Inconstitucionalidad de artículos de la ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y el Código Penal Dominicano

Cerrado Resultado mixto

Key Details

  • Tipo de Expresión
    Prensa / periódicos
  • Fecha de la decisión
    abril 4, 2016
  • Decisión
    Admisibiliad de la acción, Ley o Acción declarada conforme al ordenamiento jurídico, Ley o Acción revocada o considerada inconstitucional
  • Número del caso
    TC-0075/16
  • Región y País
    República Dominicana, Latinoamérica y el Caribe
  • Órgano Judicial
    Corte Constitucional
  • Régimen Jurídico
    Derecho Constitucional, Derecho Penal
  • Temas
    Regulación de Contenido/ Censura, Difamación/ Injuria/ Reputación
  • Palabras clave
    Censura, Difamación escrita o transmitida por radio y television, Difamación penal (injuria y calumnia), Editor, Juicio estricto de proporcionalidad o escrutinio exigente, Libertad de Prensa, Medios de Comunicación, Responsabilidades ulteriores

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Analisis de Caso

Resumen y resultado del caso

El Tribunal Constitucional de República Dominicana declaró la nulidad por inconstitucionalidad de los artículos 46, 47 y 48 de la Ley No. 6132, pues consideró que establecer sanciones penales a los directores o editores de medios de comunicación, por conductas realizadas por sus subalternos, contraviene el principio constitucional de la “personalidad de la pena”. Del mismo modo, declaró la nulidad por inconstitucionalidad de los artículos 30, 31, 34 y 37 de la Ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, al estimar que imponer una sanción penal más lesiva cuando se trata de la divulgación de actos difamatorios o injuriosos sobre funcionarios públicos, en contraste a la difamación de personas ordinarias, constituye una limitación al núcleo esencial de la libertad de expresión.


Hechos

El 25 de febrero de 2013, la Fundación Prensa y Derecho, y los sres. Miguel Franjul, Rafael Santana y Rafael Molina presentaron acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 46, 47 y 48 de la Ley No. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento; y de los artículos 368, 369, 370, 371 y 372 del Código Penal dominicano, al estimar que esas disposiciones atentaban contra la dignidad humana, la libertad personal, la libertad de expresión y la supremacía constitucional.

A juicio de los demandantes, la ley objeto de contradicción situaba la responsabilidad de la difamación y la injuria en los directores y editores de medios de comunicación, lo que representaba una contradicción al principio contenido en el artículo 40 de la Constitución de la República, según el cual “nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho”. Adicionalmente, señalaron que ese tipo de “responsabilidad en cascada” atentaba también contra el principio constitucional de no censura, pues el efecto que tiene en la práctica esa ley es que los directores y editores optan por “censurar”, para evitar una responsabilidad penal ulterior en su contra.

Ahora, en lo relativo al tratamiento penal más lesivo cuando se trata de posibles hechos injuriosos contra funcionarios públicos, en contraste con el tratamiento penal más benigno para los delitos de difamación e injuria contra personas naturales, los demandantes expresaron su preocupación, pues consideraron injustificado ese trato y contrario a postulados del sistema internacional. Indicaron que los artículos demandados vulneraban pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que respecta al tratamiento de delitos de palabra que involucren a funcionarios públicos, así como el principio de razonabilidad contenido en el artículo 74 constitucional.


Análisis de la Decisión

En esta oportunidad el Tribunal Constitucional se enfrentó a tres problemas jurídicos.

El primero, establecer si ¿es constitucional la “responsabilidad penal en cascada”, para quienes participan en la difusión de noticias? Al respecto, el Tribunal estimó que no es constitucional. Ciertamente, señaló, “jamás podrían los directores o editores ser responsables de manera principal de delitos realizados por editores, o sustitutos, impresores o autores subalternos en general, puesto que contradice el principio de la personalidad de la pena” [P. 26].

El segundo, para definir si ¿es constitucional prever sanciones penales más lesivas para posibles actos difamatorios (delitos de palabra) que comprometan a funcionarios públicos? La respuesta del Tribunal fue negativa, pues consideró que disponer “sanciones de carácter penal sobre cualquier acto difamatorio o injurioso contra cualquier funcionario público en el ejercicio de sus funciones o personas que ejerzan funciones públicas, constituyen una limitación legal que afecta el núcleo esencial de la libertad de expresión y opinión” [P. 35]. Así, declaró que deben sancionarse de igual forma los actos difamatorios o injuriosos que se emitan sobre particulares y los que comprometan a funcionarios públicos.

