Resumen y resultado del caso

La Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Perú, absolvió a 24 indígenas achuar y kichwa de la Comunidad Nativa de Andoas que fueron acusados penalmente tras un paro contra la empresa Pluspetrol Norte Sac y sus subcontratistas. Los indígenas manifestantes exigían mejoras salariales y denunciaban la contaminación ambiental producida por la empresa. Durante el paro los manifestantes tomaron posesión del aeródromo de la empresa, de locales de sus contratistas y de tres vehículos privados. La Policía Nacional desalojó a los manifestantes, quienes se resistieron a la fuerza pública. Un policía resultó gravemente herido por un disparo de escopeta y falleció horas después.

La Segunda Sala absolvió a los indígenas acusados por disturbios, resistencia a la autoridad, tenencia ilegal de armas, robo agravado, lesiones graves y homicidio calificado. Para tal efecto, el tribunal analizó el contexto social de las comunidades indígenas, valoró la legitimidad de la protesta social, cuestionó su criminalización y determinó que la toma del aeródromo y otros actos de fuerza no constituyeron delito al realizarse bajo estado de necesidad justificante.

Hechos

El 20 de marzo de 2008, indígenas achuar y kichwa, miembros de la Comunidad Nativa de Andoas, ubicada en la provincia Daten del Marañón, departamento de Loreto, realizaron un paro a fin de exigir aumentos salariales a la empresa Pluspetrol y sus subcontratistas. Los manifestantes también exigían el respeto al medio ambiente y sus territorios. Luego de vencer la resistencia policial, se ubicaron en el aeródromo de la empresa, ocupando la pista de aterrizaje.

Algunos indígenas emplearon dos camionetas y un camión de las referidas empresas a fin de trasladar a los manifestantes. A los dos días, con el fin de recuperar el aeródromo, agentes de la Policía Nacional desalojaron a los manifestantes de forma violenta. Los indígenas se resistieron usando piedras, huaracas, fierros y escopeta, resultando herido de gravedad –por disparo de perdigones– el policía Jaime Ruiz, quien falleció horas después.

El Ministerio Público acusó a 24 indígenas por la comisión de diversos delitos: disturbios, violencia y resistencia a la autoridad, tenencia ilegal de armas, robo agravado, lesiones graves y homicidio calificado.

Análisis de la Decisión

La Segunda Sala Penal analizó si los indígenas eran responsables de la comisión de los delitos y si existieron causas de justificación de los actos de fuerza realizados durante el paro indígena.

La Segunda Sala Penal señaló que se constató la falta de capacidad del Estado para dar solución a los reclamos sociales de diversos sectores y grupos sociales de bajos recursos económicos. Asimismo, el tribunal consideró que la respuesta estatal no puede ser la judicialización de la protesta ni convertir al Poder Judicial en instrumento de persecución. El tribunal puntualizó que “las situaciones de conflicto social exigen de nosotros, el máximo cuidado para evitar una criminalización de la pobreza y de la protesta de las comunidades nativas y de sus miembros” (pág. 60).

Respecto al delito de disturbios, el tribunal determinó que los indígenas acusados no actuaron por medio de una reunión tumultuaria, por lo que no se configuró el tipo penal. Además, el Tribunal entendió que la protesta estuvo enmarcada en el derecho constitucional de petición. Por lo tanto “el hecho de haber participado en la ocupación de la pista de aterrizaje del aeródromo (…) y de algún acto de fuerza, no constituye delito debido a que el reclamo ante situaciones de real pobreza y falta de respuestas razonables del Estado, constituye un estado de necesidad justificante” (pág 63).

Por último, el tribunal determinó que no se identificó a las personas que resistieron al desalojo, ni a las que tomaron los vehículos, y tampoco a los autores de las lesiones del personal policial. Además, no había suficiente prueba que desvirtuara la presunción de inocencia de la persona acusada por homicidio y de la persona acusada por tenencia ilegal de armas.