Asociación por los Derechos Civiles v. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Cerrado Contrae el alcance del derecho a la Expresión

Key Details

  • Tipo de Expresión
    Documentos Públicos
  • Fecha de la decisión
    febrero 28, 2013
  • Decisión
    Revoca la sentencia de instancia inferior, Acceso a la información denegado
  • Número del caso
    Causa N°. 13892
  • Región y País
    Argentina, Latinoamérica y el Caribe
  • Órgano Judicial
    Corte o Juzgado de apelación
  • Régimen Jurídico
    Derecho Constitucional, Derecho Administrativo
  • Temas
    Acceso a la Información Pública
  • Palabras clave
    Datos Personales, Derecho a la información, Excepciones del derecho de acceso a la información, Publicidad, Publicidad oficial

Analisis de Caso

Resumen y resultado del caso

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina, presentó una solicitud ante la Jefatura de Ministros de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en la que pidió información sobre el gasto presupuestado y ejecutado en publicidad oficial para el período 2010 y 2011. La jefatura de Ministros nunca dio respuesta a la solicitud, lo que fue tomado como una negativa por parte de la solicitante. La ADC demandó a la Jefatura de Ministros a través de una acción de amparo, para que se le otorgara la información solicitada. El juez de primera instancia amparó el derecho de acceso a la información pública de la ADC. La Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia aduciendo que la ADC no cumplió con los requisitos establecidos por una ley de la Provincia que exige demostrar un interés legítimo para acceder a la información, además argumentó que esta información ya era pública y de fácil acceso en el portal web de la jefatura. En consecuencia, denegó las pretensiones de la ADC.


Hechos

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina, presentó una solicitud de información ante la Jefatura de Ministros de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, pidiendo información sobre gasto presupuestado y ejecutado en publicidad oficial para el período 2010 y 2011. La jefatura de Ministros indicó que la entidad no acreditó la personería jurídica ni declaró la localidad de su domicilio y, en consecuencia, nunca dio respuesta a la solicitud, lo que fue tomado como una negativa por parte de la solicitante.

La ADC demandó a la Jefatura de Ministros a través de una acción de amparo, para que se le otorgara la información solicitada, alegando su derecho constitucional de acceso a la información pública. El juez de primera instancia amparó el derecho de acceso a la información pública de la ADC.

La Fiscalía apeló la decisión con dos argumentos. Por un lado, dijo que la información desagregada tal como se solicitó, no hace parte de un acto administrativo concreto preexistente, pues es un documento que tendría que ser construido para poder dar respuesta al derecho de petición. Adicionalmente, afirmó que, en todo caso, la información del presupuesto oficial de gastos y recursos de la Provincia de Buenos Aires se encuentra disponible en la página web de la Provincia. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Plata, revocó la sentencia de primera instancia y negó la acción de amparo.

Con posterioridad a esta sentencia, el demandante interpuso recurso de inaplicabilidad de la ley que había llevado a la Cámara a fallar en su contra, pero el recurso fue denegado. Finalmente, el demandante interpuso recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia el cual fue desestimado.


Análisis de la Decisión

La Cámara de apelaciones debió resolver dos cuestiones. Por un lado, debió decidir si quien solicita documentos públicos debe probar el interés legítimo para acceder a dicha información. Por otro lado, debió decidir si el hecho de que la información que se solicita no esté elaborada en un documento es razón para que la administración se niegue a entregarla.

De acuerdo a la Cámara de Apelaciones, el derecho de acceso a la información pública ampara la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Sin embargo, este derecho tiene límites.

La Cámara encontró como hecho probado que la información del presupuesto y el gasto de la Provincia de Buenos Aires se encontraba disponible en la página web y demás canales habituales del Ministerio. Asimismo, la Cámara tuvo en cuenta que el artículo primero de la Ley 12.475 de la Provincia de Buenos Aires, establece que la solicitud de documentos debe ser fundada y el peticionario debe demostrar un interés legítimo. Por otra parte, teniendo en cuenta que el peticionario solicitó información desagregada del gasto y los criterios de asignación de los recursos y gastos, la Cámara indicó que esta no existe, esto es, que “no puede ser considerada como documento administrativo propiamente dicho” [p. 15] y por lo tanto solo se debería entregar a través de una causa judicial que indague la ilegalidad de la inversión de dichos recursos.

