Resumen y resultado del caso

Hechos

Análisis de la Decisión

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) debió decidir si la revocatoria de la nacionalidad del señor Ivcher Bronstein, como consecuencia de las denuncias realizadas en un programa periodístico sobre los actos de tortura y de corrupción cometidos por el Servicio de Inteligencia Nacional, violó, entre otros, el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

La Corte IDH concluyó que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13.1 y 13.3 de la Convención, en perjuicio del señor Ivcher Bronstein. Para fundamentar su aserto, comenzó por explicar que la libertad de expresión comprendee dos dimensiones de igual importancia,que deberán garantizarse de manera simultánea para dar efectividad total a este derecho: la dimensión individual, que protege el derecho a hablar, a escribir y a utilizar cualquier medio para difundir ideas o informaciones y, la dimensión social, que reconoce la libertad de expresión como un medio para el intercambio de ideas y el derecho de todos a conocer opiniones, noticias y relatos de terceros. La Corte aclaró que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, “de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho a expresarse libremente” [par. 147].

La Corte resaltó que la importancia del derecho a la libertad de expresión se “destaca aún más al analizar el papel que juegan los medios de comunicación en una sociedad democrática [ya que] son verdaderos instrumentos de la libertad de expresión y no vehículos para restringirla, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones” [par. 149]. Asimismo, indicó que es fundamental que los periodistas que trabajan en los medios de comunicación “gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos los que mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad” [par. 150].

Citando a la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte IDH recordó que la libertad de expresión “no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población” [par. 152]. Indicó en este sentido, que la doble dimensión de la libertad de expresión no sólo ampara el derecho de la prensa de transmitir información e ideas relativas a asuntos de interés público, sino también el derecho del público a recibirlas [par. 153]. A este respecto, recordó que tanto en su jurisprudencia como en la jurisprudencia de la Corte Europea ha quedado claro que existe un margen muy estrecho para posibles restricciones que intervengan con el debate sobre asuntos de relevancia pública.

La Corte indicó que en casos de restricciones a la libertad de expresión, debe examinarse, no solo el acto concreto cuestionado sino los hechos del caso en su totalidad, incluyendo las circunstancias y el contexto en los que éstos se presentaron [par. 154].

En el caso concreto, la Corte encontró probado que, como consecuencia de la línea editorial asumida por el canal, Ivcher Bronstein fue objeto de diversas actuaciones intimidatorias por parte de funcionarios públicos. En este contexto, la Corte consideró que la privación arbitraria del título de nacionalidad, “constituyó un medio indirecto para restringir su libertad de expresión, así como la de los periodistas que laboraban e investigaban” en el programa [par. 162], ya que dicha privación tuvo como consecuencia la suspensión de sus derechos como accionista mayoritario del canal y el cambio en el cubrimiento y la línea editorial del mismo.

Para la Corte, al separar al señor Ivcher del control del canal y excluir a los periodistas del programa, “el Estado no sólo restringió el derecho de éstos a circular noticias, ideas y opiniones, sino que afectó también el derecho de todos los peruanos a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opciones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática” [par. 163].

Por todo lo anterior, la Corte ordenó al Estado facilitar las condiciones para que Baruch Ivcher Bronstein pudiera realizar las gestiones necesarias para recuperar el uso y goce de sus derechos como accionista mayoritario del canal.