Resumen y resultado del caso

La Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional el artículo 373 del Código Penal del Estado de Veracruz , toda vez que vulneraba el derecho a la libertad de expresión al sancionar penalmente a quien emitía información “falsa” que pueda “perturbar” de cualquier manera el orden público. El caso se originó después de que el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos humanos promovió demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 373 del Código Penal del Estado de Veracruz. La Suprema Corte determinó que el tipo penal demandado no establecía un límite legítimo a la libertad de expresión al no ser suficientemente preciso y al no contemplar como condición la “intención dolosa de mentir y generar un daño».

Hechos

El artículo 373 del Código Penal de Veracruz estableció lo siguiente: “A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud; ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.

Para el demandante, el tipo penal trascrito apareja una restricción arbitraria del derecho a la libertad de expresión. En su criterio, si bien la norma tiene como fin mantener el orden público, la imposición de una sanción penal restrictiva de la libertad personal como consecuencia de la conducta establecida en el tipo penal, no resulta ser una medida necesaria en una sociedad democrática. Al respecto, señala que sólo está permitido acudir al derecho penal como límite a la libertad de expresión cuando se está frente a conductas, precisamente descritas, que revistan una extrema gravedad. Considera que la norma demandada no es proporcional pues no “guarda un equilibrio entre los beneficios y los daños que la misma genera” [p.4] e indica que la redacción de la norma demandada viola el principio de legalidad penal y afecta la seguridad jurídica.

La Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la norma demanda. A su juicio, dicha disposición es violatoria de la libertad de expresión dado que, por su ambigüedad permite que una persona que actúe de buena fe y con suficiente diligencia termine siendo condenada por “difundir información falsa” que cause una perturbación al orden público. Esto es así, por que la disposición no establece los parámetros que permiten calificar lo expresado como “falso”, por lo que esta cuestión resultaría siendo decidida discrecionalmente por cada operador judicial. En estas condiciones, las personas en general, y en particular los periodistas, tendrían que enfrentarse al riesgo de ser sancionados penalmente por informar sobre amenazas a la seguridad, pese a haber actuado de manera diligente y de buena fe.

Análisis de la Decisión

En el presente caso, la Corte tuvo que resolver si el artículo 373 del Código Penal del Estado de Veracruz (México) vulnera el derecho a la libertad de expresión, al sancionar penalmente a quien emita información “falsa” que pueda “perturbar” de cualquier manera el orden público.

La Corte comenzó por recordar que en el derecho constitucional mexicano la libertad de expresión es un derecho preferente, que tiene como consecuencia la “presunción general de cobertura constitucional de todo discurso” [p. 34], lo que prohíbe excluir contenido “a priori del debate público” [p. 34]. A este respecto, la Corte indica que el derecho a la libertad de expresión tiene una doble dimensión: por un lado es expresión de la autonomía personal y, por el otro, tienen una “vertiente pública” o social, esencial para el adecuado funcionamiento de una democracia representativa. En este contexto, indicó la Corte que el ejercicio de la libertad de expresión mediante las redes sociales tiene una marcada importancia para la realización de las libertades políticas. Por esta razón, los límites a este derecho deben ser cuidadosamente definidos.

La Suprema Corte recordó que en virtud de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) los límites a la libertad de expresión deben: (i) fundarse en las causales autorizadas por el derecho internacional, relacionadas con conductas de extrema gravedad, (ii) estar definidos de manera detallada y previa en la ley, (iii) perseguir un fin legítimo, (iv) ser necesarias para asegurar ese fin, lo que implica escoger la medida que procure aquel fin al menor costo para la libertad de expresión, y (v) la “restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo” [p. 32].

Empleando los criterios mencionados, la Corte indicó que una de las finalidades en virtud de las cuales la Constitución mexicana y la Convención Americana de Derechos Humanos permiten la restricción de la libertad de expresión, es la defensa del “orden público”. Esa restricción puede hacerse a través del derecho penal cuando se afecten “las condiciones básicas para el funcionamiento de las instituciones democráticas” [p. 22].

Sin embargo, a juicio de la Corte, esta última condición no se cumple en la hipótesis consagrada en la norma demandada, pues aunque persigue un fin legítimo, por su ambigüedad y falta de precisión, no se edifica como el mecanismo “menos restrictivo” de las libertades de expresión y de información para alcanzar dicha finalidad. En este sentido afirma que la protección del orden público puede “alcanzarse razonablemente por un medio menos restrictivo a la libertad de expresión” [p. 40].

Para la Corte, dada su ambigüedad, la norma demandada limita no solo expresiones protegidas por no poner en riesgo la institucionalidad democrática, sino que, incluso establece límites a expresiones de interés público que el derecho internacional ha catalogado como “expresiones especialmente protegidas”. Recuerda la Corte que frente a los límites impuestos a este tipo de expresiones, es indispensable emplear un juicio estricto de constitucionalidad, el cual formula exigencias que la norma no satisface.

En efecto, en su análisis la Corte encontró que la norma no se ajusta a los mandatos del principio de estricta legalidad pues (i) su verbo rector permite la sanción, no sólo de expresiones dolosas sino de cualquier expresión que no se ajuste a la veracidad de los hechos con independencia de la voluntad de quien se expresa, y (ii) la voz “u otros” pudiera representar tanto aparatos análogos a los explosivos como otros distintos a estos que resultan indeterminados. Esta última situación, representa una “vaguedad potencial”, y abre la puerta a “la imposición de penas de manera analógica” [p. 53].

Por las razones anteriores, la Corte llegó a la conclusión de que el tipo penal demandado no establece un límite legítimo a la libertad de expresión, dado que no es lo suficientemente preciso ni establece como condición la “intención dolosa de mentir y generar un daño” [p.30].

Asimismo, la Corte indicó que la norma no tiene en cuenta la necesaria protección del “reporte fiel”, pues conduce a sancionar a quien, de buena fe, “reproduce exactamente lo expresado por su fuente” [p.45], en caso de que la información resulte inexacta.

Finalmente, para la Corte, la falta de precisión de la norma, produce un efecto inhibitorio que compromete la libre circulación de discursos protegidos. En su criterio, ante el temor a ser condenadas, las personas se verían impedidas de transmitir, de buena fe, información de evidente interés público, al no tener la plena seguridad de que se trata de información verdadera. La Corto encontró que por las razones mencionadas, la norma resulta desproporcionada y vulnera el derecho a la libertad de expresión.