Resumen y resultado del caso

El periódico Gazeta do Povo, y sus periodistas, fueron sistemáticamente denunciados judicialmente en acciones particulares por daños morales tras la publicación de una noticia, un artículo de opinión y una caricatura sobre los salarios de los jueces en el Estado de Paraná, en Brasil. Se contaron más de cuarenta acciones judiciales. El periódico alegó que hubo una acción coordinada por los jueces y que ésta violó su derecho de defensa y a la libertad de expresión. El Supremo Tribunal de Brasil determinó, en un proceso en el que decidió la solicitud de una medida cautelar por parte de los accionantes, la suspensión de los procesos hasta que hubiera una decisión de fondo.

Hechos

El 15 de febrero de 2016, el periódico Gazeta do Povo publicó una noticia sobre los salarios de los jueces del Estado de Paraná a partir de las informaciones disponibles en el Portal de Transparencia del Tribunal de Justicia del Estado. En esta noticia el periódico señalaba que los jueces en el Estado recibían más que el máximo permitido en la Constitución de 1988. Dos días después de la publicación de la noticia, se publicó, en el mismo periódico, un artículo de opinión y una caricatura sobre el tema.

Desde ese momento fueron interpuestas más de cuarenta acciones de responsabilidad civil por daños morales por jueces en contra del periódico y de sus periodistas. El periódico alegó que las acciones tienen el mismo contenido y que fueron coordinadas por la asociación de jueces del Estado. Así mismo, alegó que las diversas acciones simultáneas en diferentes lugares representaron una violación a su derecho de defensa.

Por otro lado, el periódico argumentó que el uso coordinado de acciones judiciales, con la evidente intención de cohibir la libertad de expresión, violó los precedentes del Supremo Tribunal, lo que ameritó la reclamación pretendida. Por lo tanto, solicitó al Tribunal la concesión de la medida cautelar para la suspensión del trámite y de los efectos de decisiones en todos los procesos iniciados por jueces con fundamento en esta noticia. Además, solicitó el cambio de la competencia para el Supremo Tribunal con fundamento en el art. 102, I, (n) de la Constitución de 1988 que permite esto cuando haya “impedimento o sospecha de más de la mitad de los miembros del tribunal de origen”.

Análisis de la Decisión

El Supremo Tribunal debió verificar si el inicio de diversas demandas judiciales coordinadas, y sobre el mismo hecho, tuvo la intención de violar la libertad de expresión de periódico y sus periodistas, contrariando la amplia defensa a la libertad de expresión garantizada en los precedentes vinculantes del Tribunal. En su primera decisión en el expediente, el Supremo Tribunal negó los pedidos con fundamento en la ausencia de actos decisorios en los procesos que permitieran analizar si hubo violación a los precedentes del tribunal y porque para caracterizar la hipótesis del art. 102, I (n) de la Constitución es necesaria una manifestación formal en el expediente, lo que no estaba presente en el caso.

En la segunda decisión, del 30 de junio de 2016, la jueza Rosa Weber, del Supremo Tribunal, concedió la orden de suspensión de los trámites y efectos de decisiones en los procesos judiciales iniciados en razón de la noticia. Para ello, fundamentó su decisión en el hecho superviniente de la primera condena del periódico por daños morales. Según la jueza, el razonamiento de la decisión, que consistió en condenar a daños morales, concedió plausibilidad jurídica a la tesis del no cumplimiento de precedentes del Supremo Tribunal. Así mismo, según la jueza, una prueba de audio, incluida en el expediente, comprobó que muchos de los jueces habían sido movilizados para iniciar las acciones, lo que constituye un riesgo de que haya ocurrido la violación del derecho de defensa del periódico y de sus periodistas en las acciones en trámite, con grave daño financiero y personal para los peticionarios.