Claude Reyes v. Chile

Cerrado Expande el alcance del derecho a la Expresión

Key Details

  • Fecha de la decisión
    septiembre 16, 2006
  • Decisión
    Acceso a Información concedido
  • Número del caso
    ser. C No. 151
  • Región y País
    Chile, Latinoamérica y el Caribe
  • Órgano Judicial
    Corte Interamericana de Derechos Humanos
  • Régimen Jurídico
    Derecho Internacional/regional de Derecho Humanos
  • Temas
    Acceso a la Información Pública
  • Palabras clave
    Interés Público, Derecho a la información

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Analisis de Caso

Resumen y resultado del caso

El gobierno de Chile violentó el derecho a la libertad de expresión y el derecho a acceder y recibir información de los miembros de una organización ambiental. El gobierno chileno no proveyó una justificación adecuada y tampoco demostró un interés legítimo al negar acceso a información custodiada por el Estado.


Hechos

Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton Guerrero (los demandantes) pertenecían a una organización ambiental llamada Fundación Terram. Estos radicaron una demanda contra el Comité de Inversiones Extranjeras de Chile debido a una denegatoria de parte de la agencia a proveer información custodiada por el Estado sobre el proyecto de Río Cóndor. El proyecto de Río Cóndor era un proyecto de explotación forestal con un impacto potencial sobre el ambiente. Los demandantes argumentaron que el Estado violentó sus derechos a acceso a la información, debido proceso de ley y protección judicial al habérsele negado acceso a información de interés público sin una justificación válida.


Análisis de la Decisión

El caso fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Corte discutió su perspectiva entorno a las violaciones de los derechos consagrados en los artículos 13 (libertad de expresión y pensamiento), 8 (garantías judiciales), y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) con relación a las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones en el Derecho Interno). En cuanto al derecho a la libertad de expresión y de pensamiento establecido en el artículo 13 de la CADH, la Corte señaló que este incluye el derecho a solicitar y recibir información. Asimismo, esta disposición conlleva una obligación de parte del Estado de proveer información en su posesión. Una denegatoria a la divulgación de esta información solo es permitida en virtud de las excepciones establecidas en la CADH y una justificación de su decisión. La Corte añadió que se le debe permitir a los individuos acceso a información custodiada por el Estado sin la necesidad de probar un interés personal o directo. Además, la Corte estableció que tomando en consideración la dimensión social del artículo 13, se permite circular la información obtenida. La Corte también mencionó que el derecho a acceso a la información es un pilar en cualquier sociedad democrática. Esta es necesaria para la formación de opinión pública, la participación en administración pública y para el control de un desempeño eficiente en las funciones públicas.

La Corte consideró que existen restricciones legítimas sobre información bajo el control del Estado. Sin embargo, para que sean legítimas las limitaciones deben estar previamente fijadas por una ley, debe responder a un objetivo establecido en la CADH (como por ejemplo, “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”) y deben ser necesarias en una sociedad democrática, «lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo» [par. 90-91]. La Corte añadió que estas restricciones deben estar en proporción al interés que se intentan justificar y deben ser apropiadas para lograr estos objetivos legítimos con una interferencia mínima al ejercicio de los derechos. [par. 91]. La Corte sostuvo que en una sociedad democrática la regla general en cuanto al derecho de acceso a información debe ser que los Estados se rijan por el principio de máxima divulgación. Este principio establece una presunción de que toda información es accesible salvo limitadas excepciones en las cuales el Estado debe probar que intenta cumplir con un objetivo legítimo. En este caso, la denegatoria por parte del Estado a la información solicitada por los demandantes no fue basada en una ley. Chile tampoco probó que la limitación estuviera entre las restricciones legitimas contempladas en la CADH. El gobierno de Chile tampoco pudo probar que la restricción fuera necesaria en una sociedad democrática debido a que no proveyeron una justificación para negar el acceso a la información. Por lo tanto, la Corte determinó que Chile había infringido el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento consagrado en el artículo 13 de la CADH.

En cuanto al artículo 8(1) de la CADH, que establece el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial para la determinación de sus derechos, la Corte señaló que no solo es de aplicación a jueces y tribunales judiciales. La Corte sostuvo que las garantías establecidas en la Convención deben ser aplicadas por cualquier órgano que dilucide sobre los derechos de los individuos. Las garantías incluyen no tomar decisiones arbitrarias. En este caso, se trató de una agencia administrativa. El órgano administrativo, al no haber provisto una decisión justificada, infringió, a juicio de la Corte, el artículo 8(1) de la CADH por parte del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile.

Con relación al artículo 25(1) de la CADH, la Corte determinó que por medio de la Corte de Apelaciones de Santiago, Chile violentó dicho artículo. Según la Corte IDH, la decisión tomada por el órgano judicial no fue debidamente justificada. El artículo 25(1) establece el derecho a un recurso efectivo contra violaciones a sus derechos reconocidos por la CADH. La Corte además sostuvo que también se violentó el artículo 8(1) de la Convención. Finalmente, la Corte estableció que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho al acceso de información bajo su control.


Impacto de la decisión

Información Inmediata

El Impacto de la Decisión indica si la decisión expande o restringe la expresión basado en el análisis del caso.

Expande el alcance del derecho a la Expresión

La decisión expande el alcance del derecho de acceso a la información debido a que acentúa el deber que tiene el Estado a proveer información. Asimismo, recalca la importancia del principio de máxima divulgación de información bajo el control del Estado.

Perspectiva Global

Información Inmediata

La Perspectiva Global demuestra cómo la decisión de la corte fue influenciada por normas de una o más regiones.

