Torres v. Guerra

Cerrado Expande el alcance del derecho a la Expresión

Key Details

  • Tipo de Expresión
    Comunicaciones electrónicas o a través de Internet, Discurso Público, Prensa / periódicos
  • Fecha de la decisión
    noviembre 24, 2017
  • Decisión
    Revoca la sentencia de instancia inferior, Orden de rectificación, Orden Judicial que otorga la solicitud/Interdicto otorgado
  • Número del caso
    T-695/17
  • Región y País
    Colombia, Latinoamérica y el Caribe
  • Órgano Judicial
    Corte Constitucional
  • Régimen Jurídico
    Derecho Constitucional
  • Temas
    Difamación/ Injuria/ Reputación
  • Palabras clave
    Deberes en materia de libertad de expresión, Denuncias, Derecho a la información, Derechos Humanos, Difamación escrita o transmitida por radio y television, Difamación oral, Difamación penal (injuria y calumnia), Discurso de funcionarios públicos/ gobierno o estatal, Exceptio veritatis, Funcionarios públicos, Honra y buen nombre, Intimidad, Libertad de expresión, Libertad de Prensa, Privacidad, Redes sociales

Analisis de Caso

Resumen y resultado del caso

 

La Corte Constitucional de Colombia resolvió una acción de tutela [acción de amparo] interpuesta por la señora Carmen Olfidia Torres Sánchez y su hermana Marilsa Torres Sánchez por considerar que sus derechos fundamentales al buen nombre intimidad, honra y dignidad humana fueron vulnerados después de que el Concejal de la ciudad de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, difundiera a través de distintos  medios su vida privada, su vínculo laboral con el Contralor General de Antioquia, que involucraba a su hermana Marilsa Torres, así como hechos falsos relacionados con un proceso penal que enfrentó en Estados Unidos como consecuencia de  procedimientos médicos llevados a cabo sin las licencias pertinentes. La Corte conoció el caso e indicó que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en su dimensión de libertad de información, debe ajustarse a los principios de veracidad e imparcialidad, además de realizarse un ejercicio serio de diligencia y verificación para la constatación y confirmación de la información difundida mediante medios masivos de comunicación. En este sentido, la Corte determinó que el Concejal transgredió los principios de imparcialidad y veracidad toda vez difundió información tergiversada que indujo en error a los receptores, y por lo tanto, decidió tutelar los derechos fundamentales de las accionantes.


Hechos

En el 2011, la señora Carmen Olfidia Torres Sánchez y su cónyuge fueron sometidos a un proceso penal ante la justicia estadounidense, debido a que éste practicaba procedimientos médicos sin licencia, y luego de realizar una intervención estética no quirúrgica a una paciente ésta falleció como consecuencia de una reacción a la sustancia utilizada en su cuerpo.

En el 2016, el Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, contrató a la señora Torres como abogada para que le representara en varios procesos disciplinarios. Sin embargo, los contratos le fueron revocados luego de que el Concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, durante las sesiones del Concejo de Medellín, entre el 28 y el 30 de noviembre de 2016, afirmara que era “ una abogada de dudosa reputación, que desde su llegada al país se ha dedicado a malas prácticas médicas en consultorios de garaje en la Ciudad de Medellín, que ella y su esposo fueron condenados en Estados Unidos por el delito de homicidio después que realizaran una cirugía plástica a una mujer y esta muriera al ser abandonada en la calle, y que se valieron de la libertad condicional que les fue otorgada, para regresar a Colombia y evadir la justicia de ese país” [par. I. 2.3]. Adicionalmente, el Concejal aseguró que a la señora Carmen Olfidia Torres Sánchez y su hermana Marilsa Torres Sánchez les habían pagado sus honorarios con contratos de Contraloría General de Antioquia. Inclusive afirmó que la señora Torres se había beneficiado de nombrar a una de sus hijas.

El 30 de noviembre de 2016 las anteriores afirmaciones también fueron divulgadas en el sitio web oficial del Concejal y en su cuenta personal de Twitter. Asimismo, el 3 de diciembre de 2016 concedió una entrevista donde hablaba sobre esta controversia al periódico nacional El Espectador, la cual fue titulada como “La batalla apenas comienza: Concejal de Medellín”. Posteriormente, el diario El Colombiano publicó una entrevista hecha por el periodista Germán de Jesús Jiménez Morales a la señora Torres titulada “La abogada que no reveló a su cliente los problemas del pasado”.