En conclusión, la Cámara de Apelaciones encontró que la negativa a entregar la información solicitada no constituye una violación del derecho de acceso a la información. Indicó que no encontró probado un interés individual o colectivo para dar acceso a los documentos solicitados por la demandante y teniendo en cuenta que el Ministerio no tiene la obligación de generar un documento con la información desagregada que es solicitada, dio la razón al demandado y negó el acceso a la información.

La jueza Claudia Milanta se apartó de la decisión de la mayoría por cuanto consideró que la sentencia de primera instancia se ajustaba a derecho. Entre otros argumentos, la jueza indicó que según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no era necesario aducir un interés directo o una afectación personal para poder solicitar documentos públicos, por cuanto el artículo de la ley 12.475 debe ser interpretado como que el interés legítimo puede ser individual o colectivo. En ese sentido, la peticionaria sí tenía un interés legítimo en la información. La jueza, hizo referencia a la jurisprudencia interamericana en los casos Claude Reyes v. Chile e Ivcher Brostein v. Perú para explicar que el acceso a la información pública debe garantizar la publicidad de los actos de gobierno y recordó el principio de máxima divulgación allí consagrado.


Impacto de la decisión

Información Inmediata

El Impacto de la Decisión indica si la decisión expande o restringe la expresión basado en el análisis del caso.

Contrae el alcance del derecho a la Expresión

La sentencia contrae el alcance del derecho al acceso a la información pública, por cuanto establece el interés legítimo como un requisito para acceder a la información, lo cual constituye un retroceso en términos de publicidad de las actuaciones estatales e impide el control por parte de los ciudadanos a los actos de gobierno. En este sentido, contradice lo dispuesto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión en donde se establece que la administración no puede exigir la demostración de un interés legítimo e individual para la solicitud de información que pueda ser de interés público. Más aún, la administración tiene la obligación de poner a disposición de todos los ciudadanos toda la información sobre ejecución de recursos públicos aun si tiene que producir un documento con la información solicitada. El hecho de que el documento no exista al momento de recibir la solicitud no es una justificación para dejar de entregar información pública

Perspectiva Global

Información Inmediata

La Perspectiva Global demuestra cómo la decisión de la corte fue influenciada por normas de una o más regiones.

Table of Authorities

Normas jurídicas o decisiones judiciales nacionales

  • Arg., Const. Nac. art. 1
  • Arg., Const. Nac. Article 14
  • Arg., Const. Nac. Article 33
  • Arg., Const. Nac. Article 33
  • Arg., Const. Nac. art. 75
  • Arg., Sup., Asociación por los Derechos Civiles v. EN-PAMI, A.917.XLVI. (2012)
  • Arg., Const. Nac. art. 38
  • Arg., Const. Nac. art. 41
  • Arg., Const. Nac. art. 42
  • Arg., Const. Nac. art. 43
  • Arg., Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 1
  • Arg., Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 11
  • Arg., Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 12
  • Arg., Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 38
  • Arg., Ley 12.475 de la Provincia de Buenos Aires
  • Arg., Ley 13.175 de la Provincia de Buenos Aires
  • Arg., Decreto 1549 de 1994 de la Provincia de Buenos Aires
  • Arg., Decreto 110 de 2008 de la Provincia de Buenos Aires
  • Arg., Decreto 476 de 2008 de la Provincia de Buenos Aire
  • Arg., Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Carrizo, Causa Nº 1903 (2006)
  • Arg., Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Di Pietro, Causa Nº 2352 (2006)
  • Arg., Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Reina, Causa Nº 2028 (2006)

Importancia De La Decisión

Información Inmediata

La importancia del caso se refiere a cuán influyente es el caso y cómo su importancia cambia con el tiempo.

La decisión no estableció un precedente vinculante o persuasivo dentro o fuera de su jurisdicción. Hasta el momento, la importancia de esta decisión es indeterminada.

Enlace a los documentos oficiales del caso

Enlace a los documentos oficiales del caso:


Enlace a reportes, análisis y artículos de prensa sobre la decisión analizada:


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