Resumen y resultado del caso

La Corte Constitucional de Colombia declaró la inconstitucionalidad de un artículo del Código Penal colombiano que impedía que sobre hechos que habían sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o circunstancias similares de terminación del proceso penal, se alegara la exceptio veritatis como causal de exclusión de responsabilidad de los delitos de injuria y calumnia. Para los accionantes, esta disposición normativa vulneraba los derechos a la igualdad, debido proceso y a la libertad de expresión. La Corte consideró que la norma en comentó, a pesar de perseguir fines legítimos, sacrificaba de manera desproporcionada la libertad de expresión.

Hechos

La Corte conoció de una demanda contra una norma que impedía alegar la Exceptio Veritatis cuando existiera una sentencia en contra de lo alegado. La norma eximía de responsabilidad penal por el delito de calumnia, a quien lograra probar la veracidad de sus dichos. Sin embargo, la mencionada disposición normativa impedía la demostración de hechos que habían sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o circunstancias similares de terminación del proceso penal. El texto de la norma es el siguiente:

Artículo 224. Eximente de responsabilidad. No será responsable de las conductas descritas en los artículos anteriores quien probare la veracidad de las imputaciones.

Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba:

1. Sobre la imputación de cualquier conducta punible que hubiere sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento o sus equivalentes, excepto si se tratare de prescripción de la acción, […] [Resaltado dentro del texto original].

Los accionantes consideraron que el texto subrayado vulneraba los derechos a la igualdad, debido proceso, defensa y libertad de información. Indicaron que por tratarse de una controversia sobre el principio de igualdad, la norma “debía ser juzgada con aplicación del juicio estricto de proporcionalidad” [p. 2], el cual, a juicio de los demandantes, no sería superado. Alegaron también, que la norma “establec[ía] una limitación absoluta a la posibilidad de presentar pruebas por una de las partes del proceso” lo cual vulneraba el núcleo esencial del derecho de defensa y contradicción [p. 7]. Finalmente, esgrimieron que la disposición demandada vulneraba la libertad de información porque hacía imposible dar a conocer a la ciudadanía “asuntos de interés general que merecen ser discutidos de forma transparente a través del debate público, al impedir a los medios obrar con la mencionada responsabilidad social de informar a la sociedad adecuada y oportunamente” [p. 8].

La Corte Constitucional decidió declarar la norma inconstitucional. A su juicio, la disposición demandada vulneraba de forma desproporcionada el derecho a la libertad de expresión.

Análisis de la Decisión

La Corte Constitucional de Colombia tuvo que decidir si vulnera el derecho a la libertad de expresión una disposición normativa que impide demostrar la veracidad de los dichos de una persona que es procesada por el delito de calumnia, cuando los hechos publicados ya han sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o circunstancias similares de terminación del proceso penal.

La Corte inició su argumentación indicando que la legislación penal había consagrado, desde tiempos preconstitucionales, la excepción de la verdad (exceptio veritatis). Para la Corte, dicha excepción se aplica cuando quien comete el delito de calumnia logra probar la veracidad de sus dichos, trayendo como consecuencia que se le exima de responsabilidad penal. Ello es así, porque si el dicho objeto de controversia no es falso, es imposible adelantar un juicio por la comisión del hecho punible. La Corte agregó que el delito de calumnia protege el bien jurídico del honor, el cual no se ve vulnerado cuando se comentan hechos sobre una persona que se adecúan a la realidad. A juicio de la Corte, la información sobre la comisión de malas acciones y sus autores es de interés social, por ello, en un Estado democrático debe garantizarse el derecho a informar a la ciudadanía y a expresar las ideas que se tengan al respecto.

Ahora bien, la Corte resaltó que en el derecho comparado existen varias tendencias sobre la limitación a la exceptio veritatis, es decir, en algunos países no se admite en ningún caso la posibilidad de probar la veracidad de las imputaciones, en otros se admite parcialmente la prueba y, finalmente en algunos Estados se admite demostrar la veracidad de los dichos en todos los casos. Sin embargo, la Corte resaltó que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en todo caso, había abogado por la despenalización de los delitos de injuria y calumnia, especialmente cuando el sujeto pasivo es un funcionario público.

La Corte explicó que la disposición legal objeto de controversia tenía como finalidad proteger el derecho a la honra y buen nombre de las personas que habían sido absueltas por la justicia de algún tipo de responsabilidad penal. Indicó también que dicha disposición podía, sin embargo, ir en contra de la libertad de expresión, específicamente de la libertad de información y prensa “[p]orque en todo caso, es claro que la sanción penal con los delitos de injuria y calumnia, y la imposibilidad de probar la verdad para librarse de responsabilidad, generan una disminución de los ámbitos de libertad de quien pretende expresarse sobre la ocurrencia de unos hechos y sus consecuencias, o difundir dicha información a través de cualquier medio, incluida la prensa, la televisión [o] la imprenta.” [p. 88]

Para resolver la tensión entre los derechos en mención, la Corte decidió utilizar un test de proporcionalidad estricto consistente en cuatro etapas: en primer lugar,  se debe analizar si la medida que restringe la libertad de expresión persigue un fin constitucionalmente legítimo, en segundo lugar corresponde verificar que la medida restrictiva sea idónea, en tercer lugar se debe evaluar que sea también necesaria, y finalmente, en cuarto lugar, se debe analizar si la medida es proporcional en sentido estricto. Ello es así, pues a juicio de la Corte, el derecho a la libertad de expresión tiene un carácter “preferente” dentro del ordenamiento jurídico, por lo que “obliga sin duda alguna a aplicar en el presente asunto el juicio de proporcionalidad más estricto e intenso, pues no sólo se enfrenta el juez constitucional a una limitación de un derecho fundamental, sino a una limitación de un derecho fundamental especialmente valioso para el sistema constitucional mismo” [p. 102].

La Corte entonces, siguiendo la mencionada metodología, consideró que la disposición demandada superaba la primera y segunda etapa del test ya que la medida contenida en la norma perseguía un fin constitucionalmente legítimo que era la protección de otros derechos fundamentales: la honra y buen nombre. Con relación a la segunda etapa del juicio la Corte indicó que “[l]a norma es adecuada, e incluso efectivamente conducente para el logro del fin perseguido” [p. 103], esto es la efectiva protección de los derechos a la honra y buen nombre cuando una persona fue absuelta de forma definitiva dentro de un proceso penal. Sin embargo, la Corte explicó que la disposición demandada no superaba la tercera y cuarta etapa del test, pues dentro del ordenamiento jurídico existen otros mecanismos menos gravosos para proteger el derecho a la honra y buen nombre como lo son la acción de tutela, la retractación, la rectificación, la responsabilidad civil e incluso la responsabilidad penal cuando se cometen los delitos de injuria y calumnia. Asimismo, indicó la Corte que la norma no era estrictamente proporcional pues sacrificaba de forma extrema el derecho a la libertad de expresión lo cual era “demasiado costoso para una sociedad que se construye sobre las bases de lo democrático, lo participativo y lo pluralista.” [p. 107]

Siendo ello así, al no superar las cuatro etapas del test de proporcionalidad, la Corte decidió declarar inconstitucional la norma demandada (inciso, artículo 224) y expulsarla del ordenamiento jurídico. Tres magistrados se apartaron del fallo por considerar que la norma no violaba la Constitución.