En consecuencia, el 14 de marzo de 2017, la señora Carmen Olfidia Torres Sánchez interpuso una acción de tutela [acción de amparo] contra el Concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, con el fin de proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra. Sostuvieron que todas las afirmaciones realizadas por Guerra Hoyos eran falsas pues: 1) ni su hermana ni ella han tenido relación contractual con la Contraloría diferente al mandato personal otorgado (a la señora Carmen Olfidia Torres) para la defensa del Contralor; 2) la accionante no tenía hijas mujeres; 3) y la información sobre la muerte de la paciente no corresponde a la realidad probatoria del proceso penal que enfrentó en los Estados Unidos. De acuerdo con la señora Torres, esta situación la inhabilitó como abogada pues le han revocado múltiples contratos y le provocó un menoscabo en sus derechos fundamentales.

Por su parte, el Concejal indicó que después de recibir un correo electrónico de una persona de alta reputación, imposible de revelar, realizó un “razonable proceso de verificación en la prensa” [pár. I. 3], donde pudo corroborar que la información “ostenta[ba] un grado razonable de certeza” [pár. I. 3]  cierta. Por lo tanto, decidió ejercer su derecho a la libertad de expresión y denunciar públicamente a la actora. Agregó que ninguna de las afirmaciones violó el derecho a la intimidad de la demandante ya que se trataba de asuntos de interés público, “ya que primero, involucran personas que realizan actividades de relevancia social y disciplinaria, y segundo, la información se encuentra no solo en la prensa nacional, sino también en la extranjera” [pár. I. 3]. Además, indicó que su derecho a la libertad de expresión prevalece sobre el derecho al buen nombre de la accionante puesto que la información publicada era razonable y creíble. Respecto a los derechos a la honra y al buen nombre, señaló que éstos son relativos en la medida que “quien incursiona en la fama por asuntos que desdicen su rectitud está sometido a un mayor nivel de escrutinio público” [pár. I. 3]. Finalizó mencionando que el prestigio profesional de la abogada debía a e antecedentes criminales, los cuales habían sido publicados por el periódico El Colombiano el 8 de diciembre de 2016.

El fallo de primera instancia negó el amparo solicitado por la señora Torres, pues consideró que la acción de tutela interpuesta no era el mecanismo adecuado para proteger los derechos vulnerados. Según el fallador, la demandante debía acudir a la acción penal para denunciar las afirmaciones injuriosas en su contra.

Inconforme con el fallo, la accionante impugnó la decisión. Sin embargo, el juez de segunda instancia le asistió la razón al ad quo por considerar que la acción era improcedente en la medida en que la demandante contaba con la vía penal para defender sus derechos.

La Corte Constitucional seleccionó el caso para revisión y decidió vincular al proceso a la señora Marilsa Torres Sánchez y al periodista del diario El Colombiano Germán de Jesús Jiménez Morales. Dentro de la actuación el señor Jiménez manifestó que no respaldó la conducta del Concejal y que la entrevista realizada a la abogada estuvo encaminada a informar sobre la versión de los hechos de la demandante, en el marco del control social que se viene realizando a la conducta del Contralor de Antioquia. Así mismo, que nunca se solicitó la rectificación, ni se demostró que la información “fuera evidentemente falsa” [pár. III. 2].

La Corte decidió revocar los fallos de primera y segunda instancia por considerar que existió una vulneración a los derechos fundamentales al buen nombre y honra de la señora Carmen Olfidia Torres Sánchez.


Análisis de la Decisión

 

La Corte Constitucional de Colombia (Sala Sexta de Revisión, Magistrado Ponente: José F. Reyes) tuvo que determinar si las expresiones emitidas por el Concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos en la sesión del Concejo de Medellín, en su página web, en su cuenta de Twitter, así como en la entrevista dada al periódico El Espectador y el artículo de prensa del periodista Germán de Jesús Jiménez Morales en el Diario el Colombiano, vulneraron los derechos fundamentales de la señora Carmen Olfidia Torres Sánchez al buen nombre y a la honra.

En primer lugar, el alto tribunal se reiteró su jurisprudencia para indicar que la libertad de expresión es un pilar esencial para la democracia, la cual “comprende la garantía fundamental y universal de manifestar o recibir pensamientos, opiniones, de informar y ser informado veraz e imparcialmente y tiene como objetivo que la persona juzgue la realidad con suficiente conocimiento” [pár. 6.2]. Posteriormente se refirió a diversos instrumentos internacionales para señalar que existe un amplio conjunto de garantías para la protección de la libertad de expresión.