Finalmente, el Tribunal examinó si ¿la existencia de penas privativas de la libertad en un ordenamiento jurídico, dirigidas a cuestionar supuestos actos de difamación, constituyen per se censura previa o autocensura? A juicio del Tribunal, la existencia de sanciones penales para delitos de palabra no configura per se una censura previa, ni supone la promoción de la autocensura. Al respecto, precisó que la existencia del derecho penal, no sólo se justifica en el establecimiento de sanciones, sino también en la protección de bienes jurídicos, como, en el caso que nos ocupa, lo son el honor y el buen nombre, que en ocasiones pueden verse afectados por el ejercicio de la libertad de expresión. Señaló, que lejos de ser una censura previa, las disposiciones de política criminar en estos asuntos son la materialización de las “responsabilidades ulteriores”, previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


Impacto de la decisión

Información Inmediata

El Impacto de la Decisión indica si la decisión expande o restringe la expresión basado en el análisis del caso.

Resultado mixto

Esta decisión es una que no representa un avance significativo en materia de libertad de expresión, pues aún sigue justificando el empleo de sanciones penales, que comprometen la libertad personal, contra las manifestaciones que puedan hacerse en ejercicio de la libre expresión. Sin embargo, conviene destacar la importancia de haber retirado del ordenamiento jurídico dominicano la “responsabilidad penal en cascada” y haber eliminado las sanciones más lesivas a los delitos de palabra cuando ellos pudiesen afectar a funcionarios públicos, pues una y otra circunstancia favorecen un ejercicio periodístico más libre y una emisión de opiniones sin la distinción de los sujetos involucrados.

Perspectiva Global

Información Inmediata

La Perspectiva Global demuestra cómo la decisión de la corte fue influenciada por normas de una o más regiones.

Table of Authorities

Normas jurídicas Internacionales o Regionales relacionadas

  • CADH, art. 11
  • CADH, art. 13
  • CADH, art. 14
  • ECHR, art. 10
  • Tribunal Europeo de Derechos humanos. Caso Dichand v. Other, Sentencia de 26 de febrero de 2002
  • Corte IDH, Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238
  • Corte IDH, Caso Herrera Ulloa v. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107
  • Corte IDH, Caso Kimel v. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177
  • Corte IDH. Caso Mémoli v. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265
  • Corte IDH, Caso Ricardo Canese v. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111
  • Corte IDH. La colegiación obligatoria de periodistas (arts.13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5

Normas jurídicas o decisiones judiciales nacionales

  • Rep. Dom., Constitución, art. 6
  • Rep. Dom., Constitución, art. 7
  • Rep. Dom., Constitución, art. 38
  • Rep. Dom., Constitución, art. 40
  • Rep. Dom., Constitución, art. 44
  • Rep. Dom., Código Penal Dominicano
  • Rep. Dom., Ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, Ley No. 6132, 1962
  • Rep. Dom., Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Ley No. 53-07, 2007
  • Rep. Dom. Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley No. 137-11, 2011, art. 46
  • Rep. Dom., Ley Monetaria y Financiera, Ley No. 183, 2002, art. 80
  • Rep. Dom., Corte Suprema de Justicia, B.J. No. 1182 Sentencia No. 28, 2009
  • Rep. Dom., Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 18, 2013
  • Rep. Dom., Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0162/13
  • Rep. Dom., Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0099/12
  • Rep. Dom., Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0381/14, del 30 de diciembre de 2014
  • Rep. Dom., Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0223/14

Otras normas jurídicas o decisiones judiciales

  • España. Tribunal Constitucional de España, STC 52/1983, FJ 5.
  • US., Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, Caso Rossenblatt vs Baer, 383 U.S. 75, 1966
  • US., Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, Caso Gertz v. Robert Welch Inc 418 U.S. 323, 341, 1974
  • Peru. Tribunal Constitucional, STC 2790-2002-AA/TC, 2003
  • Colom., Corte Constitucional, C-010/00

Importancia De La Decisión

Información Inmediata

La importancia del caso se refiere a cuán influyente es el caso y cómo su importancia cambia con el tiempo.

La decisión no estableció un precedente vinculante o persuasivo dentro o fuera de su jurisdicción. Hasta el momento, la importancia de esta decisión es indeterminada.

Enlace a los documentos oficiales del caso

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