medie un interés superior, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución de un crimen.

Posteriormente, la jueza se refirió al derecho a la privacidad en el caso de aquellas personas que gozan de cierta fama. Estableció que se puede ejercer una mayor libertad de expresión frente personajes célebres cuyas vidas tengan un carácter público, o cuando se trate de personajes populares, sobre los cuales –en aras del interés general- es posible divulgar información relacionada con aquella actividad que les confiere notoriedad o prestigio [p.10]. No obstante, hizo la salvedad de que en todo caso, todas las personas -célebres o no- tienen un sector de vida privada que debe ser protegida de toda intromisión arbitraria.

Para la jueza, fue importante determinar en qué casos una persona puede ser considerada una figura pública. Al respecto citó el caso de la Corte Suprema argentina, Vago, Jorge Antonio c/Ediciones La Urraca S.A. y otros”, en el cual se señala que una persona es considerada una figura pública a partir de dos pautas, (i) la notoriedad de la que goza frente a la generalidad de los individuos, y (ii) si el individuo se ha visto envuelto en controversias que revisten interés público [p.11].

Adicionalmente, la jueza trajo a colación las tres categorías de figuras en materia de libertad de expresión, que distinguió uno de los peritos del proceso. Según el perito, estas categorías responden a la distinción que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas son, funcionarios públicos, personas de reconocimiento público y personas privadas que toman participación de modo voluntario en cuestiones de interés público. Al respecto, la jueza señaló que, teniendo en cuenta las pruebas aportadas, la actora del caso en cuestión es una persona privada que para los hechos del caso tomó participación de modo voluntario en cuestiones de interés público [p.13].

A partir de lo anterior, sin mayores consideraciones, la jueza afirmó que la parte demandada sí lesionó la honra y el honor de la demandante por ser la actora una persona privada que en este caso tomó participación de modo voluntario en cuestiones de interés público.

Luego, el Juzgado procedió a evaluar el segundo problema jurídico, referente a la carga de la prueba y la determinación de la real malicia.

Frente a esto, el Juzgado primero aclaró que cuando la parte afectada por el presunto daño, causado por un medio de prensa, es una figura pública, la prensa deberá ser protegida. Lo anterior, especialmente en aquellos casos en que la prensa sea demandada por: (i) quienes tienen el deber de soportar publicaciones críticas incluso basadas en errores o falsedades, como ocurre en el caso de los funcionarios o, (ii) por individuos que ocupan una posición que les permite contrarrestar, por medios menos riesgosos para la libertad de prensa, los efectos de las respectivas publicaciones, como es el caso de las figuras públicas. No obstante, si estas personas, llegaren a probar real malicia o despreocupación temeraria por parte de la prensa, tendrán derecho a ser reparadas.

Para llegar a la anterior precisión, el Juzgado se remitió al concepto de “real malicia” contemplado en el caso argentino «Amado Calixto Menem”. En este fallo, se revocó la sentencia apelada por haberse considerado que el juzgado de primera instancia aplicó erróneamente el estándar de la “real malicia”. Se trataba de una demanda promovida por un particular que no era funcionario ni figura pública, por lo que no tenía por qué haber asumido la carga de la prueba y no tenía por qué haber acreditado “real malicia”. En este orden de ideas, de acuerdo con el fallo citado- por no ser el demandante un funcionario ni una figura pública, bastaba con acreditar que la prensa había actuado con culpa simple.

De acuerdo con la Jueza, en los casos que tratan sobre personas privadas a quienes se les ha vulnerado sus derechos a la honra o a la intimidad, basta con que se pruebe la culpa simple del medio de comunicación. Por lo tanto, es la prensa quien debe responder incluso por las infracciones más leves al deber de cuidado. Para la jueza, esta afirmación encontró fundamento en el hecho de que las personas privadas no solo son más vulnerables sino que tienen menos posibilidades de reparar las falsedades que han sido divulgadas sobre ellas, en comparación con las posibilidades de aclaración que tienen los funcionarios o las figuras públicas. Adicionalmente, la jueza aclaró que en los casos en que se está ante una figura pública o un funcionario, el demandante deberá probar la real malicia del medio de prensa para lograr una reparación.

Finalmente, el Juzgado procedió a revisar el carácter satírico de la publicación. Definió la sátira como “un género de la literatura que tiene la finalidad de ridiculizar a una persona o que busca burlarse de determinadas situaciones apelando a la ironía, la parodia y el sarcasmo, la sátira consigue expresar su rechazo a aquello que ridiculiza” [p. 15]. No obstante, y aun habiendo plasmado esta definición el Juzgado procede a establecer que “[a] pesar de tratarse de una revista de carácter satírico la foto y las frases allí colocadas exceden un tono sarcástico y burlón y hacen una exposición exagerada de la accionante”[p.19].


Impacto de la decisión

Información Inmediata

El Impacto de la Decisión indica si la decisión expande o restringe la expresión basado en el análisis del caso.

Contrae el alcance del derecho a la Expresión

La decisión contrajo el alcance del derecho a la libertad de expresión, puesto que no acoge los estándares internacionales aplicables para limitar este derecho. Específicamente, resultó problemático para la protección de este derecho el desconocimiento de la sátira como una forma de crítica a asuntos de interés general en una democracia. En este sentido, resulta contrario a los estándares interamericanos la aplicación de restricciones ulteriores a opiniones o juicios de valor. También se extraña una evaluación más rigurosa del interés general que revistió al asunto objeto de controversia, lo cual en últimas fue en detrimento del derecho a la libertad de expresión. Finalmente, resulta clara la omisión en la aplicación del juicio de proporcionalidad o test tripartito.

Perspectiva Global

Información Inmediata

La Perspectiva Global demuestra cómo la decisión de la corte fue influenciada por normas de una o más regiones.

Table of Authorities

Normas jurídicas o decisiones judiciales nacionales

  • Arg., Civil Code art. 1071
  • Arg., Código Civil, Art. 1072
  • Arg., Código Civil, Art. 1089
  • Arg., Código Civil, Art. 1109
  • Arg., Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 1721
  • Arg., Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 1724
  • Arg., Código Penal, Art. 114
  • Arg., Código Procesal, Art. 68
  • Arg., Código Procesal, Art. 377
  • Arg., Constitución Nacional Argentina, art. 14
  • Arg., Const. Nac. Article 19
  • Arg., Const. Nac. Article 33
  • Arg., Const. Nac. art. 75

Otras normas jurídicas o decisiones judiciales

  • U.S., Curtis Publishing Co. v. Butts, 388 U.S. 130 (1967)
  • U.S., Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974)
  • U.S., N.Y. Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964)

Importancia De La Decisión

Información Inmediata

La importancia del caso se refiere a cuán influyente es el caso y cómo su importancia cambia con el tiempo.

La decisión no estableció un precedente vinculante o persuasivo dentro o fuera de su jurisdicción. Hasta el momento, la importancia de esta decisión es indeterminada.

Enlace a los documentos oficiales del caso

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