Resumen y resultado del caso

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Brasil violentó el artículo 13 (derecho a la información) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte sostuvo que los parientes más cercanos de los miembros de la Guerrilha do Araguaia tenían derecho a acceder a información sobre la desaparición de sus familiares. La Guerrilha do Araguaia fue un movimiento político y activista en Brasil.

Hechos

Durante la dictadura militar en Brasil, entre los años 1964-1985, el Ejército capturó, torturó y asesinó un sinnúmero de opositores. En este periodo los miembros de la Guerrilha do Araguaia fueron muy vocales en cuanto a detener la dictadura. La Guerrilha do Araguaia fue un movimiento político integrado por cerca de 70 estudiantes, miembros del Partido Comunista y miembros de la región de Araguaia. Entre el 1972-1975 el Ejército persiguió violentamente al grupo. El Ejército tenía como directriz identificar opositores, enterrarlos y luego tomar fotografías de los lugares donde fueron enterrados. Estas acciones causaron la desaparición de 62 miembros de la Guerrilha do Araguaia.

A inicios de los años ochenta (80) las familias de las victimas comenzaron una campaña para recibir información sobre las circunstancias de las desapariciones, la localización de los cementerios y sus restos. Las familias entablaron un pleito contra el gobierno de Brasil solicitando acceso a información. La Corte Suprema falló a favor de las familias en el 2007 luego de varios procesos judiciales e intentos del gobierno en apelar. A pesar de la victoria obtenida por parte de las familias, el gobierno de Brasil compartió información que no contenía lo que los familiares estaban solicitando. El gobierno de Brasil se amparó en leyes de amnistía que evitaban investigaciones criminales a acciones perpetradas por la dictadura militar. Asimismo, el gobierno de Brasil permitió al Ejecutivo clasificar y prevenir su divulgación permanentemente de cualquier información considerada una amenaza a la seguridad nacional. La gran mayoría de los archivos relacionados a la dictadura se mantuvieron en secreto.

En el año 1995, mientras aun se encontraban activos los pleitos judiciales en Brasil, las familias entablaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH falló a favor de las familias en el 2008. Luego de una respuesta negativa de parte del gobierno brasileño, el caso fue referido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2010.

Análisis de la Decisión

En primer lugar, la Corte explicó que la libertad de expresión no solo se circunscribe al derecho que posee una persona a expresarse libremente. El derecho a su vez incluye la libertad y el derecho a obtener información. El Estado tiene una obligación positiva de divulgar la mayor cantidad posible de información para que sea sujeta al debate público. El cumplimiento de este derecho asciende cuando la información que se solicita se trata de víctimas de violaciones de derechos humanos así como la desaparición de individuos. Finalmente, la Corte estableció que en casos sobre violaciones a los derechos humanos, el Estado no puede retener información amparándose en la confidencialidad del Estado por razones de seguridad nacional o interés público. Ni mucho menos cuando el acceso a la información ha sido permitido por el sistema judicial o requerido en un proceso judicial.

La Corte determinó que Brasil tenía el deber de proveer a los familiares de las víctimas la información relacionada a los lugares donde fueron enterrados. La Corte ordenó al Estado de Brasil a codificar como crimen las desapariciones forzadas. En cuanto al derecho de libertad de expresión, la Corte ordenó a Brasil a hacer todo lo posible para encontrar los lugares de entierro de los desaparecidos. Asimismo, la Corte le requirió a Brasil a publicar la sentencia en un periódico de circulación nacional. La Corte sostuvo que Brasil tenía los medios adecuados para que las familias de las víctimas recibieran compensación pecuniaria. Además, la Corte expandió las reparaciones e incluyó servicio médico y psicológico y concedió reparaciones no pecuniarias por la cantidad de US$45,000 para cada familiar directo y US$15,000 para cada familiar indirecto.