 

La Corte afirmó que el derecho a la libertad de expresión es un derecho de doble vía porque involucra tanto al emisor de la comunicación como a su receptor. A su vez, señaló que este derecho agrupa diferentes garantías, tales como la libertad de expresar el propio pensamiento y las opiniones, la libertad de dar y recibir información veraz e imparcial, la libertad de fundar medios de comunicación y el derecho a la rectificación. También indicó que se prohíbe la censura excepto en circunstancias que se relacionen con la propaganda de la guerra, la pornografía infantil, la apología al odio o la instigación del genocidio

Posteriormente, realizó una diferenciación entre la libertad de expresión en sentido genérico y en sentido estricto. Según el alto tribunal, mientras que el primero consiste en el derecho general de comunicar cualquier clase de contenido (e incluye, entre otras, la libertad de opinión, la de información y la de prensa), el segundo es entendido como “el derecho de las personas a expresar y difundir libremente el propio pensamiento, opiniones e ideas, sin limitación, a través del medio y la forma escogidos por quien se expresa” [1].

 

La Corte recordó que en su decisión T-391 de 2007 estableció una serie de presunciones favor del derecho a la libertad de expresión. A saber: “(i) presunción de cobertura de cualquier expresión (salvo que se demuestre que se justifique la limitación), (ii) presunción de primacía de la libertad de expresión frente a otros derechos, principios o valores (salvo que se constate que el otro derecho tiene mayor peso a la luz de la ponderación), (iii) sospecha de inconstitucionalidad de las limitaciones y aplicación de control estricto de constitucionalidad, y (iv) prohibición de censura como presunción imbatible” [pár. 6.5].

 

El alto tribunal aclaró que la libertad de información protege la trasmisión de información que incluye hechos, eventos, versiones o situaciones. La Corte resaltó que el derecho a la información es de doble vía al dar una facultad que garantiza el derecho a recibir información y difundirla. Sin embargo, precisó que no es un derecho absoluto ya que la información que se transmite debe respetar los principios de veracidad e imparcialidad, así como los derechos de terceros, tales como el honor, el buen nombre y la intimidad.

Respecto al principio de veracidad, la Corte recordó que este no exige que la información que se publica sea indiscutiblemente cierta, sino que exista un deber de diligencia razonable al momento de obtener la información. De acuerdo con la Corte, se transgrede el principio de veracidad cuando la información es sustentada en “rumores, invenciones o malas intenciones” [pár. 6.8], o cuando a pesar de ser cierta, se induce en error al receptor. Por su parte, el principio de imparcialidad exige que exista una distancia entre los hechos y la crítica personal, puesto que el público tiene derecho a formar su propia opinión y “no recibir una versión unilateral, acabada y ‘pre-valorada’ de los hechos que le impida deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de vista contrarios, expuestos objetivamente” [2].

 

Recordó que en la sentencia SU-1721 de 2000 la Sala Plena sostuvo que debían distinguirse la transmisión de opiniones frente a la de una información fáctica, pues en la primera no se sujeta a principios de veracidad e imparcialidad mientras que en la segunda sí. Puesto que lo que se busca es no inducir al público al error frente a un aspecto fáctico y lo que es un juicio de valor.

 

Posteriormente, el alto tribunal se refirió a los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la intimidad, e indicó que, con el fin de resolver las tensiones existentes entre estos y el derecho a la libertad de expresión, se debería evaluar si la comunicación es de (i) interés público, (ii) veraz, (iii) objetiva y (iv) oportuna. Adicionalmente, frente a la vulneración de estos derechos, la Corte estableció que el derecho a la rectificación es un mecanismo menos intimidatorio al de la sanción penal, el cual permite que la información sea corregida o aclarada cuando la persona afectada demuestre que la información divulgada era falsa.

 

Concluye la Corte que “se debe activar la protección constitucional de los derechos a la honra, al buen nombre (…) cuando se divulgan públicamente hechos falsos, erróneos, tergiversados, tendenciosos sobre una persona, que socavan su prestigio o desdibujan su imagen ante el conglomerado social. Asimismo, para evaluar la concurrencia de la posible afectación, se debe analizar si la información carece de los principios de veracidad e imparcialidad. De otro lado, el derecho a la intimidad puede resultar afectado cuando se invade injustificadamente la esfera de la vida personal y familiar del individuo, de manera que se le impide manejar su propia existencia con el mínimo de injerencias exteriores.” [pár. IV. 7.13]

 

Por otro lado, la Corte se pronunció respecto a la exceptio veritatis como eximente de responsabilidad cuando se realizan conductas que vulneran los derechos a la honra o al buen nombre. Al respecto, indicó que la prueba de la veracidad de las afirmaciones hechas releva de responsabilidad tanto en el proceso penal o en el constitucional. Sin embargo, aclaró que esta eximente exige en el ámbito penal que la prueba muestre que la información es irrefutablemente cierta, mientras que en el caso constitucional sólo se requiere “demostrar que se obró con la suficiente diligencia al realizar un esfuerzo serio para constatar las fuentes consultadas” [Pár. IV. 8.6].

