Resumen y resultado del caso

La Corte Suprema de Madrás sostuvo que el derecho a buscar votos es un derecho fundamental. En el presente caso, el peticionario, Habeeb Mohamed, impidió a uno de los demandados, Muruganantham («demandado»), entrar y hacer campaña en la circunscripción de Thanjavur, alegando que se trataba de un «personaje notorio» contra el que había varias causas penales pendientes. Esto generó alteraciones en el orden público y daños a la propiedad de Mohamed. En respuesta a estos graves sucesos, el peticionario presentó una solicitud ante la Corte pidiendo una indemnización. Esta fue desestimada por la Corte, ya que la orden de indemnización requería la consideración de cuestiones fácticas que estaban por fuera del ámbito de la petición. Sin embargo, la Corte observó que «los candidatos y los cuadros del partido tienen derecho a hacer campaña puerta a puerta. Pueden acudir a cualquier localidad o zona para solicitar votos pacíficamente. Ningún individuo tiene derecho a impedir o restringir el ejercicio de dicho derecho. El derecho a hacer campaña está directamente relacionado con el artículo 19(1)(a), (b) y (d) de la Constitución de la India». [p. 6]

Hechos

El 14 de abril de 2024, un grupo de 50 musulmanes bajo el liderazgo de un tal Rahmankhan le impidió entrar al pueblo de Mallipattinam al demandado, quien se presentaba a las elecciones al Lok Sabha de 2014 bajo la bandera de un partido político –el Bhartiya Janata Party («BJP»)–  acompañado de sus partidarios. Según el peticionario, los demandados actuaron de forma provocadora, incluso lanzando consignas contra la población musulmana y recurriendo a la violencia física. Sus acciones causaron daños a embarcaciones motorizadas que eran propiedad del peticionario y de otros aldeanos, incendiaron vehículos y atacaron un depósito de gasolina.

Tras estos sucesos, el peticionario presentó un reclamo formal al Estado, solicitando una indemnización por los daños que sufrieron los residentes de la aldea de Mallipattinam. Además, el peticionario solicitó una investigación judicial para que se investigara a fondo el asunto. Como su petición no fue atendida, finalmente presentó la presente petición ante la Corte Suprema de Madrás, en virtud del artículo 226 de la Constitución de la India.

El peticionario argumentó que el incidente se produjo porque el gobierno y las autoridades locales no mantuvieron la ley y el orden. Por lo tanto, incluyó al Ministro del Interior, al Director General de Policía, al Superintendente de Policía, al Recaudador del Distrito y a otros como demandados. El demandante le solicitó al tribunal que ordenara a los demandados el pago de una indemnización. Además, le pidió a la Corte que ordenara la realización de una investigación judicial a cargo de un equipo formado por jueces jubilados de la Corte Suprema, activistas de derechos humanos y periodistas «laicos» [p. 2].

Análisis de la Decisión

El juez G.R. Swaminathan de la Corte Suprema de Madrás dictó la decisión en el presente caso. La cuestión principal sometida a consideración de la Corte era si debía concederse al peticionario una indemnización por los daños sufridos.

Al tiempo que destacó la importancia del derecho a solicitar el voto, la Corte observó que, si bien el derecho a votar puede ser sólo un derecho estatutario, el derecho a solicitar el voto es un derecho fundamental y forma parte esencial de la democracia. La Corte señaló que para ejercer el derecho a buscar votos, los partidos y candidatos podían celebrar mitines y reuniones. Sin embargo, señaló el Tribunal, si causaban disturbios, podrían incurrir en un delito electoral en virtud de la Ley de Representación del Pueblo de 1951.

La Corte se basó en la sección 127 de la Ley de Representación del Pueblo de 1951, que prevé el castigo por disturbios en las reuniones electorales, para dictaminar que esta se aplicaría con igual fuerza a las campañas electorales también. [p. 6] La Corte observó que «los candidatos y los cuadros del partido tienen derecho a hacer campaña puerta a puerta. Pueden acudir a cualquier localidad o zona con el fin de solicitar votos pacíficamente. Ningún individuo tiene derecho a impedir o restringir el ejercicio de dicho derecho. El derecho a hacer campaña está directamente relacionado con el artículo 19(1)(a), (b) y (d) de la Constitución de la India». [p. 6]

La Corte subrayó además que «este derecho se deriva del derecho a la libertad de palabra y de expresión, del derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, y del derecho a circular libremente por el territorio de la India». Al tiempo que subrayaba la obligación del gobierno de garantizar la protección de este derecho por todos los medios, la Corte señaló que «las personas que intenten impedir que los candidatos y los cuadros del partido ejerzan este derecho serán tratadas con mano de hierro» [p. 6].

La Corte citó el caso de Kaushal Kishor v. el Estado de UP [(2023) 4 SCC 1], para enfatizar que la Corte Suprema de la India ya había dictaminado que los derechos fundamentales en virtud del artículo 19 de la Constitución se pueden hacer valer contra los individuos y no se limitan al Estado o sus instrumentos. En consecuencia, la Corte dictaminó que los derechos fundamentales del demandado fueron violados por los actos de un sector de los aldeanos de Mallipattinam y calificó tal conducta de antidemocrática.

La Corte consideró que los actos de destrucción por parte del demandado podrían haber sido provocados por el acto del peticionario de impedirle la entrada a la aldea. Sin embargo, la Corte sostuvo que no era de su competencia ahondar en los detalles fácticos. Dado que la orden de indemnización requería un análisis de estos detalles, la Corte concedió al peticionario la libertad de presentar una demanda ante el tribunal de primera instancia para reclamar una indemnización.

Así, la petición examinada por la Corte fue desestimada.