Table of Authorities

Normas jurídicas Internacionales o Regionales relacionadas

  • UDHR, art. 19
  • ICCPR, art. 19

    Article 19(2).

  • UNCAC Article 13

    Article 13(1)(b).

  • UNCAC Article 10
  • UN Doc., UN GA: Rio Declaration on Environment and Development, UN Doc. No. A/CONF.151/26 (08/12/1992)
  • Articulo 4 de la Carta Democratica Interamericana
  • OAS, Inter-American Democratic Charter Article 6
  • Res., OAS, GA, Access to Public Information: Strengthening Democracy, No. AG/RES. 2252 (XXXVI-O/06) (06/06/2006)
  • Heads of State of the Americas, Special Summit of the Americas, Declaration of Nueva León (01/13/2004)
  • Res., OAS, GA, Access to Public Information: Strengthening Democracy, No. AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03) (06/10/2003)
  • Res., OAS, GA, Access to Public Information: Strengthening Democracy, No. AG/RES. 2057 (XXXIV-O/04) (06/08/2004)
  • Res., OAS, GA, Access to Public Information: Strengthening Democracy, AG/RES. 2121 (XXXV-O/05) (06/07/2005)
  • Rec., COE, Parliamentary Assembly, On Mass Communication Media and Human Rights (01/23/1970)

    Nos. 428, 582.

  • Res., COE, Parliamentary Assembly, On Access by the Public to Government Records and Freedom of Information (02/01/1979)

    No. 854.

  • Dir., EU, On Public Access to Environmental Information and Repealing Council Directive 90/313/EEC, No. 2003/4/EC (01/28/2003)
  • Organization for Security and Co-operation in Europe, Committee of Ministers, On the Freedom of Expression and Information (04/29/1982)
  • Rec., COE, Committee of Ministers, Access to Official Documents, No. Rec(2002)2 (02/21/2002)
  • Corte IDH, Caso Ximenes Lopes v. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149
  • Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango v. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148
  • Corte IDH, Caso Baldeón García v. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147
  • Corte IDH, Caso Gómez Palomino v. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136
  • Corte IDH, Caso de la "Masacre de Mapiripán" v. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134
  • Corte IDH, Caso López Álvarez v. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141
  • Corte IDH, Caso Palamara Iribarne v. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135
  • Corte IDH, Caso Ricardo Canese v. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111
  • Corte IDH, Caso Herrera Ulloa v. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107
  • IACtHR, Bronstein v. Peru, ser. C No. 74 (2001)
  • IACtHR, The Last Temptation of Christ, ser. C No. 73 (2001)
  • Corte IDH, Caso Yatama v. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127
  • Corte IDH, Caso Acevedo Jaramillo y otros v. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144
  • Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello v. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140
  • Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72
  • Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional v. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71
  • Corte IDH, Caso de la Comunidad Moiwana v. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124
  • Corte IDH, Caso Cantos v. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97
  • Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79
  • Corte IDH, Caso García Asto y Ramírez Rojas v. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137
  • Corte IDH, Caso Acosta Calderón v. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129
  • Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125
  • IACtHR, “Five Pensioners” v. Peru, ser. C No. 98 (2003)
  • Corte IDH, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) v. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150
  • Corte IDH, Caso de las niñas Yean y Bosico v. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130
  • Corte IDH, El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16

    (J. García-Ramirez, concurring).

  • Corte IDH, Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18
  • Corte IDH, La colegiación obligatoria de periodistas (arts.13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5
  • Corte IDH, La expresión "Leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6
  • Corte IDH, Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9

    (discussing Arts. 27(2), 25 and 8 American Convention on Human Rights).

  • ECtHR, Feldek v. Slovakia, App. No. 29032/95 (2001)

    § 83, ECHR 2001-VIII.

  • ECtHR, Sürek and Özdemir v. Turkey, App. No. 23927/94 (1999)

    § 60.

  • ECtHR, García Ruiz v. Spain, App. No. 30544/96 (1999)

    § 26, ECHR 1999-I.

  • ECtHR, H. v. Belgium, App. No. 8950/80 (1987)
  • CADH, art. 13
  • CADH, art. 8
  • CADH, art. 1

    Article 1(1).

  • CADH, art. 2
  • CADH, art. 25

Importancia De La Decisión

Información Inmediata

La importancia del caso se refiere a cuán influyente es el caso y cómo su importancia cambia con el tiempo.

La decisión tiene un efecto vinculante o persuasivo dentro de su jurisdicción.

Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Estado respectivo y establecen estándares que deben ser tenidos en cuenta por lo órganos judiciales de todos los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en casos similares.

La decisión (incluyendo las opiniones concurrentes y disidentes) posee un efecto persuasivo fuera de su jurisdicción.

The decision is issued by the IACtHR, maximum authority in regards to the interpretation of the ACHR. The cases below cite the case as persuasive authority.

La decisión fue citada en:


Citas Adicionales:

  • ECtHR, Matky v Czech Republic, No. 19101/03 (2006)
  • ECtHR, Stoll v Switzerland, No. 69698/01 (2007)
  • UK, Kennedy v. Information Comm'r, [2014] UKSC 20

Enlace a los documentos oficiales del caso

Enlace a los documentos oficiales del caso:


Amicus/Intervenciones Ciudadanas e intervenciones relevantes de otras autoridades nacionales

  • Impact Litigation Project of the American University Washington College of Law

    http://www.wcl.american.edu/ilp/amicus.pdf



  • Enlace a reportes, análisis y artículos de prensa sobre la decisión analizada:


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