 

Al referirse al caso en con concreto, la Corte Constitucional encontró que la mayoría de la información divulgada por el Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos no encontraba su sustento en los periódicos nacionales o extranjeros. Asimismo, sintetizó las afirmaciones que consideró que excedieron el umbral de protección constitucional de su derecho a la libertad de información, las cuales fueron: “i) El cónyuge de la señora Carmen Olfidia Torres Sánchez se hacía pasar por médico sin serlo. ii) La accionante y su esposo Rubén Matallana abandonaron en la calle a la paciente que falleció, cuando el procedimiento estético de aumento de glúteos “salió mal”. iii) La señora Carmen Olfidia y su esposo llegaron al país huyendo de la justicia Norteamericana. iv) La accionante y su cónyuge se dedican a malas prácticas médicas en consultorios de garaje de la ciudad de Medellín. v) Los honorarios que canceló el Contralor General de Antioquia, se disfrazaron con contratos y nombramientos en el señalado ente de control, tanto para la señora Carmen Olfidia Torres Sánchez, como para la señora Marilsa Torres Sánchez. vi) La accionante es una abogada de dudosa reputación” [pár. V. 23].

 

Según el alto tribunal, estas afirmaciones presentaron una intención dañina al incumplir los principios de veracidad e imparcialidad. Para la Corte, por un lado, se exhibió como cierta una información que no contaba con sustento fáctico, y por otro, tampoco “estableció distancia entre los hechos y la fuente”, lo cual condujo a que reprodujera una versión unilateral de los hechos [pár. V. 13]. De acuerdo con el alto tribunal, el accionado falló en su deber de constatación de la información. Adicionalmente, resaltó que el Concejal ocupaba una posición de relevancia pública, lo cual implicaba una “mayor cautela y responsabilidad” [pár. V 14] de su parte. Agregó que la señora Carmen Olfidia y su hermana al no ser figuras públicas, no contaban con el mismo acceso a los medios de comunicación que el accionado lo cual las dejó en una evidente desventaja. Finalmente señala que las afirmaciones del Concejal no hacen parte del discurso político (objeto de especial protección) pues las demandantes no son personajes de interés público, ni lo es la información asociada a su vida privada.

 

No obstante, la Corte reitera que los antecedentes penales de una persona, como los expuestos por el Concejal, no han parte del ámbito de protección del derecho a la intimidad, por lo que frente a este punto no se observa violación de los derechos fundamentales por parte del demandado.

 

La Corte recordó que el lugar preferente que ocupa la libertad de expresión no significa que este derecho sea absoluto o que se pueda ejercer de manera irrestricta de tal manera que atente contra los derechos al buen nombre, a la intimidad y a la honra de los demás.  En consecuencia, según la Corte, el Concejal no puede ampararse en su derecho a la libertad de opinión para emitir juicios desproporcionados en contra de la accionante.

Respecto a la publicación Jesús Jiménez Morales titulada “La abogada que no reveló a su cliente problemas del pasado”, la Corte encontró que el periodista cumplió con los principios de imparcialidad y veracidad ya que éste únicamente narró lo relatado durante la entrevista con la señora Torres.

 

Por todo lo anterior, la Corte ordenó (i) revocar los fallos de primera y segunda instancia y conceder el amparo de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de las accionantes; (ii) retirar la información trasgresora de los derechos de las accionantes de la dirección web  y la cuenta de Twitter del Concejal; (iii) rectificar dicha información en sesión plenaria del Concejo Municipal de Medellín, en su cuenta personal de Twitter y en un medio de comunicación nacional; (iv) abstenerse de referirse públicamente a las señoras Carmen Olfidia y Marilsa Torres Sánchez de tal  manera que se agredan sus derechos al buen nombre, a la honra y a la intimidad.

 

[1] Colom., Corte Constitucional, C-442/11

[2] Colom., Corte Constitucional, T-080/93


Impacto de la decisión

Información Inmediata

El Impacto de la Decisión indica si la decisión expande o restringe la expresión basado en el análisis del caso.

Expande el alcance del derecho a la Expresión

La decisión de la Corte Constitucional expande el derecho de libertad de expresión pues la Corte reconoce que el derecho a la libertad de expresión ocupa una posición preferente frente a otros derechos, establece que éste no es un derecho que se pueda ejercer de manera irrestricta, ya que, en su dimensión del derecho a la información, debe respetar los principios de veracidad e imparcialidad.

En este contexto la Corte señala como en el ámbito constitucional es necesario que se haga un ejercicio razonable de diligencia y verificación al momento de obtener y confirmar la información que se divulga en distintos medios, para prevenir la transgresión de los derechos de terceros como la honra y el buen nombre. Señalando que en este contexto la exceptio veritatis es menos exigente que en el ámbito penal. Esta diferenciación en favor de la libertad de expresión se considera que tiene un efecto expansivo.

Perspectiva Global

Información Inmediata

La Perspectiva Global demuestra cómo la decisión de la corte fue influenciada por normas de una o más regiones.

Table of Authorities

Normas jurídicas Internacionales o Regionales relacionadas

  • ICCPR, art. 19
  • ICCPR, art. 17
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 19
  • Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
  • CADH, art. 11
  • CADH, art. 13
  • ECHR, art. 20

Normas jurídicas o decisiones judiciales nacionales

  • Colom., Constitución Política, Art. 2
  • Colom., Constitución Política, art. 15
  • Colom., Constitución Política, art. 20
  • Colom., Constitución Política, art. 21
  • Colom., Constitución Política, Art. 42
  • Colom., Constitution, art. 93
  • Colom., Constitution, art. 94
  • Colom., Código Penal, Ley No. 599, 2000, art. 220
  • Colom., Criminal Code, art. 221
  • Colom., Criminal Code, art. 222
  • Colom., Código Penal, Ley No. 599, 2000, art. 224
  • Colom., Corte Constitucional, T-080/93
  • Colom., Corte Constitucional, T-321/93
  • Colom., Corte Constitucional, T-259/94
  • Colom., Corte Constitucional, T-206/95
  • Colom., Corte Constitucional, T-090/96
  • Colom., Corte Constitucional, T-322/96
  • Colom., Corte Constitucional, T-066/98
  • Colom., Corte Constitucional, T-263/98
  • Colom., Corte Constitucional, T-471/99
  • Colom., Corte Constitucional, C-010/00
  • Colom., Corte Constitucional, SU-1721/00
  • Colom., Constitutional Court, SU-1723/00
  • Colom., Corte Constitucional, T-1319/01
  • Colom., Corte Constitucional, C-392/02
  • Colom., Corte Constitucional, T-787/04
  • Colom., Corte Constitucional, T-881/02
  • Colom., Corte Constitucional, T-1191/04
  • Colom., Corte Constitucional, T-679/05
  • Colom., Corte Constitucional, T-391/07
  • Colom., Corte Constitucional, T-405/07
  • Colom., Corte Constitucional, T-626/07
  • Colom., Constitutional Court, T-260/10
  • Colom., Corte Constitucional, T-714/10
  • Colom., Corte Constitucional, C-442/11
  • Colom., Corte Constitucional, T-040/13
  • Colom., Corte Constitucional, T-634/13
  • Colom., Corte Constitucional, T-135/14
  • Colom., Corte Constitucional, T-934/14
  • Colom., Corte Constitucional, T-110/15
  • Colom., Corte Constitucional, T-277/15
  • Colom., Corte Constitucional, T-312/15
  • Colom., Corte Constitucional, T-357/15
  • Colom., Corte Constitucional, T-050/16
  • Colom., Corte Constitucional, T-693/16
  • Colom., Corte Constitucional, T- 466/16.
  • Colom., Corte Constitucional, T-022/17
  • Colom., Corte Constitucional, T-098/17
  • Colom., Corte Constitucional, T-040/17
  • Colom., Corte Constitucional, T-161/05
  • Colom., Corte Constitucional, T-411/95
  • Colom., Corte Constitucional, T-063A/17
  • Colom., Corte Constitucional, T- 521/92
  • Colom., Corte Constitucional, T-484/94
  • Colom., Corte Constitucional, T-1037/00
  • Colom., Corte Constitucional, C-482/02
  • Colom., Corte Constitucional, C-471/09
  • Colom. Corte Constitucional, C-881/04
  • Colom. Corte Constitucional, C-881/14

Otras normas jurídicas o decisiones judiciales

  • Real Academia de la Lengua Española, Diccionario de la Lengua Española, 23ª edición

Importancia De La Decisión

Información Inmediata

La importancia del caso se refiere a cuán influyente es el caso y cómo su importancia cambia con el tiempo.

La decisión tiene un efecto vinculante o persuasivo dentro de su jurisdicción.

La decisión fue citada en:

Enlace a los documentos oficiales del caso

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